Encierros de afectados por preferentes se extienden en el sur de Pontevedra

La plataforma de afectados por las participaciones preferentes de O Baixo Miño, en el sur de Pontevedra, ha emulado el ejemplo de sus compañeros de Gondomar y Cangas y ayer comenzó un encierro indefinido para exigir la recuperación de su dinero, invertido fundamentalmente en las dos cajas que confluyeron en el actual Novagalicia Banco. A diferencia de los casos precedentes, en los que fueron ocupados cajeros de la entidad financiera, en esta ocasión los afectados tomaron el Ayuntamiento de O Rosal, gobernado con amplia mayoría por el PP, porque consideran que se trata de un “problema político que requiere soluciones políticas”.

Un grupo de unas 30 personas irrumpió en el consistorio alrededor de las 13.00 horas y se aposentó en el salón de plenos. A última hora de la tarde permanecían en la estancia unas 20 personas, aunque preveían que se sumasen más. En total, participarán en el encierro los cerca de 200 miembros activos de la plataforma. Por el momento, el alcalde, Jesús María Fernández Portela, ha mostrado su aquiescencia con la medida de presión sin ordenar el desalojo.

O Rosal es el epicentro en Galicia del caso de las preferentes y obligaciones subordinadas, con unos 1.300 casos y alrededor del 50% de familias de la localidad con uno o más de sus miembros con sus ahorros atrapados. Xulio Vicente, portavoz de la plataforma, reclama al alcalde que manifieste en público su apoyo, y que demande a su partido, en los gobiernos central y autonómico, la devolución del dinero. No basta, dice, con que les exprese su comprensión a título privado. Mientras eso no ocurra y los afectados no recuperen su inversión, advierte de que no cejarán con las medidas de presión. Avanza que los encierros en ayuntamientos conservadores podrían extenderse y no descarta huelgas de hambre.

Mientras eso ocurría en O Rosal, unos 30 kilómetros más al norte, en Gondomar, se producía una sucesión rocambolesca de desalojos y reocupaciones del cajero tomado de manera espontánea una semana atrás por una afectada. A primera hora de la mañana, se presentó en el lugar una nutrida patrulla de la Guardia Civil, formada por siete coches y dirigida por el capitán de la comandancia de Vigo, según relataron activistas. Les pidieron a las que habían hecho noche en el cajero que abandonasen el lugar, esgrimiendo una orden judicial “verbal”. Así lo hicieron, pero en cuanto desaparecieron los agentes, otros volvieron a entrar y a acomodarse en el lugar. Sin embargo, hacia las 14.30 horas un miembro de la seguridad privada aprovechó un despiste de los ocupantes, que estaban fuera del cajero, para cerrar la puerta. Como la entidad desactivó la apertura automática mediante tarjeta, los ocupantes no pudieron retomar posiciones.

No obstante, dentro se habían quedado los empleados del banco, que no disponían de otra salida. Un grupo cada vez más numeroso de afectados fue congregándose a la puerta al tiempo que, según su versión, los trabajadores llamaban infructuosamente a la Guardia Civil, que no retornó. Finalmente, hacia las 16.00 horas salieron y los activistas ocuparon de nuevo el cajero.

Una de las participantes en la protesta, Rocío Cambra, sostiene que, de momento, no existe orden judicial que autorice a las fuerzas de seguridad a desalojar el cajero. Señala que la juez de guardia “no ha querido firmarla”, pero teme que mañana, con el cambio de turno en el juzgado, sí se haga efectivo el requerimiento. Hasta la fecha, la Guardia Civil les visita unas dos veces al día y les “invita” a dejar su protesta. “Invitados no nos vamos”, avisa la mujer. A los pocos minutos dobla la esquina y se va en dirección contraria un vehículo del instituto armado. “Ya se aburrieron de nosotros”, bromea uno de los afectados. También continúa el encierro que se inició el pasado viernes en una oficina de Novagalicia Banco en Cangas. En la vecina Moaña, una sucursal permaneció unas horas cerrada, pero los manifestantes abandonaron la zona al mediodía. El viernes, en Vigo, la plataforma de afectados pretende recoger productos de un hipermercado para donarlos al Banco de Alimentos.