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Cádiz se topa con Defensa

La presencia de suelos militares en la provincia gaditana genera fricciones. Los municipios intentan exprimir los beneficios económicos y el patrimonio

Un hombre pasea por el paseo marítimo de Rota. Al fondo, la base naval. Ampliar foto
Un hombre pasea por el paseo marítimo de Rota. Al fondo, la base naval.

Lo último ha sido un no. La Armada se niega ahora a que 20 hectáreas de las 5.000 que tiene el acuartelamiento de la sierra del Retín, en Barbate (Cádiz), sean desafectadas para ubicar una piscifactoría. También ha habido un no de la justicia. Una sentencia niega al Ayuntamiento de Rota la posibilidad de cobrarle el Impuesto de Bienes Inmuebles a las viviendas y restaurantes ubicados dentro de la base militar. Y, aunque dependiendo de la ciudad, tener a los militares cerca trae ventajas, su presencia no siempre se acomoda a las reclamaciones municipales. Lo saben en la provincia gaditana, cuya tradición castrense no ha estado exenta de polémicas con Defensa que siguen abiertas años después.

La ubicación estratégica de Cádiz la hizo convertirse desde sus inicios en clave para el despliegue de tropas y el desarrollo de fortalezas y defensas militares. Ciudades como Barbate, San Fernando y Rota siguen hoy custodiando gran parte de esa tradición. Barbate tiene uno de los campos de adiestramiento más importantes del mundo, habitual escenario de ejercicios de la OTAN. San Fernando guarda todavía, aunque con cierta decadencia, numerosos inmuebles en uso para la residencia y formación del ejército español. Ha visto desaparecer en las últimas décadas muchas de esas unidades pero sin haber perdido esa vinculación. La presencia de la Armada se nota en muchos edificios y en polvorines y playas pendientes de desmilitarizar. Rota, desde los años 50 del siglo pasado, alberga la base hispanoestadounidense, una de sus fuentes de riqueza, aunque también una constante generadora de conflictos.

Esos recelos de Rota han derivado en anécdotas de escasa trascendencia pero de enorme repercusión mediática. Es la lucha, por ejemplo, emprendida desde hace más de una década por el Ayuntamiento para conseguir que edificios no militares que se ubican dentro de la base, como pizzerías, heladerías o viviendas, pagaran impuestos. El Tribunal Supremo acaba de tumbar ese último intento. Y uno de los argumentos usados es que el Gobierno del PP en 2002 frenó esa posibilidad al reformar la ley de haciendas locales a favor de los intereses militares. Pero el Consistorio, también del PP, mantiene la batalla. La próxima, ha anunciado, en el Constitucional.

También hubo fricciones en 2010 a cuenta de la playa del Almirante, la franja costera entre El Puerto de Santa María y Rota. La denuncia de colectivos como RANA (Red Antimilitarista No Violenta de Andalucía) y Ecologistas en Acción llevó al gobierno local a quejarse por las obras que Defensa había hecho en la valla que separa la playa de El Chorrillo de esta zona militar. La Armada había aumentado en altura la separación y evidenciaba así un problema: la existencia de una playa privada que solo podían disfrutar los militares y sus familiares mientras al otro lado se amontonaban los turistas y vecinos.

Aquel conflicto se resolvió con la decisión de Defensa, entonces bajo el mando de Carme Chacón, de prohibir el baño a los militares. Pero duró poco. La Armada volvió a permitir su uso y, en un gesto sin precedentes, decidió abrir la posibilidad de que civiles entraran. Pero puso tantas exigencias y tantos trámites que nadie llegó a disfrutar de esa posibilidad.

Para muchos, estas acciones del Ayuntamiento de Rota son gestos de cara a la galería. La presencia de la base genera más beneficios que problemas al Consistorio. Y también hay esa sensación generalizada en el municipio. Comercios, bares, supermercados, tiendas de ropa, taxis consiguen grandes beneficios de los habitantes de la base. También muchos vecinos que alquilan sus casas. Un ejemplo, los militares estadounidenses que no viven dentro tienen ayudas de unos 1.000 euros mensuales para arrendar viviendas en el entorno, algo que aprovechan los caseros para poner precio a sus casas.

En San Fernando, la progresiva disminución de efectivos ha ido compensándose con la recuperación de patrimonio que quedaba sin uso. El último logro ha sido el medio millón de metros cuadrados de los polvorines de Fadricas. El Ayuntamiento todavía ha de definir la operación urbanística en unos terrenos que han sido calificados, por su ubicación y belleza, como unos de los mejores suelos de Andalucía. A eso aspira ahora la ciudad. Ya que no puede volver al esplendor militar, al menos quedarse con lo que no usan.

Una piscifactoría en el Retín

Tener suelos militares en el término municipal puede llegar a ser un engorro. Lo saben en Barbate que, desde hace décadas, padece la afectación de 5.000 hectáreas, algo más del 35% de su superficie. Al contrario que Rota o San Fernando, Barbate no tiene ninguna compensación. No hay militares que gasten dinero, no hay edificios que se puedan ceder cuando queden sin uso y, ni siquiera, hay posibilidades de conseguir ciertos gestos. Y cuando se logran, se desvanecen.

Ha ocurrido con el proyecto de piscifactoría diseñado dentro del acuartelamiento del Retín. En diciembre de 2010 el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento firmaron un convenio para la cesión de 20 hectáreas del campo de adiestramiento. Se interpretó como un guiño a ese municipio tan necesitado de inversiones. La piscifactoría para la cría del lenguado iba a servir para crear 100 empleos.

Pero lo firmado ha quedado en nada. La Armada ha enviado recientemente al Consistorio un informe desfavorable a la cesión por considerar que esos suelos siguen siendo de interés para la defensa nacional. El PSOE ya ha anunciado que reclamará en el Congreso el cumplimiento de lo rubricado.

Defensa dice que, a cambio del uso del Retín, está garantizando la seguridad y protección medioambiental de esa zona, que forma parte del parque natural de la Breña. El Ayuntamiento, con el apoyo de la Junta, ha reclamado que, al menos, controle los ejercicios con fuego real cerca de la costa. Pero transcurrido un mes nadie sabe ni siquiera si esa petición ha llegado donde debía.