La oposición pone cerco al líder de Unió

El cerco se estrecha sobre Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió Democràtica (UDC). La oposición exigió ayer la dimisión del democristiano, después de que el partido admitiera que se financió ilegalmente a través de unas subvenciones para la formación de parados en los años 90, cuando sucedió el caso Pallerols. Incluso ERC, socio parlamentario de CiU en esta legislatura, pidió la renuncia de Duran. Los partidos recordaron al democristiano sus propias palabras: “Si hubiese financiación irregular, aunque no la conociese, yo me sentiría responsable, claro que sí”, dijo en 2000, preguntado en la cadena SER por el caso Pallerols. Dos años después se le planteó la misma cuestión y respondió: “Si fuese el responsable de esa financiación sí dimitiría, por qué no”.

Los democristianos pactaron el lunes un acuerdo que evita el juicio en la Audiencia de Barcelona después que el partido se comprometiera a devolver a las arcas públicas 388.000 euros, una parte del dinero del que se lucró UDC procedente de las subvenciones de la Unión Europea para la formación de parados. Ese pacto incluye el reconocimiento del delito por parte de los acusados, militantes de Unió, partido que asumirá con ese dinero la responsabilidad civil que les tocaría a ellos.

Duran delegó ayer las explicaciones en la portavoz del partido, Marta Llorens. El líder democristiano pasó la mañana en la sede de Unió y por la tarde cogió un vuelo a Chile, donde pasará unos días como presidente de la comisión de Exteriores del Congreso. Llorens alegó el desconocimiento de Unió de los hechos para descargar cualquier responsabilidad. “Duran dijo que si fuese el responsable de la financiación dimitiría. Unió no ha sido imputada ni condenada, por lo que la premisa no se cumple”, mantuvo Llorens.

Unió compareció con abogado en este proceso al final de la tramitación judicial, hace dos años, para poder defenderse después de que el fiscal Fernando Rodríguez Rey señalara al partido como partícipe a título lucrativo. Es decir, beneficiario del delito que cometieron los acusados. Y por ese concepto es por el que devolverá el dinero como responsable civil.

Unió emitió ayer un comunicado en el que resalta que es la primera vez que un partido acepta el dinero, aunque obvia que el pacto judicial libra a Duran Lleida de testificar ante el tribunal del caso. Quien solicitó su declaración no fue el fiscal, sino la defensa de Vicenç Gavaldà, secretario de organización de Unió cuando ocurrieron los hechos y uno de los acusados. Gavaldà acabó expulsado del partido. El comunicado emitido ayer por al formación se limita a pedir disculpas “en nombre de los que intervinieron aunque a estas horas se hayan dado de baja o hayan sido expulsados del partido”.

La oposición catalana pidió en pleno la dimisión de Duran, amparándose en sus palabras. Al frente, Esquerra Republicana, que pese a ser socio del Gobierno de CiU no ahorró las críticas. “La palabra es el principal patrimonio que tiene una persona y me gustaría que todos los líderes políticos no faltaran a su palabra”, dijo el portavoz adjunto de los republicanos, Oriol Amorós. “Esperamos su respuesta”, mantuvo el portavoz del Partit dels Socialistes, Jaume Collboni. Para el PSC, el reconocimiento de la financiación ilegal es un hecho “gravísimo” que debería tener una respuesta inmediata.

Cospedal reclama al democristiano que deje todos los cargos que ocupa

En la misma línea se expresó Iniciativa per Catalunya (ICV). Su portavoz, Dolors Camats, añadió a la petición de dimisión una resolución parlamentaria para que la cámara catalana pida al Gobierno que destituya al democristiano como representante de la Generalitat en las comisiones bilaterales con el Estado. Además, ICV pide que la Generalitat retire todas las subvenciones a Unió.

Para el Partido Popular de Cataluña, Duran debe dimitir y pedir perdón por la financiación ilegal. La secretaria general del PP en España, María Dolores de Cospedal, invitó al líder de Unió a abandonar sus cargos en el partido, así como el escaño de diputado y la presidencia de la Comisión de Exteriores en el Congreso.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo comprende la indignación ciudadana que ha podido generar el pacto judicial del caso Pallerols, pero eludió hablar de si deben asumirse responsabilidades políticas por el asunto y preferió arremeter contra Cospedal por su sueldo.

No es la primera vez que militantes o dirigentes de Unió acaban condenados por la justicia. Hace menos de un año, el Gobierno del PP indultó a un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol y a un empresario, ambos militantes de Unió Democràtica, que habían sido condenados por prevaricación y malversación a cuatro años y medio de cárcel y dos años y tres meses, respectivamente. Varios militantes de ese partido también fueron condenados hace años a penas menores por un desfalco en el Consorcio de Turismo de Cataluña.