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Fabra destituye al interventor general por su imputación por revelación de secretos

El Consell reintegra a Dora Ibars a su puesto tras archivarse su imputación en la causa de Gürtel

El presidente del Consell, Alberto Fabra, ha destituido al interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz, imputado por supuesta revelación de secretos. El Tribunal Superior de Justicia valenciano abrió diligencias en noviembre contra Hernándiz y el exconsejero de Hacienda José Manuel Vela por la presunta entrega de un informe realizado por la Intervención General sobre el caso Cooperación al diputado Rafael Blasco, que está imputado en esa causa.

Fabra, además, ha decidido restituir en su puesto a Dora Ibars, a la que destituyó el pasado octubre como directora general de Promoción Institucional, después de que esta semana el magistrado del TSJ José Ceres retirara la imputación contra ella en la pieza del caso Gürtel relacionada con los contratos de Orange Market para Fitur.

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, ha dado cuenta hoy tras el pleno del Gobierno valenciano del cese del interventor general y el nombramiento de Ibars. Ciscar ha explicado también los cambios aprobados en el denominado segundo escalón de la Generalitat, fruto de la remodelación del Gobierno valenciano acometida la pasada semana, y de la nueva estructura del Ejecutivo, en la que desaparece la dirección general de Proyectos Estratégicos.

Así, se ha acordado el cese de un total de 11 altos cargos de distintas consejerías que se quedan sin responsabilidad alguna en la Administración, y la extinción de tres órganos (dos subsecretarías, la de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la de Turismo, Cultura y Deporte, y una dirección general, la de Proyectos Estratégicos) y la creación de uno nuevo, la secretaría autonómica de Turismo y Comercio, que ocupará Daniel Marco.

Además, el Gobierno valenciano ha aprobado los anteproyectos de ley para reestructurar las instituciones consultivas y normativas de la Generalitat. El número de consejeros se reducirá en casi un 50%, pasando de 56 a 31. Las reformas, que para su aprobación en las Cortes necesitan el apoyo de los tres quintos de la Cámara, afectarán al Consell Valencià de Cultura (CVC), el Consell Jurídic Consultiu (CJC) -del que forma parte Francisco Camps en virtud del estatuto reservado a los expresidentes de la Generalitat-, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y el Consell Econòmic i Social (CES).

El pleno del Consell también ha acordado solicitar la adhesión a la prórroga del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para 2013, aunque no ha cuantificado todavía la cantidad que se pedirá. Ciscar ha explicado que la Comunidad Valenciana comunicará ahora al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su necesidad de financiación para el ejercicio de 2013. El objetivo de esta petición es que en el próximo ejercicio puedan ser atendidas las necesidades de financiación "con los menores costes posibles".

Ciscar ha sostenido que el FLA de 2012 se ha cerrado "por cuestiones meramente técnicas", pero al mismo tiempo y de forma alternativa hay un compromiso de Hacienda de buscar un mecanismo para que antes del 31 de diciembre lleguen fondos adicionales a las comunidades que lo han pedido. Según ha explicado, además de la valenciana hay otras tres autonomías que han pedido acceder a ese mecanismo adicional, entre ellas Cataluña y Andalucía.

El Consell no se plantea expulsar a los diputados procesados

El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, ha afirmado que la expulsión del grupo popular en las Cortes de los exconsejeros Vicente Rambla, Angélica Such y Milagrosa Martínez, procesados por el caso Gürtel, "es una opción que no se ha valorado". Ciscar ha incidido en que la decisión de abandonar o no su acta como diputados es una decisión de carácter personal.

El vicepresidente ha insistido en que el acta es propiedad de los diputados, ha defendido que "tan lícito" es abandonarla como no y ha recordado casos como el del actual portavoz del PP en las Cortes, Jorge Bellver, que fue juzgado por un delito de prevaricación y fue absuelto.

En este sentido, ha pedido respeto a la presunción de inocencia y ha defendido el derecho de cada uno a decidir "lo que más le interese".

Tanto Ciscar como el consejero de Gobernación y secretario general del PP valenciano, Serafín Castellano, también presente en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, han afirmado que personalmente no tienen constancia de que ninguno de los tres procesados tengan voluntad de abandonar su escaño en las Cortes.

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