La mayoría de las instituciones ha optado por adelantar la extra de junio

La mayoría de las instituciones vascas han optado por adelantar, ya sea a diciembre o a enero, la paga extraordinaria de junio de 2013 para intentar paliar la normativa básica del Gobierno central que anula la paga de Navidad a los empleados públicos para reducir el déficit.

El País Vasco suma casi 150.000 empleados públicos, de los que unos 67.000 [además de unos 3.000 contratados laborales] trabajan para el Gobierno vasco, en torno a 10.000 lo hacen para las tres Diputaciones, algo más de 22.000 dependen de los Ayuntamientos y unos 10.000, incluidas las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo hace en la Administración central, además de los casi 7.000 integrantes de la plantilla de la UPV y los trabajadores de empresas públicas como Euskotren y Metro Bilbao.

Las decisiones adoptadas sobre este asunto por las instituciones han venido marcadas por el partido que gobierna en cada una de ellas y por la capacidad normativa distinta que tienen. Por ejemplo, el Parlamento promulga leyes y las Juntas Generales hacen normas, que tienen un rango legal menor. Así, donde gobierna el PP, como la Diputación alavesa, se ha suspendido la extra de Navidad, las instituciones regidas por el PNV se han decantado por el adelanto a enero de la extra de junio, las gestionadas por Bildu han optado por abonar, en forma de complementos, la paga navideña y el PSE intentó pagarla en el Gobierno autónomo, decisión a la que renunció tras suspenderla cautelarmente el Tribunal Constitucional, que aceptó el conflicto de competencias planteado por el Gobierno de Rajoy.

El nuevo Ejecutivo de Iñigo Urkullu, la Diputación de Bizkaia y gran número de Ayuntamientos, que han seguido la recomendación de Eudel, han decido adelantar a enero la extra de junio, mientras que en la UPV y Euskotren se ha adelantado esa paga a diciembre y ya ha sido abonada.

En la Diputación de Gipuzkoa, en cambio, se ha sustituido la extra navideña por un "complemento retributivo" de la misma cuantía para sus 1.900 trabajadores, que ya ha sido recurrido por el Gobierno popular.

El Ejecutivo vasco ha anunciado que mantendrá el pleito judicial con el central y que planteará para sus empleados el adelanto de la extra de junio próximo a los primeros días de enero, algo que aprobará previsiblemente la próxima semana el Parlamento. El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar en su reunión de mañana, lunes, el anteproyecto de ley que permitiría dicho adelanto.

Los funcionarios de distintas cámaras legislativas vascas, que no llegan en conjunto a 200, cobrarán la extra este mes. Algunos ya la han recibido, como los de las Juntas Generales de Álava y el centenar de empleados del Parlamento. Los de las Juntas vizcaínas tendrán un adelanto en enero, medida que se aprobará la próxima semana, al igual que los empleados de las de Gipuzkoa.

En estas últimas, como en el Legislativo foral alavés, se decidió pagar en diciembre, pero después de la resolución del Tribunal Superior que considera que deben cumplir la normativa estatal han decidido no abonarla y adelantar la de junio a enero.

Los Ayuntamientos de las tres capitales han planteado el adelanto de la de verano a los funcionarios que lo pidan. En San Sebastián además se ha creado un fondo para garantizar que la nómina que sus empleados dejan ahora de percibir pueda compensarse en el futuro.

Los funcionarios de la Administración del Estado, obviamente, no recibirán la extra de Navidad, ni ningún adelanto. La UPV adelantará a este mes de diciembre, en forma de anticipo, la paga extraordinaria de junio, una medida a la que sólo han renunciado 220 de sus casi 7.000 empleados.

EuskoTren, la compañía ferroviaria pública vasca que también gestiona los tranvías de Bilbao y Vitoria, ha pagado también en diciembre, como anticipo a cuenta, la extra de junio, mientras que Metro Bilbao ha decidido suprimir la paga navideña.