“No podemos más. ¡Pagad!”

Lola Galipienso encabezaba orgullosa la Marcha por la discapacidad, una aventura que iniciaron hace diez días 15 trabajadores sociales en Villena y que terminó este miércoles a pocos metros del Palau de la Generalitat. Han recorrido 200 kilómetros a pie en defensa de los discapacitados. Lola, de 70 años, es madre de una mujer de 31 con parálisis cerebral —que la acompaña en silla de ruedas—. “Estamos aquí porque no nos pagan y porque nos quieren quitar todo por lo que hemos luchado en los últimos 40 años”, denunció.

La Generalitat adeuda a los centros de día u ocupacionales, donde los discapacitados practican deporte, aprenden en los talleres o reciben asistencia básica de un fisioterapeuta o psicólogo, el 40% de la subvención de este año. “No podemos aguantar más y los chicos se desesperan porque saben que el problema se está desbordando y ven que sus centros corren peligro”, añadió Raúl González, trabajador social del Centro de Día Alpuente de Alicante. Llevan dos meses sin cobrar pero siguen en su puesto. “Las personas con las que tratamos no son usuarios son nuestros chicos y sus familias. Saben lo implicados que estamos y los que tienen que pagar se aprovechan de nosotros”, comentó Raúl.

Hay centros donde los monitores llevan 11 meses sin cobrar sus salarios. Es el caso del centro Capaz, de Novelda, abandonados por el Consistorio y la consejería, que los ha acreditado como centro de atención a discapacitados pero no les mantiene. El de Capaz es un ejemplo extremo, pero la mayoría de centros llevan unos tres o cuatro meses sin cobrar un euro.

Lola explica que el centro que cuida a su hija, El Puente, de Aspe, lo crearon los padres y está subvencionado por la Consejería de Bienestar Social. “Los padres estamos adelantando las mensualidades para que los niños tengan calefacción y comida”, continuó mientras un chico agitaba a su espalda un cartel donde se podía leer: “No aguantamos más. ¡Pagad!”.

Intentaron entregar en mano el manifiesto en el Palau de la Generalitat pero nadie los recibió. En el escrito piden tres cosas: el pago inmediato de la deuda contraída con todos los centros de la discapacidad y enfermedad mental, unos 15 millones de euros. Que el Consell paralice el nuevo plan de financiación de estos centros, que sufre en 2013 un tijeretazo de otros 15 millones, además de la eliminación de los conciertos. Solo se mantienen las ayudas, con lo que cada año estarán a expensas de los recortes o de la disponibilidad presupuestaria. “Pasa de ser un derecho a algo gracioso”, opinan. Quieren también que se cree una mesa negociadora donde estén todas las partes.

Ricardo Ayela, de 36 años, es uno de los 15 trabajadores sociales que hace 10 días iniciaron la marcha a pie. “Sus derechos [de los discapacitados] siempre han sido vulnerables pero ahora lo son más”. Trabaja desde hace una década en asociaciones de discapacitados y reconoce que se han dado grandes pasos para este colectivo. “Falta mucho para que sean tratados como ciudadanos de primera, que es lo que se merecen. Quieren arrebatarles sus derechos. Siempre son los más débiles”, dijo.

Han sido 10 días de marcha, en los que se han sentido agotados físicamente pero realmente emocionantes. Han recorrido las comarcas del Vinalopó, Alacantí, L’Alcoià, La Vall d’Albaida, La Costera, La Ribera Alta y L’Horta y a su paso por las localidades se han visto apoyados por la gente. Ayer se unieron a ellos políticos como Joan Calabuig, del PSPV, Mònica Oltra, de Compromís, o Esther López, de EU.

La marcha estará este jueves ante las Cortes Valencianas porque dos grupos políticos de la oposición defenderán su caso en el hemiciclo. Lola no duda un segundo. “Si ellos quisieran arreglarlo, lo arreglarían”, dice de los gobernantes. “Que se recorten dietas, coches oficiales y pagas extra si es necesario”, propuso.

Aerte, la patronal de la dependencia valenciana, considera muy grave la falta continuada de compromiso de la Administración con el sector de los dependientes. Sus centros exigirán  a los usuarios el adelanto de las facturas que no está pagando la Administración ya que ha afirmado que, de otra manera, "resulta imposible que las empresas continúen financiando los servicios sociales que Bienestar Social no realiza".

La patronal ha advertido en un comunicado de que muchos usuarios que no tienen familia y que se encuentran atendidos en sus centros se verán en la calle en breve por no poder asumir el pago de facturas. La entidad ha explicado que resulta "inevitable" en esta situación, en la que no han cobrado nada en todo 2012, se produzcan cortes de suministros, desabastecimiento de productos de primera necesidad o absentismo de personal debido a impagos de nóminas acumuladas.