Los médicos madrileños deciden continuar con la huelga indefinida

Muchos asistentes tomaban fotos sin parar, conscientes de que estaban viviendo un momento histórico: el gran anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid, prácticamente lleno de jefes de servicio (cerca de 500) de los hospitales públicos madrileños reunidos en asamblea contra el plan sanitario del Gobierno regional que pretende, entre otras cosas, privatizar la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud. Se trataba de acordar las próximas medidas de acción y de consensuar un nuevo manifiesto a la opinión pública que será, a tenor de lo que ayer se oyó en el Colegio, mucho más duro que los dos anteriores.

Si una cosa quedó clara tras la veintena larga de intervenciones fue que la negociación de la que habla el Gobierno regional esta semana en realidad no existe. Lo que está haciendo la Consejería de Sanidad, a través de los gerentes de los hospitales, es pedir a los jefes de servicio que elaboren informes —en algún hospital los han pedido para este jueves— para ver cómo se puede ahorrar en sus áreas, tanto en personal como en actividad. Esos encargos no tienen nada que ver con el conflicto, subrayaron ayer muchos médicos, que los consideran un “engaño” y una “manipulación” para aparentar que existe negociación. Se trata de “pequeños ahorros” que, en palabras de una facultativa, “no han pedido en 40 años”.

Los jefes de servicio acordaron mantener su reivindicación de negociar una vez se haya paralizado el plan. Consideran que los dirigentes de la Consejería de Sanidad son “temerarios” e “irresponsables” por permitir que el conflicto sanitario se prolongue y los acusan de ser “responsables directos de la falta de asistencia” en la que se pueda incurrir durante las jornadas de huelga. En muchas intervenciones pidieron la dimisión del consejero, Javier Fernández-Lasquetty, por no considerarle ya un interlocutor válido. Otra de las decisiones que probablemente se materializarán en el próximo manifiesto conjunto es la petición de una auditoría económica, además de la intervención del Defensor del Pueblo. Los jefes de servicio analizaron ayer datos económicos según los cuales la gestión privada es más cara que la pública.

Muchas intervenciones aludieron a "conflictos de intereses" de responsables de la Consejería de Sanidad. Más de un jefe de servicio pidió que se investigaran las relaciones del director general de Hospitales, Antonio Burgueño, con empresas de la sanidad privada. "Tienen unos conflictos de intereses que en cualquier otro país les hubieran hecho irse a su casa", aseguró una doctora. "Deberíamos solicitar una auditoría al Tribunal de Cuentas. ¿Qué ganaríamos judicializando está situación?", se preguntaba otro. Pedro de la Oliva, de Afem, explicó que su asociación ya está estudiando cómo se pueden impugnar los pliegos de los concursos que la Consejería de Sanidad sacará para adjudicar la gestión de los seis hospitales.

"La fuerza de la razón está de nuestro lado. No hay que doblegarse. El Plan de sostenibilidad es insostenible, no ahorrará dinero y no han contado con nadie para elaborarlo", dijo un médico del Ramón y Cajal. En varias intervenciones se pidió también la dimisión de todos los gerentes de los hospitales por permitir la situación y se propuso no entregar los informes de ahorro que están pidiendo y dejar de colaborar con ellos. "Tenemos que llamar a esto lo que es, un expolio", afirmó otro doctor.