Huelga total de la sanidad madrileña

Ha habido otras huelgas en la sanidad madrileña. Y protestas, y manifestaciones. Pero nunca la comunidad sanitaria había estado más unida que ahora. El rechazo al plan del Gobierno regional es unánime: desde el Colegio de Médicos, vetusta institución poco dada a las críticas en público, hasta los sindicatos en bloque, pasando por las sociedades científicas. Todos están en contra del llamado Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, anunciado el 31 de octubre junto con los Presupuestos de 2013: supone un cambio radical del modelo sanitario, que avanza como nunca hacia la privatización. Todo el sector sanitario público (75.000 trabajadores) está llamado a la huelga: desde los pinches de cocina hasta los cirujanos. Por primera vez, los seis sindicatos de la mesa sectorial se han puesto de acuerdo.

Los paros están convocados hoy y mañana, y los días 4 y 5 de diciembre. Llaman a la huelga tanto los sindicatos de clase (CC OO, UGT, CSIT-UP) como los profesionales (Satse, de enfermería; Amyts, de médicos, y Usae, de auxiliares de enfermería). Y coinciden con otra convocatoria, la de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), en este caso de huelga indefinida, a partir de hoy, de lunes a jueves. Afem es una asociación nacida hace unos meses que agrupa ya a cerca de un millar de médicos madrileños y que ha decidido las acciones de protesta en asamblea.

La Consejería de Sanidad ha advertido este fin de semana de que la huelga podría afectar a las citas programadas de los pacientes y ha pedido a los ciudadanos que hagan un uso responsable de los servicios de urgencias. Los hospitales contarán con el mismo personal que en un festivo. En los centros de salud grandes (más de cuatro médicos de familia) habrá dos facultativos, dos enfermeras y un administrativo para atender urgencias. En los pequeños, solo uno de cada categoría.

La marea blanca, que el 18 de noviembre demostró en una manifestación multitudinaria su poder de convocatoria, no decae: a los encierros de protesta en más de 20 hospitales se han ido sumando en los últimos días centros de salud como los de Fátima y General Ricardos, en Carabanchel. Trabajadores de cerca de un centenar más, en toda la región, tienen previsto encerrarse a partir de esta noche. Los médicos de Afem se desplazarán a centros sanitarios a explicar sus razones para hacer huelga y donarán sangre, según anunciaron en un comunicado. El lema de su protesta es: “Somos médicos, somos pacientes; la sanidad es de todos, defiéndela”.

El plan del Gobierno regional que ha incendiado la sanidad madrileña consiste, entre otras cosas, en la privatización total de la gestión de los seis hospitales que se inauguraron en 2008. Actualmente son empresas públicas de gestión mixta: toda la actividad no sanitaria depende de compañías que cobran un canon anual del Gobierno regional, mientras que el personal sanitario lo pone la Administración. La Comunidad de Madrid ha anunciado que disolverá las empresas públicas del hospital Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez), y sacará a concurso la gestión sanitaria, lo que quiere decir que médicos y enfermeras pasarán a estar contratados por empresas.

Si bien la gestión privada ya no es una novedad en la región —los hospitales de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Torrejón de Ardoz son concesiones administrativas—, el plan de Ignacio González la introduce por primera vez también en la atención primaria. Según sus planes, 27 de los 270 centros de salud se “externalizarán”: su gestión se sacará a concurso para adjudicarla a profesionales agrupados en sociedades o a empresas del sector. El objeto de las medidas es, según la Comunidad, el ahorro. La gestión privada, argumentan, es más eficiente.

La plataforma que agrupa a los directores de los centros de salud ha rechazado el proyecto, porque supone “un cambio radical en el modelo de asistencia sanitaria vigente sustituyendo la gestión pública por un modelo de gestión privada, cuyo objetivo prioritario no puede ser otro que la obtención de beneficios económicos, por encima del interés sanitario actual de ofertar una atención de calidad que responda a las necesidades reales de los ciudadanos”, aseguran en un comunicado.

Cerca de 600 jefes de servicio de una veintena de hospitales enviaron la semana pasada una carta al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en la que aseguran que “el cambio radical” en el modelo de gestión que se propone “no tiene evidencia previa ni garantía que vaya a suponer un ahorro real para los ciudadanos”. “Tenemos todas las razones para mantener dudas sobre la efectividad de esta medida, que nos parece aventurada, por incierta y arriesgada”, afirman, y añaden que “hay razones para pensar que puede conducir a una falta de equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias de los pacientes”. Reiteran, por último, “el rechazo al conjunto de medidas del plan”.

La única respuesta que ha obtenido esa carta no procede del consejero, sino del director general de Hospitales, Antonio Burgueño, que en un texto de 10 páginas trata de justificar las medidas: “Por primera vez, en nuestros hospitales se van a dar las circunstancias para fidelizar a un enfermo, a su entorno familiar y su entorno de amigos detrás de un profesional”, asegura. “¿Dónde están los beneficios?”, pregunta, en contestación a quienes afirman que las empresas tratarán de aumentar sus ingresos reduciendo personal. “No están en hacer las tareas con menos gente, sino en hacer más tareas con los mismos recursos”. “La consecuencia de paralizar una gran parte de consultas, de quirófanos y de servicios centrales es de una responsabilidad tal que no se puede centrar en decir al Gobierno ‘no negociamos, retire usted las medidas”, termina su carta Burgueño.

El presidente, Ignacio González, aseguró el viernes que la huelga sanitaria “no está justificada” porque “nada de lo que está detrás” de ella es “verdad”. “Nosotros no estamos privatizando la sanidad ni estamos cerrando hospitales ni estamos desmantelando nada”, aseguró. Una de las medidas previstas es cerrar un hospital público, el Instituto de Cardiología, antes de final de año, aunque esta decisión no aparece en el plan regional ni se ha anunciado públicamente.