Condenado a seis años por abusos un trabajador de un centro de menores

La Sección Tercera de Audiencia de Valencia ha condenado a seis años de prisión a un trabajador de un centro de menores por abusar sexualmente de tres internos entre abril y septiembre de 2002. Le condena, además, a indemnizar a las víctimas con cantidades que alcanzan los 6.000 euros, y declara responsables civiles subsidiarios a la Generalitat, titular del centro, y a la fundación que lo gestiona, a quienes reprocha "fallar reiteradamente" en la protección que debían dispensar a las víctimas.

El procesado contaba con sendas condenas anteriores, por agresión sexual (abril de 2000) y pornografía infantil (2010), ambas en sentencia firme.

Los episodios de abuso, cometidos sobre una chica y dos chicos, se produjeron entre abril y septiembre de 2002, cuando el condenado trabajaba de turno de noche como auxiliar técnico educativo en un centro de menores de la provincia de Valencia.

El hombre confesó el día del juicio los hechos ante el tribunal, que le condena ahora a seis años de prisión por tres delitos de abusos sexuales, uno de ellos continuado, con la agravante de reincidencia.

El tribunal declara la responsabilidad civil subsidiaria a la Generalitat, como titular del centro donde se cometieron los hechos, y la Fundación Diagrama, como gestor del mismo.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, reprocha tanto al titular como al gestor del centro "fallar reiteradamente" en la protección que debían dispensar a las víctimas, "sobre todo tratándose de un centro que ejecuta resoluciones judiciales penales, en gran parte en régimen cerrado, recaídas sobre menores o jóvenes por cuya integridad y seguridad deben velar las instituciones públicas".

El condenado se introdujo en la habitación de las víctimas y cometió los abusos "aprovechando el descuido del personal de seguridad", lo que para el juez pone de manifiesto que se infringieron "por insuficiencia o falta de diligencia de los encargados al efecto" las normas de seguridad y protección necesarias para evitarlos.

Además, entiende que "la Generalitat no ha acreditado hacer uso de las medidas de control respecto, por ejemplo, a contratación laboral", y asevera que, teniendo en cuenta el tipo de centro, "podía recabarse al menos una hoja histórico-penal de quienes van a hacerse cargo de los internos".