El Ayuntamiento de Jerez incumple el plan de pagos con la plantilla
El Consistorio solo puede pagar unos 500 euros de la nómina de noviembre
El Ayuntamiento de Jerez no ha podido estirar más los 21 millones de euros que ha ingresado en noviembre del segundo semestre del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En poco más de un mes la inyección de capital se ha esfumado. Con ese dinero, el gobierno que preside la alcaldesa María José García Pelayo (PP) ha evitado la expulsión de Jerez del Consorcio provincial de Bomberos; ha frenado una huelga de autobuses; ha resuelto la huelga de limpieza en colegios públicos; y ha logrado ponerse al día con los salarios del personal municipal, aunque solo haya sido por poco más de un mes. Acabado el dinero, el Consistorio ha admitido a los representantes de los trabajadores que no puede liquidar en tiempo y forma la nómina de noviembre.
Según el plan de pagos anunciado a los sindicatos a finales de 2011, las nóminas de noviembre y diciembre se abonarían al término de cada mensualidad gracias a una recaudación global en ese periodo de 17 millones de euros. El plan vuelve a rehacerse y la plantilla se enfrenta a nuevos retrasos. “El delegado de Personal, Javier Durá, nos ha anunciado que el miércoles se hará un ingreso de entre 400 y 500 euros, con la intención de ir completando la nómina en función del dinero que vaya entrando en tesorería a través de los impuestos”, explicó ayer el delegado de UGT, Alfonso Cárdenas.
El Consistorio no ha sido capaz de abonar la nómina pese a una notable reducción de costes. Desde el 1 de noviembre se aplica en la Administración jerezana la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que contempla una reducción salarial de la plantilla del 11,5% por la eliminación de pluses por valor de 15 millones de euros anuales.
El Consistorio no ha sido capaz de abonar la nómina pese a una notable reducción de costes
Esta medida, unida a la disminución del capítulo de personal como consecuencia de la ejecución de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supuso el despido en septiembre de 260 empleados municipales, hacen que la nómina mensual sea de 4,7 millones de euros, frente a los 5,8 millones que se transferían antes del verano.
Las previsiones del gobierno local fallan a cuatro días vista. El pasado 26 de noviembre la alcaldesa Pelayo, a preguntas de los periodistas, avanzó que la nómina de noviembre se ingresaría “en una semana”. Iniciado diciembre, el área de Personal asume las dificultades para cumplir el compromiso.
No es el único incumplimiento. Según fuentes del Consistorio, Jerez tampoco ha abonado el segundo plazo de la devolución del préstamo del ICO habilitado por el Gobierno central para el plan de pago a proveedores, 4,5 millones de euros.
Ya en el mes de agosto el gobierno no afrontó la primera cuota trimestral de devolución del crédito y la alcaldesa transmitió entonces un mensaje de “tranquilidad”, aunque admitió “cierto retraso”.
Fuentes del gobierno municipal no quisieron pronunciarse sobre esta circunstancia. El crédito fue firmado con 11 entidades financieras para liquidar una deuda con proveedores de 328 millones de euros.
El TSJA señala para enero el juicio por el ERE municipal
El juicio por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supuso el despido de 260 trabajadores del Ayuntamiento de Jerez se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el próximo 23 de enero. El alto tribunal da respuesta a la demanda colectiva presentada por los sindicatos UGT, CCOO, CTP y CGT con el firme propósito de tumbar en los juzgados un expediente “subjetivo” que se ejecutó “sin que existiera una baremación escrita que justificara la elección del personal afectado”.
En estos días, los agentes sociales miran con lupa las últimas resoluciones de los magistrados. La nulidad declarada en los tribunales para la mayoría de los expedientes colectivos insuflan esperanza en los sindicatos.
En el caso del expediente de Jerez se añade otro argumento a favor de los despedidos. La propia Inspección de Trabajo emitió un informe en septiembre en el que declaraba el ERE del Consistorio “objetivo y razonable”, pero no su aplicación. “Los criterios de selección basados en la evaluación continua también se consideran objetivos y razonables, si bien no es menos cierto que al no existir documento alguno que lo sustente y acredite, no podemos determinar si su aplicación ha sido efectivamente objetiva”, rezaba el informe emitido por los inspectores del Ministerio de Trabajo.
El ERE de Jerez sí cuenta con la bendición del Ministerio de Hacienda, que exigió al gobierno municipal un severo plan de ajuste para acogerse al préstamo del ICO y posibilitar el pago a proveedores.
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