“Es muy fácil cambiar el Código Penal; elevar las condenas es muy populista”

Más de un cuarto de siglo lleva Juan Calparsoro Damián (San Sebastián, 1960) en la carrera fiscal y poco más de dos años al frente de la Fiscalía Superior vasca.

Pregunta. Desahucios, tasas… ¿La Justicia se está convirtiendo en una cierta conciencia social?

Respuesta. Hay una sensibilidad social más importante en quienes formamos el estamento judicial, jueces, fiscales o abogados. En estos tiempos de recortes, estamos de alguna manera uniéndonos a una visión del Derecho más cercana a las personas más vulnerables, quienes más notan la crisis. De todas formas, siempre hemos sido partidarios de hacer una interpretación de la ley más ajustada a la realidad social, y hoy no es la misma que hace cinco o diez años.

P. ¿Le decepcionó el real decreto sobre los desahucios?

R. Algo sí. Se había hablado de un consenso entre PP y PSOE y no ha habido tal. Quizá hubiese sido mejor un decreto algo más avanzado. Reconozco que es un asunto muy difícil. Hay personas en situación de especial necesidad a las que se les debe dejar un tiempo para intentar solucionar el problema de la vivienda.

P. La memoria de la Fiscalía vasca de 2011 constataba un claro aumento de los asaltos y robos con violencia por la crisis, una crisis que este año es aún peor.

R. La memoria intenta explicar las causas de la evolución de la criminalidad. No tenemos todos los estudios que harían falta para ser más precisos. Las crisis repercuten en todo, también en la delincuencia, con especial tendencia al aumento de los robos. No sé si 2012 será peor. Irá en línea similar, pero hasta finales de año no se cierran las estadísticas.

P. Tras algo más de dos años en el puesto, ¿qué balance hace?

R. Ha cambiado mucho la Justicia. Hace dos años, estábamos bajo la amenaza directa de ETA y ahora no. Me alegra mucho que ahora en la Justicia y en la sociedad se hable de los desahucios, no de violencia, escoltas y amenazas. Personalmente, me hubiera gustado incidir más en aspectos sociales de nuestro trabajo.

“La Justicia no puede ser eterna, vamos a seguir investigando e investigando”

P. Cuando llegó al cargo se marcó precisamente como objetivo potenciar la investigación de temas sociales. ¿Lo ha logrado?

R. Hay cosas que he conseguido y otras no. He intentado, a través de los tres fiscales jefes, por ejemplo, incidir más en los mecanismos de conciliación y atención a los intereses sociales. Hemos aprobado con el Gobierno vasco el protocolo de mediación en el ámbito penal, que avanza en la justicia restaurativa. Y me gustaría nombrar un fiscal de consumo, pero aún no lo hecho. Es un reto que tengo que afrontar, porque es un campo donde hay mucha labor que hacer desde la Fiscalía, no solo penal, sino también civil. Y están los grandes retos clásicos: velar por las garantías del ciudadano y para que los órganos judiciales ejerzan su labor conforme a las leyes y los plazos legales.

P. ¿Con la crisis, ese ciudadano ha quedado algo más desprotegido en los tribunales?

R. Está claro que, ante la crisis, el ciudadano se encuentra en una situación de más vulnerabilidad. Recurrir a la Justicia nunca ha sido nada barato y ahora llega la ley de Tasas. Al final, sí que se va a sentir algo más desprotegido para recurrir a la Justicia.

"Tengo el reto de nombrar un fiscal de consumo, es un campo donde hay mucha labor, tanto penal como civil"

P. Ese ciudadano piensa muchas veces que hay cierta impunidad en los delitos de cuello blanco: corrupción, tramas financieras...

R. Esos delitos generan mucho desaliento social y son más complejos de investigar. Son tramas que usan recursos para ocultar las conductas delictivas y tienen más medios para defenderse. Y están las relaciones que puede haber entre personas inmersas en esas conductas y otras instancias de poder. No obstante, creo que se procura en la medida de lo posible llegar hasta el final, siendo conscientes de que en muchas ocasiones la Justicia llega a lo que llega y hay un punto en que no podemos llegar a más.

