El paro indefinido de facultativos contra el plan privatizador cumple un mes

Las fiestas navideñas no calman los ánimos en la sanidad. El lunes y el martes los médicos se dieron una tregua en su huelga indefinida porque, al tratarse de festivos, los paros no iban a notarse. Hoy, justo cuando se cumple un mes del inicio de la huelga, han vuelto a la carga. También el Gobierno regional ha vuelto con ánimos renovados, pero no para continuar las negociaciones, sino para insistir en el discurso de descrédito a los profesionales que inició hace unos días y motivó una carta abierta del Colegio de Médicos en protesta por las declaraciones de sus responsables. Tras varios encuentros en los que tanto el comité profesional como los sindicatos ofrecieron medidas alternativas de ahorro –fueron rechazadas-, la negociación está en punto muerto. Hoy no ha habido reuniones y ni siquiera hay cita para continuar hablando, aseguran comité y sindicatos.

En cambio, tanto el presidente, Ignacio González, como el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, han endurecido hoy su discurso contra los médicos. El primero ha hablado incluso de que están “jugando con la salud de los madrileños”. González ha afirmado que es necesario regular el derecho de huelga. Ahora mismo su región tiene varios conflictos abiertos: el sanitario, las huelgas en Metro y en Telemadrid. En una entrevista digital en el diario ABC, Lasquetty ha asegurado que las huelgas están “haciendo mucho daño a los ciudadanos” y que la prueba de ello son las 5.000 operaciones canceladas en las primeras tres semanas de paros. “España necesita una ley de huelga que evite los abusos”, ha añadido, en un discurso muy similar al del presidente. En ocasiones anteriores también ha llamado mentirosos a los facultativos.

La Asamblea de Madrid aprobará mañana –el PP tiene mayoría absoluta- la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2013, que permite al Gobierno regional llevar a cabo el plan sanitario que tiene incendiado al sector desde que se anunció, el 31 de octubre. Entre otras cosas, la también llamada ley escoba modifica varias leyes para permitir cobrar un euro por receta, para poder cambiar de lugar de trabajo al personal sanitario con plaza de estatutario que quede desplazado cuando entren las empresas a gestionar hospitales y centros de salud, para que los médicos tengan que jubilarse forzosamente a los 65 años…

El artículo más importante de la ley escoba, sin embargo, es que, de acuerdo con la Ley 15/1997 que habilita nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud, habilita al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para adjudicar contratos de gestión del servicio público de asistencia sanitaria en seis hospitales. Es decir, es el que permite la privatización de la gestión. Este artículo también señala que la adjudicación de la prestación sanitaria no supone que haya que modificar los contratos de concesión de obra pública que permitieron construir estos hospitales en un tiempo récord e inaugurarlos a la vez en 2008. El cánon que se paga a las empresas constructoras por levantar los edificios y proporcionar los servicios sanitarios hasta dentro de 30 años seguirá abonándose.

“Es la primera vez que en el Sistema Nacional de Salud se privatizan hospitales en funcionamiento con personal propio”, explica el portavoz de Sanidad del PSM, José Manuel Freire. Su grupo presentó una enmienda para suprimir este artículo, que fue rechazada. Entre los argumentos que da para oponerse a este artículo, destaca “el deficiente control público, la falta de transparencia y de rendición de cuentas de estos hospitales concesionados” [se refiere a los que ya se crearon bajo ese modelo, el de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Torrejón] y “su sistema de financiación, por presupuesto global capitativo de la población asignada al hospital, que presenta riesgos evidentes de conflicto de intereses entre el ánimo de lucro empresarial y las necesidades sanitarias de la población”.

El Grupo Parlamentario de UPyD ha registrado hoy un escrito en el que solicita que la Asamblea de Madrid inste a la Cámara de Cuentas para que fiscalice la facturación intercentros (el cobro que hace un hospital que atiende a enfermos derivados desde otro) realizada entre el Servicio Madrileño de Salud y las empresas concesionarias de servicios sanitarios que gestionan el Hospital Infanta Elena (Valdemoro), el Hospital de Torrejón de Ardoz y el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) desde el inicio de su actividad hasta el último ejercicio sobre el que exista información disponible. Este es el dato más controvertido de la negociación que mantiene la Consejería de Sanidad con los sindicatos y el comité profesional. Sanidad asegura que los seis hospitales que quiere privatizar le cuestan 600 euros por habitante y año, mientras que los tres ya de gestión privada son mucho más baratos, 441 euros. Sin embargo, los presupuestos regionales dicen lo contrario: que los centros de gestión mixta en realidad cuestan menos de 400 euros. Tras estar 50 días sin ofrecer cifras, Sanidad aseguró la semana pasada que es la facturación intercentros la que encarece estos seis centros. Es decir, que derivan a muchísimos pacientes a otros hospitales, algo que no sucederá, afirma, con las empresas privadas.

“En el caso de los seis hospitales cuya gestión se quiere privatizar, no podemos pedir una fiscalización de la Cámara de Cuentas porque no se les está pagando o descontando dinero en función del flujo de pacientes, dado que actualmente su gestión sanitaria es pública. Pero en el caso del hospital de Valdemoro y los otros dos, cuya gestión es privada, sí se debería estar realizando esta facturación intercentros y por ello pedimos información al respecto”, explica el portavoz de Sanidad de UPyD, Enrique Normand.