Desterrados por un ictus

Un ictus le borró a Djibi el castellano de la cabeza, la lengua que este senegalés aprendió cuando llegó a España hace años para sobrevivir como vendedor ambulante. La sacudida en el cerebro le sobrevino en Vigo en agosto pasado, solo unos días después de pisar la ciudad por primera vez, lejos de su familia y sin permiso de residencia. Se despertó en su cama sin poder moverse ni hablar, recuerda. Cuando el Hospital Xeral le dio el alta, Djibi tenía un lado del cuerpo paralizado y seguía sin poder verbalizar sus pensamientos. Una trabajadora social del centro hospitalario, desesperada, llamó a la asociación Alento, integrada por familiares de personas con daño cerebral: “Si no os hacéis cargo vosotros de él, el hospital lo dejará en la calle en silla de ruedas”.

Alento respondió y acogió a Djibi, silencioso y enclaustrado, con su cerebro impedido para encontrar las palabras, sin ni siquiera un pasaporte en el bolsillo que lo situase en el mundo. Lo mismo había hecho ya la asociación viguesa con otros cinco inmigrantes faltos de documentos y familia que pague los tratamientos. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) les dio a todos ellos el alta hospitalaria sin garantizarles un techo y la rehabilitación a la que todo paciente tiene derecho. Es el caso de Nuno (nombre ficticio, al igual que los que siguen), que se quedó en la calle porque cerró el piso de enfermos terminales con VIH en el que vivía en Vigo. O el de Patricia, una mujer brasileña a la que un ictus dejó en herencia una conducta irascible, agravada por el descontrol en su vida y en la toma de la medicación. Como consecuencia de esos problemas de conducta de origen médico, tiene encima una orden de expulsión por agredir a un policía. Patricia recibe en Alento la rehabilitación necesaria para poner a punto su cerebro y esquivar la exclusión social que la acosa desde que nació.

Djibi lucha ahora por recuperar del todo la movilidad y el habla (como mejor se expresa es en wolof, el idioma propio de Senegal, y en francés). Los terapeutas de Alento y otros llegados al centro de manera voluntaria para ayudar a Djibi trabajan con él varias horas al día, unos ejercicios en los que también colabora, sin cobrar, la clínica privada de Alberto Guitián. “Con los recortes, el personal que tenemos no llegaba para el trabajo intenso que necesita Djibi y buscamos ayuda fuera”, explica el director de Alento, Gonzalo Mira. Como el Gobierno de Rajoy obliga ahora a los inmigrantes sin papeles a pagarse la medicación, han sido los Misioneros del Silencio de Teis y la ONG Médicos del Mundo los que se han hecho cargo de los fármacos. El Sergas le negaba hasta ahora a Djibi la asistencia: el mismo día que este periódico llamó a la Consellería de Sanidade preguntando por su caso, el servicio gallego de salud le comunicó a Alento que acababan de concederle la tarjeta sanitaria y, por tanto, médico de cabecera y fármacos gratuitos.

Los esfuerzos están dando resultado: Djibi ha aparcado la silla de ruedas con la que salió del hospital y ya anda distancias cortas. Su mano derecha sigue dormida profundamente, pero este diestro de 34 años consigue maniobrar ya su izquierda lo suficiente para resucitar el oficio del que ha vivido tanto en Senegal como en España, relata. Es artesano del cuero y así lo ha demostrado en los talleres de Alento. Hace una semana viajó a Madrid acompañado del psicólogo de la asociación y en la Embajada de su país le tramitaron el pasaporte. Djibi empieza a ubicarse en el mundo. Nació en la ciudad senegalesa de Tambacounda.

Él sigue la senda de recuperación que ya recorrió Kofi, originario de Ghana, que encadenó varios ictus desde 2001. El latigazo más fuerte fue en 2009. La mitad de su cuerpo se paralizó, perdió oído y habla, quedó desamparado tras el alta hospitalaria. Con la ayuda de Alento, aprendió a andar con una muleta y hoy ya vive solo.

“En este país, que hasta hace poco presumía de potencia mundial, estas cosas pasan”, lamenta Mira, mientras rememora una vez más, aún impresionado, las historias de estos enfermos inmigrantes. En 2006 se aprobó una Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud que reconoce el derecho de los pacientes con “déficit funcional recuperable” a recibir rehabilitación por parte de la Administración. En tiempos de abundancia llegó la ley pero no los fondos para cumplirla y fueron las asociaciones creadas por familiares de enfermos las que en la práctica se encargaron de cubrir ese importante vacío. El director de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial, se muestra sorprendido por el caso de desamparo de Djibi y sus compañeros inmigrantes de Alento. Los hospitales y centros de salud del Sergas cuentan con servicios de rehabilitación y le extraña que el médico que dio el alta al senegalés en el Xeral no le prescribiera esas terapias públicas. La condición de extranjero sin papeles de este enfermo, sostiene Rubial, no determinó su desamparo. “Tenemos servicios de rehabilitación, pero no digo que no haya dificultades. Llegamos a un determinado límite”, explica el responsable sanitario, que califica el rescate y recuperación de Djibi gracias a la trabajadora social del Xeral y las ONG un “éxito social”.