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CLAUSTRE OBERT

Pedro Viguer: “El decreto sobre los desahucios solo retrasa lo inevitable”

El juez decano de Valencia cree que la ciudadanía sobrepasa la política

El vicerector de Cultura, Antonio Ariño, con Illueca, Barona, Bosch y Viguer.
El vicerector de Cultura, Antonio Ariño, con Illueca, Barona, Bosch y Viguer.

El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, considera que la política se ha visto sobrepasada por la ciudadanía en el drama de los desahucios. Viguer participó ayer en Claustre Obert, un foro de debate creado por la Universitat de València y EL PAÍS, junto con el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, y el investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Manuel Illueca para analizar la cuestión de las hipotecas y los desahucios.

En su intervención, Viguer advirtió que el real decreto arbitrado por el Gobierno de Mariano Rajoy para atajar el drama de los desahucios es “una solución de urgencia, un primer paso que no se puede quedar ahí” y admitió que la reforma de las leyes que ahora regulan el desahucio debe estar presidida por el sosiego, pero el real decreto “solo retrasa lo inevitable”.

El debate —seguido con atención por el numeroso público y moderado por la vicerectora de Comunicación de la Universitat, Silvia Barona— sirvió para evidenciar la necesidad de reformar con urgencia una legislación obsoleta, pero también para poner en cuestión algunas de las alternativas propuestas como la dación en pago.

El profesor del IVIE y de la Jaume I Manuel Illueca aseguró que “la dación en pago es un error” porque reduciría el acceso al crédito, personas que pueden pagar dejarían de hacerlo y crearía un problema sistémico. Por eso, Illueca optó por facilitar los acuerdos entre las partes y utilizar el recién creado banco malo como instrumento para impulsar políticas sociales.

Bosch pide regular la dación en pago e Illueca considera que sería un error

Bosch, en cambio, defendió la posibilidad de la dación en pago, pero advirtió que habría que regular esta opción. “Si hay voluntad hay un camino”, explicó el portavoz de Jueces para la Democracia, que defendió una moratoria para las familias que no pueden afrontar los pagos.

“Es necesaria una legislación que regule el sobreendeudamiento de las familias, en la que un juez pueda aplazar pagos o aplicar quitas”, indicó Joaquim Bosch.

Por su parte, el juez decano de Valencia argumentó que la dación en pago “no es la panacea y sería la última opción”, pero recordó que Portugal la admite en ciertos casos y que otros países como Francia, Grecia, Alemania o Estados Unidos tienen regulados los desahucios. “No se trata de fríos números, detrás de cada expediente hay personas”, recordó Viguer.

El juez no ocultó su sorpresa por el hecho de que el anexo de un informe interno encargado por el Consejo General del Poder Judicial, dedicado a los abusos del sistema de desahucios y redactado por él, pudiese haber provocado semejante cataclismo social. El juez decano indicó que, a la vista del resultado, probablemente los jueces tendrían que hacer oír más su voz porque a los juzgados llega buena parte de la realidad social y los jueces se ven con las manos atadas para anular cláusulas consideradas abusivas.

En este contexto, Bosch advirtió que no hay un sistema legislativo que reconozca el derecho a una vivienda digna reconocido en la Constitución.

Illueca, por su parte, se quejó de la falta de datos estadísticos de calidad en materia de desahucios y denunció la existencia de un fallo en el sistema de supervisión de la concesión de hipotecas en España. “Los datos no distinguen el tipo de deudor y necesitamos una cifra correcta”, afirmó el profesor de la Universitat Jaume I, que explicó que el 88% de las hipotecas se realiza sobre la primera residencia, que un 19% de las mismas está avalada por terceros y que, hasta un 60% de las hipotecas morosas, se acaban por acabar de pagar.