López-Sors justifica no acercar el barco porque no es obligación del Estado

El duelo para determinar con una sentencia quién pagará la multimillonaria factura de la catástrofe del Prestige, cifrada en 4.442 millones de euros por la fiscalía, protagonizó ayer el duro interrogatorio al que los abogados de la propietaria liberiana del petrolero, Mare Shipping, sometieron al exdirector de Marina Mercante José Luis López-Sors. Fue una incisiva y tensa sucesión de preguntas y respuestas en el que el único representante público del Estado español imputado llegó a mostrarse molesto, enfadado e incluso “ofendido”. Pero a la vez, al igual que lo hizo en semanas anteriores el capitán del petrolero y principal acusado, también entró en múltiples contradicciones y recurrió a argumentos inéditos en estos diez años.

Fiel a su defensa encendida de que “era menos dañino” su inicial “consigna” de que el barco fuera alejado mar adentro “hasta hundirse”, López-Sors insistió en blandir el derecho de un Estado costero “a negar un puerto de refugio” a un barco en estado de emergencia. Por mucho, según remarcaron la defensa de Mare Shipping, que lo estuviera durante seis largos días, navegando herido y vertiendo fuel en medio de un temporal.

López-Sors incidió en las razones que hacían inviable llevar al petrolero ya herido a una ría, como la de Ares o Corcubión, o a un puerto. El de A Coruña, que acoge instalaciones de la refinería de Repsol, era “el único de Galicia que podía afrontar una descarga rápida” del fuel, reconoció López-Sors. Pero descartó la opción por “insegura” basándose en una única consulta con el práctico del puerto coruñés. Éste “se negó” aunque tampoco tajante, admitió López-Sors: “Confieso que lo negó como suelen hacerlo los prácticos, que vienen de la Armada: asuman ustedes la responsabilidad y yo lo intento”.

Para el funcionario ya jubilado, la culpa del “rumbo errático” que llevó a la Audiencia de A Coruña a sentarlo en el banquillo de los acusados no fue suya, por negar un puerto refugio sino de Smit Salvage, la empresa rescatadora contratada por el armador y que tomó el mando del Prestige a los dos días del accidente. Incluso acusó a los rescatadores de “poca diligencia” y haber incrementado “los vertidos” de fuel.

El letrado de Mare Shipping acusó por la contra al exalto cargo del Gobierno de “prefabricar un desastre enviando a la tormenta” el barco y en días sucesivos tratar por todos los medios de “intentar vestir el santo”, es decir, su orden inicial de alejar el petrolero sin darle destino alguno, salvo alta mar. López-Sors admitió que no se siguió el Plan Nacional de Contingencias, ni se convocaron expertos y especialistas previstos en estos casos para ayudar a las autoridades a gestionar la catástrofe, evaluar el estado del barco y determinar el alcance de la contaminación inicial, que también se hizo de forma visual, sin apenas datos. Pero se defendió con fuerza por ello: “Lo que hace falta no es constituir ningún órgano asesor, sino apagar el fuego, teníamos que resolver con eficacia y no había tiempo”.