El Ecofín respalda un informe que califica el régimen de Gibraltar de “dañino”

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) respaldaron hoy un informe sobre prácticas fiscales que concluye que parte del régimen de Gibraltar "es dañino", lo que podría abrir la puerta a un procedimiento de infracción.

Según fuentes diplomáticas, el grupo de trabajo de alto nivel —que analiza prácticas fiscales para eliminar situaciones perjudiciales de competencia fiscal sobre impuestos de sociedades— dictaminó que la Ley de Impuestos sobre Ingresos de 2010 de Gibraltar "es dañino bajo el criterio del código de conducta".

Para su dictamen, el grupo se basó en una evaluación inicial de la Comisión Europea hecha a partir de los elementos de la ley que cubren los aspectos relevantes para la aplicación de los criterios del código de conducta aprobados en febrero y en información adicional proporcionada por el Reino Unido.

Gibraltar ha informado al grupo de trabajo de que ya ha comenzado a trabajar para garantizar el cumplimiento de los principios del código de conducta, consta en el documento aprobado hoy.

En las conclusiones sobre el informe, el Gobierno español ha incluido una mención especial en la que apoya plenamente el análisis aprobado por el Ecofin sobre la evaluación "dañina" de la ley de impuestos sobre ingresos de Gibraltar.

Sin embargo, subraya que el resultado de la revisión y la evaluación de la Comisión Europea se basan en un "tipo muy específico de ingreso: los intereses, sin entrar en evaluar otros posibles elementos dañinos del régimen".

Por tanto, España se reserva el derecho de pedir que se siga en el futuro con el análisis y la evaluación de elementos que han quedado fuera del informe, indica.

El Gobierno español denunció en junio pasado el régimen fiscal de Gibraltar ante la Comisión Europea.

El informe del grupo de trabajo no es vinculante, pero "hasta ahora sus conclusiones han generado seguimiento en la Comisión Europea", señalaron fuentes diplomáticas españolas.

Lo normal es que Bruselas abra un procedimiento de infracción que obligue al Reino Unido a modificar las partes de la ley en el Peñón consideradas perjudiciales para otras economías, señalan las mismas fuentes.