Falta en el colegio por desahucio

Binta (12 años), Kaddijatou (10) y Fatoumata (5) tenían que haber ido esta mañana al instituto y al colegio en Salt (Girona). Aisa (3 años) y el bebé Aja Mama, de dos meses, hubiesen pasado la mañana con su madre. Pero ayer no era un día normal. La familia esperaba ser desahuciada y los padres querían evitar a sus hijas el mal trago de llegar del colegio y encontrarse que no podían entrar en su casa. Sentados en el sofá del salón, rodeados de fotos de familia, padres e hijas miraban con curiosidad el revoloteo de gente en el salón. Las niñas tenían ganas de que todo acabase pronto. “Esta tarde sí que vamos al cole”, aclaraba Kaddijatou en un perfecto catalán.

En abril pasado la familia no pudo pagar el alquiler del humilde piso, de 580 euros. “Aunque luego seguimos pagando, nos enviaron la notificación en septiembre”, explicó el padre, Bakary Sabally. La inmobiliaria, Rentespais Penedès (participada por Caixa Penedès) es la propietaria del piso y quería desahuciarles ayer, pero aceptó en el último momento postergarlo hasta febrero. Hasta el cónsul de Gambia se acercó a Salt para interesarse por el caso. “En mi país no le haríamos esto a nadie. Ni a extranjeros ni a gambianos”, dijo Bakary Sabally con un enfado visible. “Es una vergüenza que allí España salga siempre por esto”.

El caso de esta familia se produce en una semana especial en Salt, solo dos días después de que todos los grupos políticos votaran por unanimidad declarar la localidad “libre de desahucios”. La moción, aprobada este lunes a propuesta de CIU y PSC, fue criticada desde un primer momento por los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) al considerarla “cosmética” e inútil. “Lo que tienen que hacer es poner a funcionar la mesa de coordinación por el derecho a la vivienda”, opina Marta Afuera, portavoz de la PAH. Esta mesa, en la que participan Cáritas, el colegio de Abogados, la PAH y los grupos políticos, funciona en Girona de forma bastante efectiva, según los implicados. “En Salt se creó hace un año pero no se ha convocado nunca”, explicó Iolanda Pineda, exalcaldesa del PSC y concejal.

Sabally y su mujer, Chaku Dibba, llevan más de 20 años en la provincia. En 2005 vendieron el piso en el que vivían en Girona y se trasladaron a Salt. Con lo que ganaron en esta operación dieron la entrada para un piso y fueron pagando la hipoteca hasta que Sabally perdió el trabajo en el matadero donde estaba contratado. En 2009, consiguieron que Caixa Penedès se quedase con la vivienda y ellos siguiesen de alquiler. Dice Sabally que con ayuda de familiares y amigos fueron pagando, aunque con problemas. Durante casi un año no pudieron hacer frente al pago, por lo que acumularon una deuda de varios miles de euros, explicó un abogado de la entidad. Pero consiguieron ir tirando y que el banco les diese alternativas. Mientras sostiene los recibos en la mano, Sabally explicó que si un mes pagaban un poco menos, al siguiente se ponían al día de todo. Menos en abril pasado, que no pudieron. Y aunque en mayo sí pagaron —y en junio, julio y agosto— la inmobiliaria pidió desahuciarles, ya que llegó a la conclusión de que la familia no podría hacer frente nunca a la deuda total.

Banco Mare Nostrum, en el que se integró Caixa Penedès, ha declarado que el intento de desahucio se debió a un problema de “descoordinación interna”, ya que los desahucios “se han suspendido sine die” cuando se trate de la vivienda habitual. “Estamos intentando averiguar qué es lo que ha pasado”, ha explicado un portavoz de la entidad. “Pero ha sido un error y este desahucio queda anulado”, ha dicho.

Fatoumata garabateaba su nombre en una libreta antes de salir a curiosear al balcón. Abajo, más de 100 personas bloqueaban la entrada al piso antes de la aparición de la comitiva judicial. Los cánticos, ya tradicionales en las acciones de la PAH, se repetían. “¡Gente sin casa, casa sin gente, no se entiende!”, gritaban. Varias decenas de curiosos, muchos de origen extranjero, observaban la escena y lanzaban proclamas de vez en cuando. “¡Prohibid los desahucios!”, decía un hombre subido a una bicicleta. Pasadas las 12 de la mañana, hora fijada para al desahucio, llegaban los tres miembros de la comitiva judicial. Los activistas ya imaginaban que estos llegaban con una oferta, ya que no había rastro de policía para ejecutar la orden.

La conversación entre Afuera (de la PAH) y los miembros de la comitiva fue muy tensa. “¡Tú comes gracias a que echas a la gente de sus casas!”, le lanzó Afuera a los empleados. “Nosotros no decidimos, son los jueces”, terció el secretario judicial. Al final, escondidos en un portal para evitar las cámaras, llegaron a un acuerdo. La entidad le daba a la familia tres meses de plazo. “Estamos algo contentos porque nos dan unos meses de margen para negociar”, manifestó Afuera. “Es una pequeña gran victoria”. Sabally recibió el calor de todos los congregados y da tres veces las gracias. “Vamos a seguir luchando, seguiremos luchando para quedar libres”, exclamó. Por lo asegurado luego por el portavoz, la familia podrá esta noche dormir tranquila, puesto que en febrero tampoco le echarán de su casa.