La oposición denuncia la “amenaza” de la ley de vivienda rural
Más de 300 funcionarios de Medio Ambiente han firmado un documento para pedir su retirada
Todos los partidos de la oposición regional (PSM, IU y UPyD) han mostrado esta mañana su rechazo al proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que permite levantar casas en fincas sin valor ecológico, y que será aprobado el próximo jueves en la asamblea. Los representantes de los diferentes grupos parlamentarios han ofrecido a primera hora una rueda de prensa para denunciar que esta norma— que posibilitará la construcción de una vivienda unifamiliar (de un piso como máximo) en parcelas rurales de más de seis hectáreas de superficie— es un proyecto que saldrá adelante sin diálogo con la oposición gracias a la mayoría absoluta del PP.
El diputado socialista de la Asamblea, Antonio Fernández Gordillo, criticó que esta ley supone una "amenaza al medio rural" y que 326 funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio han firmado un documento para pedir su retirada. El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a una vivienda a aquellos ciudadanos que desean vivir en el campo, y poner en uso las fincas rústicas en las que la ley hasta ahora impedía construir una casa.
"Esta ley facilita la urbanización de suelos rurales que deja la ordenación del territorio sin herramientas para proteger el interés general, que consume irracionalmente el suelo y que disemina parcelas de 60.000 metros cuadrados por todo el suelo rural de la Comunidad sin servicios mínimos de suministro de agua, de luz o de aguas fecales", ha explicado el diputado socialista.
La diputada de IU, Carmen Villares, ha dicho, por su parte, que la idea del Gobierno regional es que "la casta aristocrática de Madrid" pueda tener su casa en el campo. También ha sentenciado que esta norma es una "ley virus que afectará al suelo y al medio ambiente" y que saldrá adelante gracias al "rodillo del poder absoluto" del Partido Popular. El diputado de UPyD Gabriel López también ha pedido su retirada porque, en su opinión es un proyecto que ha alarmado en todos los "foros de expertos".
El pasado mes de julio, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, se esforzaba en desmentir que este cambio normativo permitiera construir en espacios protegidos o de valor ecológico, como los parques regionales o el hayedo de Montejo. El anteproyecto de la ley sí contemplaba hacerlo en suelo rural protegido, pero esa idea finalmente no salió adelante.
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