Las Administraciones valencianas, a la cola en transparencia

La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción, defendió hace unos meses en Valencia Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, una ONG que evalúa el comportamiento de las administraciones públicas. Al open data (Gobierno abierto) le sobran las ampulosas declaraciones y le faltan hechos. Contratos con cláusula de confidencialidad que permanecen bajo siete llaves, como los de la fórmula 1 y la Volvo Ocean Race. Total opacidad en el uso de dinero público mediante su transferencia a fundaciones controladas por la Administración, como en el caso de las cantidades millonarias destinadas por la Generalitat a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Falta de publicidad en los criterios de adjudicación de contratas realizadas. Negativa a facilitar a los parlamentarios de la oposición documentación pública o respuestas claras a preguntas sobre determinadas gestiones del Consell.

Todas estas malas prácticas han hecho que la Comunidad Valenciana ocupe el puesto número 15, de 17 comunidades autónomas, en el índice de transparencia que anualmente elabora Transparencia Internacional. El diagnóstico en el ámbito local no es mucho mejor. Sin ir más lejos, la Sindicatura de Comptes se quejaba poco antes de cerrarse el plazo legal que un 75% de Consistorios valencianos no había rendido cuentas al organismo fiscalizador del presupuesto de 2011.

Para la oposición, la opacidad está en el origen de la mayor parte de los escándalos de corrupción que azotan al PP de la Comunidad Valenciana. El sentir de la opinión pública, la presión de la oposición y los medios de comunicación, y la acción de la Justicia han forzado al Consell de Alberto Fabra a mejorar la transparencia y ello ha permitido a los diputados de la oposición acceder a documentación pública a la que no pudieron acceder años atrás.

La valenciana ocupa el puesto 15 de las 17 autonomías en el índice de la ONG

La Generalitat valenciana es una de las primeras Administraciones autonómicas en publicar la información de carácter contable y económica. Así, la cuenta general de los ejercicios presupuestarios cerrados está disponible con muy pocos meses de retraso en la página web de la Consejería de Hacienda y este departamento informa trimestralmente a las Cortes Valencianas de la situación de sus finanzas.

“El Consell del Partido Popular ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando por la transparencia”, explica la diputada Alicia de Miguel, que destacaba hace muy pocos días la “firmeza y determinación del presidente Fabra a favor de la transparencia y la responsabilidad”. Una política en la que el PP incluye sus esfuerzos por desarrollar una Administración electrónica y herramientas como la plataforma Capavant, donde se recogen las sugerencias de los ciudadanos.

Sin embargo, la oposición pone a prueba desde hace años la voluntad del Consell y el resultado es bastante desalentador. El pasado mes de octubre, el PP rechazó con sus votos una proposición de ley valenciana de transparencia y acceso a la información pública presentada por Esquerra Unida (EU), con el argumento de que el Gobierno de España ya estaba tramitando una ley para todo el Estado.

El diputado de EU Ignacio Blanco cree que el PP no conoce la transparencia y recuerda que en las últimas semanas el Consell le ha negado a su grupo parlamentario los contratos que regulan las concesiones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, los estudios sociológicos encargados por la Generalitat y los contratos menores firmados con la constructora Taroncher, cuyo propietario es amigo del consejero de Gobernación y Justicia y secretario general del PP valenciano, Serafín Castellano.

El PP defiende que trabaja en acercar la Administración al ciudadano

No es el único botón de muestra. El PSPV-PSOE de Ximo Puig recuerda que al Grupo Socialista en las Cortes Valencianas le han sido rechazadas en lo que va de legislatura un total de siete comisiones de investigación solicitadas para aclarar el robo de niños, la gestión de Bancaja, la gestión de las ayudas a la cooperación durante el mandato de Rafael Blasco, la gestión del Banco de Valencia, la actuación de la Generalitat en los incendios de Cortes de Pallás y Andilla, la reapertura del accidente de la línea 1 del metro de Valencia y los grandes eventos en la Comunidad Valenciana. El socialista Rafael Rubio indica, además, que Transparencia Internacional coloca al Consell de farolillo rojo cuando se trata de analizar cómo gestiona las cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio, el urbanismo y el desarrollo de planeamientos urbanísticos.

Para el diputado de Compromís Fran Ferri la cuestión es tan importante que advierte que no piensan desfallecer. Además de las interpelaciones al Gobierno, este grupo parlamentario prevé presentar una segunda proposición de ley sobre transparencia tras el fallido intento de Esquerra Unida.

Compromís acumula decenas de iniciativas parlamentarias no admitidas a trámite por el PP, entre las que figuran preguntas sobre el uso de los coches oficiales, la asistencia de los diputados a las comisiones o la petición de comparecencias de altos cargos para que expliquen su gestión en las comisiones del Parlamento valenciano.

En junio de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana obligó al Consell, que todavía presidía Francisco Camps, a cumplir con la ley y entregar al grupo Compromís documentación sobre los contratos públicos con la red Gürtel. La formación recurrió en septiembre de 2009 a los tribunales después de pedir sin éxito 1.508 veces información al respecto.