Ratificada la absolución del acusado de causar el fuego mortal de 2006

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó la absolución de S. P., de 57 años, al que la fiscalía y la Xunta insistían en endosar la responsabilidad por el incendio de Cerdedo que en agosto de 2006, en plena ola de fuegos, atrapó y mató a dos mujeres que circulaban por la carretera entre Pontevedra y Ourense. El Superior ratifica la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que en mayo decidió absolver al acusado sin esperar a que el jurado se pronunciase, en vista de la endeblez de las pruebas.

Durante el juicio que acaba de revisar el TSXG la fiscalía centró su tesis en la declaración de dos guardias civiles que recordaron el primer interrogatorio a Pardiñas, en los días posteriores al fuego. El hombre, alcoholizado e indigente, había confesado según estos que había prendido la llama para “limpiar”, pero que no quería hacer daño. En declaraciones posteriores se retractó, e incluso llegó a echarle la culpa a un tercero durante un tiempo. En el juicio se podrían haber comparado las versiones —la primera ante los guardias y la segunda ante el juez de instrucción, porque en la vista se negó a declarar— pero a la fiscalía se le olvidó adjuntar el acta del interrogatorio, según decía la sentencia inicial y recuerdan ahora el Superior. “Ni siquiera la prueba indiciaria existe en el caso que nos ocupa y la existencia de prueba directa no se discute: nadie vio al acusado prender fuego al monte el día de los hechos”, concluyen los magistrados. Los demás testigos ni siquiera fueron unánimes a la hora de ubicar al hombre cerca del foco de las llamas.

Dudosas garantías

Entiende el Superior que al faltar tales actas no se sabe si las declaraciones de Pardiñas se tomaron con garantías, y hacen suyas las críticas de la Audiencia, que transcriben en varios puntos, como el que recuerda que la fiscalía tampoco preguntó a los agentes si el hombre estaba acompañado de un abogado durante el primer interrogatorio o si le habían leído los derechos.

Salvo recurso ante el Supremo, S. P. se libra así de los cinco años de cárcel que pedía para él la fiscalía, así como de los más de 350.000 euros entre indemnizaciones para los familiares de las víctimas y costes de los trabajos de extinción de aquel incendio, que quemó una superficie estimada de entre 8.000 y 14.000 hectáreas.