Un montón de folios bastardos

Los adjetivos no son míos. El primero pertenece a Diego Valderas, vicepresidente del Gobierno. El segundo corresponde al presidente de la comisión de investigación sobre los ERE, Ignacio García (IU).

Desde mediados del mes de agosto, García y diputados de los tres partidos parlamentarios, PP, PSOE, e IU, interrogaron a unas cuarenta personas para dilucidar las responsabilidades políticas del mayor caso de corrupción registrado en Andalucía en muchos años: el reparto indiscriminado de fondos públicos entre prejubilados y empresas en crisis.

García presentó al cabo de ese arduo trabajo un dictamen que ha terminado en la papelera. Por razones distintas, IU y el PP lo rechazaron ayer en el Parlamento. El PSOE no pudo sacar adelante la parte del dictamen con la que estaba de acuerdo.

¿Qué ha pasado para que al final se abortara esta investigación? Muy sencillo: ninguno se ha movido ni un ápice de sus posiciones iniciales.

El PSOE ha mantenido que solo estaba dispuesto a entregar políticamente la cabeza del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, el principal imputado en el caso.

En el lado opuesto, el PP salió de caza mayor: quería las cabezas de Chaves y Griñán y de ahí para abajo varios consejeros y directores generales. Una masacre.

En una posición más equilibrada, de acuerdo con los datos aportados, IU señalaba responsabilidades políticas en dos exconsejeros, José Antonio Viera y Antonio Fernández, este último imputado y en libertad provisional bajo fianza.

Una pena que no se haya alcanzado un punto de encuentro. Porque el Parlamento andaluz, y el Gobierno de coalición PSOE-IU, tenían la oportunidad de mandar un mensaje claro a todo el país: no toleramos la corrupción, la investigamos en el Parlamento, obtenemos conclusiones lógicas y exigimos las responsabilidades políticas adecuadas.

Pero la cerrazón, en este caso, del PSOE ha impedido que se pudiera demostrar la utilidad de las comisiones de investigación. Sostener que Viera y Fernández, como pretende el PSOE, no tienen ninguna responsabilidad política es un error. Un error que viene a manchar lo que podía haber sido un éxito: que después de 17 años, en el Parlamento andaluz se investigaba y perseguía la corrupción.

Porque es de pura lógica que los dos exconsejeros citados son responsables políticos (la investigación judicial sigue su propio curso y lógica) de no haber controlado adecuadamente la distribución de cuantiosos fondos públicos por parte de la dirección general que dirigía Guerrero.

En cuanto al PP, su obsesión por manchar la impecable carrera política de Chaves y la de deteriorar al actual presidente Griñán, les ha perdido. No se entiende que haya rechazado el dictamen, beneficiando así al PSOE.

Una pena. Porque el desarrollo de la comisión ha sido ejemplar en otras cosas. La lista de comparecientes, lo demuestra. Compárenla con otras, por ejemplo, la recién constituida por el asunto del Madrid Arena, en donde fallecieron cuatro jóvenes. La alcaldesa Ana Botella ha vetado su propia participación y estas otras: la concejal que ha llevado la investigación interna, la delegada del Gobierno central, la del jefe de Policía que investigo el suceso, la de un consejero del Gobierno autónomo y la de todos los funcionarios pedidos por la oposición (salvo dos).

Por contra, por la comisión del Parlamento andaluz han pasado dos exministros, dos presidentes de la Comunidad, seis consejeros, un viceconsejero, tres directores generales, el alcalde de Sevilla, dos interventores y un puñado de técnicos. Así hasta más de 40 personas.

Una pena. Una pena que esto haya terminado en un pastiche. En un montón de folios bastardos.

@JRomanOrozco