“Me preocupa que los antisistema se instalen de forma permanente”

Paula Sánchez de León (Valencia, 1965) vivió como vicepresidenta del Consell el final de la etapa de Francisco Camps y los primeros meses de Alberto Fabra. El 2 de enero pasado fue nombrada delegada del Gobierno. Ahora se ocupa de la seguridad pública y de coordinar los medios del Estado.

Pregunta. ¿Cómo ha influido la crisis económica en los índices de delincuencia?

Respuesta. En conjunto, la crisis económica no ha influido sobre la delincuencia, porque los índices de criminalidad han bajado. En los diez últimos años el número de delitos y faltas por cada 1.000 habitantes ha bajado, a excepción de un repunte en 2007. Hasta septiembre, con 211.630 casos registrados, el descenso ha sido del 3,6% dos puntos mayor que la media nacional. Y la tasa ha bajado un 1,5%.

P. ¿El descenso también se ha dado en robos y tirones?

R. La delincuencia ha disminuido, pero es verdad que hay algunos delitos que han crecido, aunque puede que no sea solo por la crisis. El robo con fuerza en domicilio ha aumentado un 33% y el robo con violencia e intimidación ha subido más del 20%.

P. ¿Lo achaca a la crisis?

R. La crisis puede ser uno de los factores que más ha influido, pero también que se ha cambiado la metodología por parte del Ministerio del Interior. Ahora se incluyen en el epígrafe de robo a domicilio los asaltos a trasteros, escaleras, segundas viviendas..., y eso también ha propiciado el repunte. Otros delitos contra la propiedad, como el robo de vehículos ha bajado un 17%. Al final no hay una incidencia clara de la crisis.

P. ¿Y cuál es el grado de efectividad policial?

R. La seguridad ha dejado de ser una preocupación principal. Los agentes que trabajan en la Comunidad Valenciana han aumentado el índice de esclarecimientos de delitos en 1,7%. El esclarecimiento de robos en viviendas, por ejemplo, se ha incrementado en un 22% este año.

P. ¿Cuál es la razón? Le recuerdo que solo llevan un año en el Gobierno y cuando mandaba Zapatero pedían más agentes y medios continuamente.

R. Durante los años de holgura económica se han incrementado las plantillas y ahora están ajustadas a las necesidades de la Comunidad Valenciana. Desde luego, desde la Generalitat se reclamaba ese ajuste, pero este se ha ido produciendo y ahora hay 14.000 efectivos velando por la seguridad.

P. ¿Y respecto a comisarías y cuarteles?

R. Respecto a las infraestructuras, es verdad que en épocas anteriores a la crisis se crearon muchas comisarías y se reformaron otras, pero todavía queda trabajo por hacer. Con las restricciones presupuestarias se ha hecho una apuesta por terminar lo que estaba en marcha, fundamentalmente el complejo de Zapadores de Valencia, que ya estaba iniciado.

P. Es decir, que se apañarán con lo que tienen.

R. No vamos a poder iniciar obras nuevas el año que viene. Lo que estoy haciendo con los mandos de las fuerzas de seguridad es visitar todas las instalaciones para realizar una radiografía exacta de las necesidades para cuando la inversión vuelva a crecer.

P. ¿Existen grupos radicales antisistema o ultras asentados en la Comunidad Valenciana?

R. Nunca ha habido una presencia de estos grupos tan alarmante como para que se considere un problema importante, pero existen grupos violentos, articulados, que enturbian la convivencia.

P. ¿Puede dar algún detalle más?

R. Son gente que siempre es la misma, que está identificada y se sabe a que grupos pertenecen. El problema no es cuantitativo, sino cualitativo, pero me preocupa que puedan instalarse de forma permanente. Se vigilan de manera constante porque estos grupos pretenden crear una imagen de caos e inestabilidad que en nada nos beneficia.

P. ¿Qué opina de que el Gobierno intente restringir con nuevos requisitos el derecho a la manifestación?

R. Las condiciones que se ponen en nada socavan el derecho a la manifestación. Los convocantes deberían ser los primeros interesados en aislar los episodios de violencia en sus convocatorias porque son los primeros perjudicados. La gente que quiere manifestarse no quiere mezclarse con la quema de contenedores.

P. ¿Piensa que la normativa actual es insuficiente?

R. Nos ayudaría a aislar el fenómeno de la violencia que las manifestaciones fueran comunicadas, y que se utilizasen los cauces previstos en la ley. La manifestación no comunicada es un instrumento que permite a los violentos eludir la responsabilidad directa. Utilizan los entornos de estudiantes, aunque no sean estudiantes, y las redes sociales, que son su principal aliado para movilizar. En la Delegación del Gobierno lo que hacemos es constatar el derecho constitucional a la manifestación y que sea compatible con otros derechos igual de protegibles.

P. ¿Cuántas sanciones ha habido por manifestaciones?

R. Las sanciones administrativas se han producido por actos como agresiones, desobediencia, quema de contenedores y cortes de tráfico... Esos actos tienen sanciones, las manifestaciones no.

P. Usted se estrenó en febrero pasado con las protestas estudiantiles del Instituto Lluís Vives de Valencia y fuertes cargas policiales. Abrió una investigación interna. ¿En qué quedó?

R. Lo que más me duele es que hubo una clara manipulación de los hechos, que se utilizaron políticamente. Con fotografías falsas y declaraciones de falsos médicos. Eso llevó a un ataque hacia mí y hacia el Cuerpo Nacional de Policía. Al final del proceso, el anterior Jefe Superior de Policía \[el que llamó enemigos a los estudiantes\] quiso apartarse y ocupar otro puesto, pero fue muy duro.

P. ¿Hubo excesos policiales?

R. No. La policía utilizó la fuerza reglamentaria, con la proporcionalidad y la inmediatez que prevé la ley. Le recuerdo que Compromís presentó sendas denuncias contra mí y contra el Cuerpo Nacional de Policía que fueron archivadas. Si alguien siente sus derechos vulnerados tiene la vía judicial.

P. Usted ha tenido un protagonismo inusual en la gestión de los incendios que arrasaron el interior de Valencia, sobre todo por la ausencia de Mariano Rajoy. ¿Cuáles han sido sus aportaciones?

R. Mariano Rajoy puso todos los medios del Estado para combatir el fuego. Una vez apagados, hay que destacar la sensibilidad de un Gobierno, que ha aumentado un 23% de la partida de lucha contra incendios en los presupuestos, y la buena acogida de las acciones para regenerar los montes en coordinación con la Generalitat.

P. El Gobierno también está presente en el Consorcio Valencia 2007 ¿Cuándo transferirá el Estado los terrenos de la dársena a la ciudad?

R. De forma inminente. El objetivo es este mes de diciembre, aunque el proceso es jurídicamente complejo. Si hay retraso será en enero o febrero. Hay un acuerdo básico y ahora hay que es rematarlo jurídicamente.

P. ¿Y quién gestionará el espacio?

R. El Ayuntamiento hará una encomienda al Consorcio para que gestione y ponga en marcha la Marina. Es un proyecto ambicioso, atractivo para inversores internacionales y que va a cambiar la imagen de la ciudad. Se trata de rentabilizar la inversión que ya está hecha.

P. ¿Y qué piensan hacer con el Parque Central de Valencia?

R. No hay sombra de duda sobre su necesidad, pero como tantos otros, hay que acomodarlo a la situación económica. Hablamos de una inversión de 800 millones y un proyecto complicado de ejecutar. Se acompasará a las circunstancias económicas.