Los socialistas solicitan cárcel para Martínez, Rambla y Such

Los socialistas valencianos han presentado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano su escrito de calificaciones sobre la pieza del caso Gürtel que investiga la adjudicación del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur a la trama Gürtel, una vez que el juez José Ceres ha dado por concluida la instrucción.

Los contratos de Fitur fueron a parar invariablemente a Orange Market de 2005 a 2009 (cuando la trama fue desarticulada) y supuso su mayor negocio en Valencia: más de cinco millones de euros. Los socialistas solicitan la apertura de juicio contra 14 personas a las que atribuyen seis delitos y piden penas de prisión para las exconsejeras Angélica Such y Milagrosa Martínez (que fue presidenta de las Cortes Valencianas) y el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla. Los tres ocuparon sus cargos durante la presidencia de Francisco Camps.

Los socialistas atribuyen a los imputados los delitos continuados de prevaricación, tráfico de influencias, fraude, cohecho, falsedad documental e infidelidad de custodia de documentos. Y solicitan, en concreto, para Rambla: un año de cárcel y 16 de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 11,3 millones de euros. Para Martínez: 11 años de prisión, 34 de inhabilitación para Martínez, una multa de 7,8 millones de euros y el decomiso de los regalos de la trama teóricamente recibidos. Y para Such, cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación, una multa de 3,4 millones de euros e igualmente el decomiso de los supuestos regalos.

Para Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, ya condenado en el caso de los trajes en el que también se juzgó a Camps (absuelto por un jurado por cinco votos contra cuatro), los socialistas piden ocho años de prisión, 34 de inhabilitación y multa de 7,8 millones de euros. Para los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, las peticiones alcanzan los nueves años y tres meses de prisión y multas de 11,3 millones de euros.

Las penas de prisión más graves son solicitadas, sin embargo, para algunos de los cargos y empleados de la Consejería de Turismo que supuestamente cocinaron personalmente el fraude. Entre ellos, Isaac Vidal (15 años de prisión y 42,5 de inhabilitación), Jorge Guarro, Ana Grau y Juan Bover.

El escrito de los socialistas, representados por el letrado Virgilio Latorre, dibuja en línea con Anticorrupción y el magistrado instructor el gran amaño presuntamente tejido en la Consejería de Turismo para favorecer a la red.

La consejería cambio de forma drástica la estructura de la convocatoria y el baremo para elegir al ganador la primera vez que se presentaba Orange Market. Como quería la trama —según comunicaciones intervenidas a sus cabecillas— el elemento objetivo de la valoración (el precio) fue reducido al mínimo mientras los apartados subjetivos (como creatividad) pasaron a ser determinantes, recuerda el PSPV-PSOE.

La connivencia resulta clara, sigue, por múltiples indicios. Las continuas llamadas y correos entre cargos de Turismo y empleados de la red. La existencia de un error matemático en un borrador de las bases del concurso intervenido a la trama (y de fecha anterior a la convocatoria oficial) que acabó en el expediente administrativo y fue “arrastrado” durante toda su tramitación. El cambio de la oferta económica presentada por Orange Market una vez abiertas las propuestas de los aspirantes a llevarse el concurso. O las conversaciones sobre regalos de lujo a las consejeras por lo bien que trataban a la red.

Los socialistas solicitan también la declaración de 62 testigos, diversos peritos y la audición de decenas de conversaciones intervenidas por orden judicial durante la investigación de la actividad de la trama corrupta en Valencia.