P. ¿Hay delito de prevaricación en que el Gobierno vasco pague la extra de Navidad?

R. No me puedo pronunciar. Será la Fiscalía, si surge el caso, la que tendrá que hacerlo.

P. Dos de los asuntos con mayor repercusión pública en los que la Fiscalía ha trabajado, el caso Justicia [supuesto fraude en la informatización de juzgados entre 2000 y 2009] y las presuntas tramas de robo de bebés han quedado en nada. ¿Teme que le pase lo mismo al caso Cabacas?

R. Vamos a ver, que queden en nada… La Justicia debe ser rápida y debe ser justa. El primer caso que cita podía llevarlo al juzgado y dentro de seis años tener una resolución absolutoria. Debe ser rápida en la medida de lo posible y que dañe lo menos posible al justiciable. Se ha hecho una investigación, con los niños robados lo mismo. ¿Cuál es el fin de la Justicia? ¿Que haya sentencia y condena? El exalcalde de Eibar, imputado por estafa; a los seis años se celebra el juicio y la Audiencia de Álava no solo dice que no hubo estafa, sino que fue correcta su actuación. Puedes investigar mucho tiempo, pero hay un momento en que uno debe decidir. La Justicia no puede ser eterna, ilimitada, vamos a seguir investigando e investigando. Hay un momento en que hay que cortar.

P. El caso Cabacas.

R. El caso Cabacas puede acabar perfectamente en un sobreseimiento, o no, pero tras haber escuchado a todos los ertzainas que han intervenido, haber aportado todas las pruebas periciales… En esos tres casos o en los que pueda haber en el futuro se procura investigar hasta el final, pero nunca debemos olvidar que los plazos hay que intentar cumplirlos por garantía del ciudadano. Una investigación demasiado prolongada es injusta para un ciudadano, aunque haya cometido un delito.

P. ¿Se ha cambiado el Código Penal en los últimos años a golpe de telediario?

“Hay que replantear siempre la política penitenciaria para ver si cumple sus fines”

R. En parte, sí. Es muy fácil cambiar el Código Penal; elevar las penas es muy populista. Son respuestas probablemente muy primarias ante una alarma. A veces, la eficacia del Derecho no está tanto en endurecer las penas, sino en mejorar los procedimientos y los medios humanos y materiales de investigación. Hay delitos que, sin duda, generan enorme alarma social. Es legítimo que la sociedad pida más dureza, pero el legislador y el poder judicial están para intentar poner las cosas en un punto más equilibrado.

P. Habla de acomodarse al contexto. ¿Debería cambiar la política penitenciaria en el contexto de más de un año del cese de ETA?

R. La política penitenciaria hay que replantearla siempre. La propia naturaleza de las penas, dirigidas a la reinserción, exige que se esté permanentemente revisando si están cumpliendo sus fines. En el caso de ETA y la dispersión de presos, le compete a Instituciones Penitenciarias. No puedo pronunciarme, más allá de decir que hay que revisar permanentemente toda pena a ver si se cumplen o no los fines de reinserción.

P. ¿Ve estancado el proceso que se abrió con el cese de ETA?

R. Claro que hay un estancamiento, nadie lo niega. El Ejecutivo exige a ETA su disolución y ETA quiere antes la retirada de las Fuerzas de Seguridad y el acercamiento de presos. Lo ideal sería la disolución de ETA, pero, al menos, nos encontramos en paz.

P. ¿Qué espera del nuevo Gobierno vasco?

R. Espero que trabaje por una mejora de la Justicia, que tenga buenas relaciones con el poder judicial, con la Fiscalía, que estoy seguro va a tener. Y que impulse una mayor modernización y colaboración entre la Justicia y el resto de los poderes públicos vascos.