La Audiencia mantiene la fianza de 807 millones para el exconsejero Fernández

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la fianza de 807 millones por responsabilidad civil impuesta por la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. El ex alto cargo imputado de cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, abandonó la cárcel el pasado 10 de agosto tras pagar 450.000 euros, y ahora se encuentra a la búsqueda de empleo y dado de alta como desempleado en la Seguridad Social.

La cifra por responsabilidad civil para Fernández es la caución más alta impuesta por la magistrada, que fijó 686 millones para el principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Esta semana la Audiencia de Sevilla ha rechazado el recurso de la defensa del exconsejero contra la decisión de Alaya adoptada el pasado mayo, y respalda así la opinión de la magistrada, de baja por enfermedad desde hace tres meses. Los magistrados de la Sección Séptima consideran que existen “indicios racionales” de supuestos delitos para imponer a Fernández esta alta suma. La fianza persigue asegurar una compensación por el daño causado a las arcas públicas gracias al fondo para empresas en crisis que la Junta dispuso entre 2001 y 2010. Fernández fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y viceconsejero entre 1999 y 2004.

Mientras que la Fiscalía Anticorrupción pidió elevar la fianza por responsabilidad civil hasta los 890 millones, la Junta de Andalucía solicitó como acusación en el caso rebajar la cifra hasta los 68 millones, por lo que considera mucho menor la responsabilidad de Fernández, un histórico cargo con dilatada experiencia en el PSOE andaluz. Antes de su ascenso al frente de la Consejería de Empleo, Fernández fue concejal de Jerez y diputado por la provincia de Cádiz.

La fianza que impuso Alaya responde a los fondos que bajo la responsabilidad de Fernández se concedieron desde la Consejería: las ayudas que abonaron el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la agencia Idea a través de la partida 31L, así como las primas pagadas a distintas empresas y ayudas individuales a varios perceptores.

La juez Alaya ordenó el ingreso en prisión de Fernández tras acusarle de diseñar un sistema de ayudas públicas millonarias entregadas de manera discrecional. La instructora justificó la acusación de un delito de cohecho por haberse acogido a un ERE [Expediente de Regulación de Empleo] de la bodega donde trabajó, una acusación que más tarde corrigió la Audiencia de Sevilla cuando dictó su libertad condicional bajo fianza en contra del dictamen de la magistrada.

Desde su salida de la cárcel, Fernández acudió en verano a la comisión de investigación parlamentaria de los ERE y ahora se encuentra a la búsqueda de empleo como abogado. En la causa por los ERE fraudulentos están imputados siete ex altos cargos de la Junta, además de 60 intrusos [personas ajenas a las empresas beneficiadas].