El Parlamento fracasa al fijar las responsabilidades políticas de los ERE

El fracaso de la comisión de investigación sobre el fraude de los ERE se ha consumado hoy. Andalucía llevaba 17 años sin comisiones de investigación y ha cerrado en falso el supuesto cambio de rumbo. El Parlamento andaluz ha rechazado el dictamen final elaborado después de cinco meses de trabajo para determinar las responsabilidades políticas del caso. Comparecencias de dos presidentes de la Junta, consejeros, interrogatorios incisivos, documentación... todo resultó en vano. Las fuerzas políticas han primado sus intereses y ninguna cedió para consensuar un dictamen común que explicara las irregularidades. A la espera de una instrucción judicial que se adivina eterna, el fraude del fondo para empresas en crisis que la Junta dotó con 721 millones carece de responsables políticos. Y es que la Cámara no ha señalado a nadie por culpa de las diferencias de criterio de los tres grupos políticos (PP, PSOE e IU).

El presidente de la comisión, Ignacio García (IU) lo expresó con claridad el pasado martes: “Siento vergüenza. No es conveniente dejar pasar esto como si nada hubiera pasado”. Hoy ha insistido ante los diputados en el Pleno del Parlamento: “Del resultado surgirá una decepción para el pueblo andaluz que debemos reparar de una forma u otra. Minará la credibilidad en sus instituciones”. El desenlace fue paradójico: IU (socio de coalición del PSOE en la Junta) votó en contra del texto propuesto junto al PP. La extraña alianza dejó solos a los socialistas, cuyos 47 votos fueron insuficientes para sacar adelante el dictamen (61 votos en contra).

La discrepancia esencial reside en el nivel de responsabilidad política. El PP considera que toda la cúpula de la Junta es responsable de las irregularidades, incluidos el presidente José Antonio Griñán y su antecesor Manuel Chaves, además de otros 13 altos cargos. Mientras, IU fijaba las responsabilidades en los exconsejeros Antonio Fernández (imputado en el caso) y José Antonio Viera (diputado socialista a Cortes). Y por su parte el PSOE limitaba el fraude a la turbia gestión del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado del caso judicial, junto al ex interventor general, Manuel Gómez.

El presidente de la comisión había presentado un dictamen final con 196 artículos, pero la semana pasada los votos de PSOE y PP tumbaron 68 de estos artículos que dejaban fuera aspectos clave para entender las irregularidades sucedidas en la Consejería de Empleo entre 2001 y 2010. El PP no se conformaba con parte del pastel y votó en contra de todos los artículos. Y el PSOE se abstuvo en la votación de algunos, votó en contra de otros y aprobó solo uno de los tres bloques establecidos. El dictamen final devino en una versión descafeinada que solo contentaba al PSOE, principal fuerza perjudicada por el escándalo.

García ha subrayado que las modificaciones del PSOE y PP habían “mutilado” el texto inicial que él redactó en un 20% los hechos investigados y un 60% de las conclusiones.

El portavoz de IU, José Antonio Castro,  ha sido el único que hizo autocrítica: “Hemos de reconocer que hemos fracasado. Teníamos un mandato para investigar y que la ciudadanía conociera quiénes permitieron el fraude como responsables políticos. Ese mandato se perdió en los pasillos e imperó el tacticismo partidista”. Castro ha criticado al PP por llevar a cabo una estrategia nacional para que naufraguen las comisiones de investigación para casos como el de Bankia o el pabellón Madrid Arena. “El PP ha apostado por el descrédito de la política, por eso han roto la balanza. Y el PSOE se ha puesto una banda en los ojos”, ilustró. Castro ha censurado que el dictamen final dejara fuera evidencias del fraude como las altísimas comisiones pagadas a los intermediadores, la concentración de subvenciones en una sola comarca sevillana de 30.000 habitantes y que el convenio marco de las ayudas hubiera caducado, lo que impedía el apoyo de IU al texto.

La portavoz socialista, Antonia Moro, ha resaltado “la transparencia” que supuso la comparecencia de dos presidentes de la Junta, y la “coherencia” de su grupo para defender el dictamen que condenaba solo a Guerrero.

El portavoz del PP, Carlos Rojas, ha repetido como un mantra que Griñán debía dimitir tras desoír las 15 advertencias que en su día emitió la Intervención General de la Junta. “Ha quedado probado que el señor Griñán cebó sin descanso la partida [el fondo de los ERE] Dimita ya”, le ha espetado.

El PP andaluz ha convertido el caso de los ERE en su mayor arma política contra el presidente Griñán, al que acusa de haber ampliado el fondo durante sus años como exconsejero de Economía. El parón de tres meses en la instrucción judicial por enfermedad de la juez instructora Mercedes Alaya no ha frenado a los populares en su apuesta porque la investigación les conceda réditos políticos que minen al Gobierno de coalición PSOE-IU. De ahí que no hayan querido ceder ni un milímetro en sus conclusiones y rehusaran rebajar las responsabilidades políticas por debajo de Griñán.