CiU y ERC pactan la consulta de autodeterminación para 2014

Artur Mas consiguió cerrar este martes el acuerdo con Esquerra Republicana que le mantendrá al frente de la presidencia de la Generalitat. Lo hizo a base de aceptar algo que en principio no quería Convergència i Unió: ponerle fecha a la consulta de autodeterminación de Cataluña. El referéndum será en 2014, como quería ERC, y solo podrá retrasarse si lo acuerdan ambas partes. Con esta concreción, que ha costado tres semanas de negociaciones, CiU y los republicanos cerraron un pacto de gobierno por el que se emplazaron a dar estabilidad al Gobierno catalán al menos los próximos dos años. ERC ha hecho pesar su fuerza y ha impuesto a CiU la mayoría de sus demandas.

El acuerdo de gobernabilidad de Cataluña estaba prácticamente cerrado desde el pasado miércoles, cuando Mas y Oriol Junqueras, como adelantó EL PAÍS, ya fijaron el horizonte de 2014 para hacer la consulta. Sin embargo, desacuerdos de última hora entre los dos socios de la federación Convergència i Unió impidieron formalizar el acuerdo. Sectores de CiU, y especialmente de Unió, no querían fijar una fecha porque entendían que podía presionar excesivamente el proceso de autodeterminación que reclaman para Cataluña. La fórmula pactada finalmente deja en manos de CiU y de ERC modificar la fecha de la consulta más adelante si ambos creen que es mejor hacerlo así.

Concretamente, el acuerdo reza: “CiU y ERC se comprometen a trabajar todos los procedimientos formales, jurídicos e institucionales posibles hasta el 31 de diciembre de 2013 para estar en condiciones, a partir de entonces, de convocar la consulta de acuerdo con el marco legal que le ampare, dentro del plazo del año siguiente [2014] con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requiriese una prórroga. En todo caso, la fecha será pactada, al menos, por las dos partes firmantes”.

El acuerdo deja claro que la consulta se hará dentro del marco legal hasta ahora, que concede al Gobierno central la potestad de fijar esos referendos y que ya ha dicho que se opondrá.

En la concreción del acuerdo también han influido los últimos pasos de Convergència i Unió para cambiar la política fiscal de la Generalitat. Los recortes motivados por la crisis irán esta vez acompañados de importantes subidas de impuestos, especialmente a las rentas altas y medio altas, como concesión a ERC. Con ello, los republicanos esperan transmitir la idea de que han moderado el pulso neoliberal que ha practicado el Gobierno de CiU los últimos dos años, impulsor de los recortes más profundos que se han hecho en España.

El cierre del acuerdo fue una auténtica maratón. Artur Mas y Oriol Junqueras se reunieron este martes por la tarde durante cerca de dos horas en la Generalitat para cerrar los flecos y planificar la escenificación del pacto. A la salida, un Junqueras visiblemente satisfecho anunció que el pacto es un hecho y que este miércoles se concretará.

Horas antes, el Gobierno de CiU hizo un gesto trascendente que indicó que el acuerdo era un hecho. En su última reunión en funciones, el Ejecutivo de Mas aprobó la creación de un impuesto sobres los depósitos bancarios que hasta ahora se había resistido a crear y que Esquerra Republicana había reclamado durante las negociaciones.

El impuesto bancario difícilmente se acabará aplicando, porque el Gobierno central está tramitando otra tasa por el mismo concepto, pero a tipo cero, creada precisamente para que las autonomías no puedan gravar los depósitos bancarios. El gesto de la Generalitat fue interpretado como un desafío al Gobierno central, en línea con lo que pide Esquerra Republicana. El plan de la Generalitat es comenzar a recaudar la tasa esta misma semana y hacerlo con efectos retroactivos. De esta forma, cuando el Gobierno cree definitivamente la tasa a tipo cero e impida cobrarla a las autonomías, la Generalitat podrá reclamar compensaciones a la Administración central, como harán otras comunidades que ya la están aplicando. La Generalitat espera recaudar así 500 millones al año.

El Gobierno recibió con enojo el nuevo desafío de la Generalitat. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que es “un anuncio inoportuno y una acción política no conveniente a desarrollar”, en alusión a otras autonomías. Según Montoro, “en ningún ámbito se ha creado un impuesto por decreto ley”, y menos aún por un Gobierno en funciones como lo está actualmente el catalán, que “no tiene legitimidad política” para hacerlo.

Los reproches de Montoro llegaron horas después de que el Gobierno de CiU menospreciara la oferta de diálogo que el presidente Mariano Rajoy hizo a CiU el pasado lunes. “Si no te ofrecen nada, es puro bla, bla, bla”, afirmó el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.

En cualquier caso, el acuerdo firmado con ERC abre la puerta a numerosas subidas de impuestos que, además de inquietar al Gobierno central, preocupan a los empresarios catalanes.

El líder de Unió, Josep Antoni Duran, ya ha alertado de la inconveniencia de estos impuestos, pero ello no ha hecho desistir a ERC ni, finalmente, a Mas. Cataluña recuperará el impuesto de sucesiones que CiU presumía hasta ahora de haber eliminado; aumentará el impuesto de patrimonio (a partir de 500.000 euros); gravará la producción de residuos nucleares, los hipermercados y hasta las bebidas con azúcar (refrescos). CiU y ERC defienden estas tasas como imprescindibles para contener el déficit y preparar la transición al “Estado propio”.