Un perito compara el comportamiento financiero de Pantoja con el narcotráfico

La técnica se denomina en inglés smurfing o structuring, y en español pitufar, y es uno de los procedimientos más elementales del blanqueo de capitales. Consiste en ingresar en una cuenta corriente grandes cantidades de dinero, pero haciéndolo en pequeñas fracciones que no excedan el límite que obliga a la entidad bancaria a identificar a la persona que realiza los depósitos. La cantante Isabel Pantoja está acusada de ingresar en sus cuentas personales y societarias cerca de 1,12 millones de euros de origen desconocido, y que la Fiscalía cree que pertenecían en realidad a su expareja, el antiguo alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz. Buena parte de este dinero se ingresó en bloques de 3.000 euros.

Un perito de Hacienda que testificó este martes en el juicio por blanqueo que se sigue contra Muñoz y Pantoja, entre otros, declaró que este comportamiento financiero es efectuado “por ejemplo por traficantes de droga”. Durante el mes de abril de 2003, los expertos de la Agencia Tributaria detectaron diez ingresos de 3.000 euros.

Según el perito, a partir de que Pantoja inició su relación con el exregidor marbellí empiezan a aparecer apuntes “sin justificación en sus cuentas”. El experto, que investigó junto a la Policía la trama, afirmó ayer que se dio una “confusión patrimonial” entre ambos miembros de la pareja. “A partir del año 2003, cambió el patrón de comportamiento y había un efectivo superior incluso a lo facturado, que se ingresaba en las cuentas bancarias. Y había ingresos en efectivo que no se habían producido con anterioridad ni con esa regularidad ni con esa cuantía concreta y específica y por tanto eran operaciones anómalas por inconsistentes y por inusuales”, resumió el funcionario.

Las declaraciones de la renta de la artista también salieron a relucir ayer en la prueba testifical. El funcionario de Hacienda señaló que antes de conocer a Muñoz, las tributaciones eran “fiables, consistentes, con muy pequeñas desviaciones y las que hay, razonables”. Sin embargo, a partir de 2003 las declaraciones son “un caos”, ya que las empresas que compraron el apartamento en el hotel Guadalpín y la casa en la urbanización La Pera no declararon estas operaciones hasta años más tarde.