El juez investiga el pago de comisiones en las obras del cementerio de Sabadell

Las obras de reforma del cementerio municipal de Sabadell también están en el punto de mira de los investigadores de la Operación Mercurio. El juez que investiga la trama de presunta corrupción urbanística en la que están implicados el alcalde, Manuel Bustos, empresarios, abogados y otros cargos públicos, ha imputado a dos responsables de la funeraria Torra por estafa. A finales de 2009, esta empresa familiar de Sabadell se hizo con la gestión del cementerio local y se comprometió a realizar trabajos de ampliación y mejora por valor de 8,7 millones.

Los Mossos d’Esquadra y el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo investigan ahora si esas obras fueron objeto de una mordida por parte de los responsables políticos en el Consistorio. Una de las empresas que realizó los trabajos del cementerio es Constrensnius, SL. El administrador de esa empresa, Rafael R. M., es uno de los 12 empresarios detenidos que ayer declararon ante el juez. Después de hacerlo, el fiscal pidió prisión con fianza para Rafael R. M. por un delito contra la Administración pública, lo que contempla el delito de cohecho, o sea, el soborno.

El martes, durante la operación policial, los Mossos registraron las oficinas de la funeraria y se incautaron de documentación. Según las bases del concurso público, en el que Torra fue la única firma que se presentó, el Ayuntamiento le adjudicó la gestión del equipamiento durante 34 años. A cambio, la empresa se comprometía a pagar un canon del 1,5% sobre los beneficios y a realizar una serie de obras. La mejora del cementerio incluía tareas de mantenimiento y la reforma de varios espacios: rehabilitación de la capilla, urbanización de accesos y viales periféricos, zona de aparcamiento y reforma de las oficinas, entre otros. El proyecto de mayor coste es la pavimentación de la zona, valorada en 1,5 millones.

La externalización del servicio despertó un fuerte rechazo entre los grupos de la oposición: en un contexto de crisis, argumentaron, el Consistorio no podía despenderse de uno de los pocos servicios que generaba beneficios. Grupos como Entesa per Sabadell vieron con recelo que la ejecución de las obras quedara en manos de una empresa privada y fuera del control político del pleno municipal.

Fuentes cercanas a Torra subrayaron que esta fue la única empresa que se presentó al concurso y descartaron que se haya producido alguna irregularidad, ni en la concesión del servicio ni en la ejecución posterior de las obras. Los dos imputados declararán la próxima semana.

Después de tres días en comisaría, los 12 detenidos en la Operación Mercurio tuvieron ayer la oportunidad de explicar su versión ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell, que investiga la causa. Algunos declararon; otros optaron por no hacerlo. En general, las perspectivas de quedar en libertad —eso sí, con cargos— fueron mejores para los que desfilaron en primer lugar: el juez y el fiscal decidieron dejar para el final a aquellos que tenían más posibilidades de acabar la jornada entre rejas.

Poco después de las 11 horas entró en la sala de vistas la primera detenida, Eva R. M., que trabaja como responsable de contabilidad en una empresa constructora de Sabadell. El juez la dejó en libertad, acusada de los delitos de soborno y falsedad documental. El magistrado adoptó esa misma decisión respecto a los otros cuatro detenidos que declararon a continuación. La más destacada de todos ellos es la exconcejal en Castellar del Vallès (Barcelona) y exmilitante del PP Sandra Roig, a la que imputan un delito contra la administración pública y que abandonó los juzgados tras prestar declaración. Roig fue concejal del PP en Castellar del Vallès de 2003 a 2007, aunque se pasó a las filas de la xenófoba Plataforma per Catalunya en 2010.

Una exconcejal del PP en Castellar figura también entre los detenidos

Otros de los que han quedado en libertad son: el constructor Isidoro A.N., Eusebio R.F. —ambos imputados por delitos contra la adminitración pública— y Enrique V. F., que trabaja como arquitecto técnico en una empresa constructora.

Al cierre de esta edición habían declarado otras tres personas para quienes el fiscal solicitó medidas cautelares. En dos de los casos —Rafa R. M., administrador de una concursora, y un destacado constructor del Vallès— solicitó prisión provisional. En el caso de Rafa R. M. y Guillem V. S., las medidas cautelares se pidieron por un delito contra la administración pública, o sea, por cohecho. A última hora, no se conocía la decisión del juez sobre estas tres pesronas ni sobre las cuatro que aún no habían declarado.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios (en su mayor parte, constructores) debían abonar cantidades que llegaban hasta los 120.000 euros para acceder con “ventajas” a la adjudicación de obras públicas. Un intermediario recibía ese dinero y lo hacía llegar a los cargos públicos. Por ahora se desconoce si Bustos participaba también en esos negocios fraudulentos o si, sencillamente, conocía su existencia sin hacer nada para combatir el fraude. Bustos, que está imputado, declarará el domingo ante el juez. Una vez acabados los trabajos, según Anticorrupción, los empresarios tenían que pagar también el 3% del importe de adjudicación.

Los investigadores confían en que las declaraciones de algunos de los empresarios detenidos y los documentos hallados en los registros sirvan para acreditar las sospechas que han florecido en las intervenciones telefónicas.