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Renta Corporación renuncia a comprar al Ayuntamiento los edificios con inquilinos

La inmobiliaria ha renunciado a su opción de compra y deberá abonar 300.000 euros

El Ayuntamiento no ha explicado qué hará ahora con esas familias

La operación estaba valorada en 21 millones de euros

Elena Martí, Salva Martí y Ana María Esteban, vecinos de las viviendas afectadas. Ampliar foto
Elena Martí, Salva Martí y Ana María Esteban, vecinos de las viviendas afectadas.

La inmobiliaria Renta Corporación ha renunciado a la opción de compra que había firmado con el Ayuntamiento de Madrid para hacerse con cinco edificios en los que viven 116 familias en régimen de alquiler a bajo precio, que serían en consecuencia desalojados de sus viviendas a partir de la semana que viene. El contrato de opción de compra, firmado el 18 de octubre, establecía que, en caso de echarse atrás, Renta Corporación debería abonar 300.000 euros.

El Gobierno de Ana Botella (PP) planeaba ingresar 21 millones de euros. “Ante la situación económica actual, se plantea como una opción positiva para mantener la acción social de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo”, había explicado su consejero delegado, Fermín Oslé. Sin embargo, la EMVS ha renunciado a construir vivienda protegida, y se limitará a explotar los 4.500 pisos que tiene en alquiler.

Reunión de vecinos de las fincas afectadas celebrada el mes pasado ampliar foto
Reunión de vecinos de las fincas afectadas celebrada el mes pasado

Los edificios afectados están en la carrera de San Francisco (35 viviendas, valoradas en 6,7 millones), la calle Embajadores (24, por 3,4 millones), la calle San Cayetano (52, por 7,3 millones) y la calle de la Madera (19, por 3,5 millones). Izquierda Unida denunció ayer que la inmobiliaria —de la que es consejero el marido de Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP— había puesto a la venta ya en Internet el primero de estos inmuebles por 8,2 millones, es decir, 1.5 millones más de lo que iba a pagar al Ayuntamiento. Y “libre de inquilinos”.

De esos 130 pisos, rehabilitados con dinero público, 116 están ocupados por familias que, pese a que son viviendas libres, pagan un alquiler social por debajo del precio de mercado. Se les había negado la compra de sus viviendas, pese a que tenían ese derecho por contrato. A partir del 12 de diciembre debían empezar a entregar sus llaves. El Ayuntamiento prometía realojarlos en otros pisos, lejos de su barrio.

Juan Antonio Gilabert, portavoz de los afectados, manifestó la “alegría de los vecinos”. El Ayuntamiento no ha explicado qué hará ahora, puesto que los contratos de esos inquilinos están, según dice, por concluir.

“Es intolerable que se esté propiciando la especulación de privados a costa de desalojar de sus barrios a ancianos y vecinos que llevan ahí toda su vida”, afirmó Ángel Pérez (IU). El portavoz de UPyD, David Ortega, señaló que el 40% de los afectados son personas mayores a las que se iba “a crear un trauma, sacándoles del lugar donde han pasado toda su vida”. El líder socialista, Jaime Lissavetzky, afirmó: “Esto es una situación digna de Charles Dickens. Ahora viene la casera Botella y les dice que se van a la calle porque tenemos que hacer caja”.

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