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Fiscalía pide 11 años de cárcel para una exconsejera de Camps por Gürtel

Anticorrupción excluye al exvicepresidente Rambla, para quien pide el sobreseimiento

Las adjudicaciones de Fitur fueron el negocio más lucrativo para la trama corrupta en Valencia

La exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez, a las puertas del TSJ de Valencia, donde declaró como imputada el pasado mayo.
La exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez, a las puertas del TSJ de Valencia, donde declaró como imputada el pasado mayo.

La Fiscalía Anticorrupción presentó este miércoles su escrito de calificación para el primer gran juicio de la vertiente valenciana del caso Gürtel. Se trata de la pieza separada que ha investigado las adjudicaciones por cinco millones de euros a la red corrupta de la organización del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur entre los años 2005 y 2009. Anticorrupción acusa a 13 personas. La más destacada: Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, expresidenta de las Cortes Valencianas, actual diputada autonómica y alcaldesa de Novelda (Alicante), muy cercana al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, para quien solicita 11 años de prisión.

El ministerio público considera a Martínez y al que fuera su jefe de gabinete, Rafael Betoret, condenado en el caso de los trajes, máximos responsables del inicio de la cadena de irregularidades y delitos cometidos en la Agencia Valenciana de Turismo desde 2005 hasta la desarticulación de la trama. Una actuación que, según el fiscal, tuvo “el inequívoco propósito de hacer posible la adjudicación a la empresa Orange Market”, dirigida por uno de los cabecillas de la red, Álvaro Pérez, El Bigotes.

Sin la ayuda de Martínez, Betoret y otros cargos públicos de menor rango, sigue Anticorrupción, Orange Market “no solo no habría podido lograr ser adjudicataria de contrato alguno, sino incluso ser admitida como empresa participante en el concurso, por carecer de la necesaria solvencia técnica”.

La fiscalía acusa a Martínez de los delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, así como de un delito de cohecho. Junto a la pena de prisión, pide para ella 34 años de inhabilitación (16 de ellos, absoluta). Los mismos años de cárcel, 11, pide para quien fue su jefe de gabinete, aunque en el caso de Betoret la pena de inhabilitación solicitada se eleva a 38 años.

La relación de acusados por la fiscalía incluye a la sucesora de Martínez al frente de la Consejería de Turismo, Angélica Such (10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación). Al jefe del Servicio de Promoción del departamento, Jorge Guarro (siete años de cárcel). Al jefe del área de Mercados, Isaac Vidal (11 años de prisión). A la coordinadora de ferias, Ana Grau (siete años de cárcel). El ministerio público acusa también a otros funcionarios, pero solicita el sobreseimiento provisional para el exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, puesto que los indicios de delito contra él “no han podido concretarse suficientemente tras la investigación”.

El ministerio público no acusa al exvicepresidente Vicente Rambla

Rambla sigue imputado, sin embargo, en la pieza separada del mismo caso que indaga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.

Los cabecillas de la trama también se enfrentan a elevadas penas de prisión. Un total de 10 años en el caso de Francisco Correa por delitos continuados, como autor o cooperador necesario, de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Y 11 años y medio de cárcel para Pérez y Pablo Crespo (considerado número dos de la red) porque a los delitos atribuidos a Correa se suma el de falsificación de documento oficial. El escrito de acusación incluye igualmente a tres empleados de sus empresas: Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.

Solicita 10 años de cárcel para Correa y 11 y medio para Crespo y El Bigotes

La fiscalía destaca múltiples indicios del amaño. Entre ellos, la “remisión subrepticia y anticipada” de documentos del concurso. O el hecho de que la trama hiciera “sugerencias durante la elaboración de las bases” por parte de los funcionarios hasta dejarlas a su medida.

El reloj de La Perla

Las penas solicitadas por Anticorrupción para Milagrosa Martínez son altas porque le atribuye, además del delito de prevaricación, los de malversación de caudales públicos y cohecho. Mientras respecto a otros imputados (como Angélica Such y Vicente Rambla) el ministerio público no ha confirmado los indicios de que aceptaron regalos, en el caso de Martínez, a quien la trama se refería familiarmente como La Perla, sí considera acreditado el soborno: “Con la finalidad de mantener en las siguientes convocatorias de concursos el mismo trato de favor por parte de la presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, decidieron regalarle a Martínez un reloj de la marca Hublot por importe de 2.400 euros que Francisco Correa adquirió en el establecimiento Joyería Suárez, sita en la calle Serrano número 63 de Madrid”, señala el fiscal.

Uno de los indicios del cohecho consta en una afirmación de Álvaro Pérez grabada por la policía. “Tenemos que comprar un reloj a la consejera de... Porque se lo compré a la hija de puta de La Perla, ¿no se lo voy a comprar a la de ahora, a la de Turismo?”, dice El Bigotes en aparente referencia también a Such.