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Andalucía quiere cobrar el IRPF de los beneficiados por la amnistía fiscal

La Junta encarga un informe para reclamar parte de lo recaudado por el Gobierno

José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía.
José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía está buscando la fórmula para intentar que las arcas públicas de la comunidad también se beneficien de la amnistía fiscal, decretada por el Gobierno central y que ha permitido recaudar 1.200 millones de euros en todo el Estado. La vía que pretende abrir el Ejecutivo regional es la del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un tributo que los defraudadores que ahora han conseguido regularizar su situación eludieron durante años.

Para compensar el impago de los tributos sobre los bienes y derechos, el Ministerio de Hacienda ha impuesto una multa a los amnistiados por valor del 10% de lo regularizado. José Antonio Griñán, presidente andaluz, ha anunciado este martes que su equipo ha encargado un informe jurídico para tratar de discernir si Andalucía puede reclamar parte de los 1.200 millones o si podría exigir a los beneficiados residentes en la comunidad el pago del 50% del IRPF correspondiente al tramo autonómico. "Nosotros no hemos declarado ninguna amnistía", ha recordado Griñán para justificar esta petición.

Lo primero que quiere aclarar la Junta es si la multa impuesta por el Gobierno compensaría el impago del 100% del IRPF. En ese caso, Griñán sostiene que Andalucía tendría que recibir también lo que le corresponde de ese tributo, es decir, el 50%. En el caso contrario, la otra alternativa que quiere explorar el Gobierno de Griñán es si el Ministerio de Hacienda podría facilitar los datos de los defraudadores residentes en Andalucía para poder reclamarles el pago del tramo autonómico del IRPF. "Nosotros no hemos hecho amnistía del tramo autonómico de la renta y, por lo tanto, tendrían que pagar", ha insistido el presidente andaluz. Durante los seis meses de amnistía fiscal, se han presentado 31.484 declaraciones de defraudadores y el Ejecutivo del PP ha conseguido recaudar la mitad de lo que tenía previsto.

Esta reclamación económica se suma a las que la Junta lleva meses exigiendo al Ejecutivo de Mariano Rajoy. El consejero de Economía, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha asegurado este martes en el Parlamento regional que Andalucía ha dejado de percibir más de 5.000 millones por recortes e "incumplimientos" del Gobierno central. Según ha detallado Ávila, en los Presupuestos estatales de 2012 la inversión en la comunidad llega a los 1.853 millones (1.121 menos que el año anterior). Esos 1.853 millones suponen el 14,6% de la inversión total que el Estado realiza en todas las comunidades autónomas. Ávila ha recordado que el Gobierno debería destinar 409 millones más para no incumplir la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, que establece una inversión similar al peso de la población en el conjunto del Estado (17,9%).

Por su parte, el presidente Griñán ha vuelto a criticar los límites de déficit que el Gobierno central ha impuesto a las comunidades autónomas. Ha insistido en que la política de recortes no permitirá salir de la crisis económica. "Recortar gasto público alimenta el déficit y es la peor política", ha añadido el líder socialista.

Griñán también ha exigido que los sacrificios "se repartan de forma equitativa". Ha dicho no entender que el Gobierno central suba los impuestos y tasas a los ciudadanos y "haya quitado el único impuesto que tenía la banca". La Junta y el Gobierno tienen abierto otro enfrentamiento por este asunto. El Ministerio de Hacienda ha bloqueado la tasa bancaria que la Junta aprobó a finales de 2010 para gravar los depósitos en la comunidad. La Consejería de Hacienda ha estimado que el bloqueo de esta tasa le podría suponer un perjuicio de unos 300 millones de euros. El ministerio ha anunciado que habrá compensaciones, aunque no se ha aclarado todavía cómo se hará.