Unió admite que se financió ilegalmente con fondos de la Unión Europea

Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha admitido que se financió ilegalmente a través de unas subvenciones para la formación de parados procedentes de la Unión Europea. El denominado el caso Pallerols se cerró ayer con un acuerdo entre la fiscalía y las defensas de los seis acusados, entre excargos del partido democristiano y de la Generalitat en la época de Jordi Pujol. El pacto implica una importante rebaja de las penas de prisión, pero también supone un hito en la historia judicial española: por primera vez, una formación política reconoce que se lucró de forma irregular con fondos públicos.

Los hechos se remontan a los años noventa. El empresario andorrano Fidel Pallerols —que ha aceptado una pena de prisión de siete meses por un delito de fraude de subvenciones— desarrollaba “cierta actividad política” en torno a Unió y sus empresas empezaron a recibir ayudas de la Generalitat para organizar cursos de formación ocupacional con fondos procedentes de la Unión Europea. La Dirección General de Empleo gestionaba esas ayudas. Su máximo responsable entonces, Lluís Gavaldà, ha asumido una pena de un año y medio de prisión por malversación.

El relato del fiscal Fernando Rodríguez Rey, que ha sido asumido por las partes, es claro respecto al papel de Unió en la trama. El exsecretario de organización del partido, Vicenç Gavaldà, y el exmilitante Santiago Vallvé vieron en las subvenciones una vía para “sufragar gastos del partido”. La fiscalía sostenía inicialmente que alrededor del 10% de los 8,8 millones de euros en subvenciones que percibieron las academias de Pallerols se desviaron a otros fines. Tras un análisis más detallado, se ha podido acreditar que los implicados causaron un perjuicio económico de 388.483 euros.

Ésa es la cantidad que reclama el Departamento de Trabajo de la Generalitat como indemnización (intereses al margen) y que han pactado el fiscal y las defensas. A primera hora de la mañana de ayer, los responsables consignaron en la cuenta judicial casi el 80% de esa cantidad: 300.000 euros. En el escrito figuran los nombres de los cuatro acusados que han aceptado su pena —otras dos personas han quedado libres de toda culpa merced al acuerdo entre las partes— y el de Unió Democràtica. Fuentes judiciales confirmaron, sin embargo, que el partido de Josep Antoni Duran Lleida ha abonado la totalidad de esa cantidad con un préstamo concedido por una antigua caja catalana. Duran Lleida, por cierto, estaba citado a declarar como testigo en el juicio, que de haberse celebrado se habría prolongado durante cuatro meses. El acuerdo, y la aceptación de culpas por parte de Unió, le evitarán ese trance al líder democristiano.

La mitad del dinero desviado —en concreto, 197.388 euros— se destinó a la compra de material y mobiliario para las sedes de Unió y a pagar nóminas de militantes del partido que, aunque no realizaban ningún trabajo, figuraban como empleados de las academias de Pallerols. En la conformidad alcanzada ayer, Unió figura como responsable a título lucrativo, es decir, que está obligado a devolverlo porque se ha beneficiado del objeto de un delito. Sobre el resto de la cantidad desviada, el partido de Duran Lleida es responsable civil subsidiario; es decir, que en caso de no responder los acusados, debe hacerlo el partido.

El pacto, que se lleva gestando desde hace meses, ha implicado una reducción de las penas de cárcel. Además de Pallerols y Lluís Gavaldà, han aceptado penas mínimas los exdirigentes de Unió: siete meses de cárcel para Vicenç Gavaldà por fraude de subvenciones y una pena multa a Santiago Vallvé.

El fiscal y las partes también han acordado la imposición de multas a algunos de los acusados multas que ascienden, en total, a cerca de 260.000 euros. Dos de los seis acusados —la exsubdirectora de Ocupación, Dolors Llorens, y la esposa de Pallerols, Mari Cruz Guerrero— han sido exoneradas. Su participación en la trama era secundaria, según fuentes judiciales.

Para reducir las penas, el fiscal ha aplicado en su escrito dos circunstancias atenuantes: la reparación del daño —los acusados ya han devuelto la mayor parte de la indemnización en concepto de responsabilidad civil— y las dilaciones indebidas, ya que han pasado 14 años desde que se inició la investigación.