“Yo de mi casa no me voy”

Ángel Varas, de 81 años, espera de pie en la puerta de su vivienda, en la calle de la Madera, 24. Su semblante transmite preocupación. Sus ojos azules y arrugados hablan de tristeza e impotencia, pero también de lucha. Están a punto de vender la casa en la que ha vivido desde hace más de 20 años. El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Ana Botella (Partido Popular), ultima la venta de cinco edificios a la inmobiliaria Renta Corporación en los que viven 116 familias en régimen de alquiler a bajo precio. A esos inquilinos se les ha negado la opción de compra de sus viviendas, pese a que tenían ese derecho por contrato. A partir del 12 de diciembre deberán entregar sus llaves. El Ayuntamiento promete realojarlos en otros pisos pero lejos del barrio en el que han pasado media vida.

Los inmuebles afectados se encuentran en la carrera de San Francisco (35 viviendas, valoradas en 6,7 millones en total), la calle Embajadores (24, por 3,4 millones), la calle San Cayetano (52, por 7,3 millones) y la calle de la Madera (19, por 3,5 millones). De esos 130 pisos, rehabilitados con dinero público, 117 están ocupados por familias que, pese a que son viviendas libres, pagan un alquiler social por debajo del precio de mercado.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) se ha comprometido a ofrecer a sus inquilinos pisos “de similares características”, tanto en régimen de alquiler como de compra, pero en otros distritos. El portavoz municipal de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, señaló esta semana que el 40% de los afectados son personas mayores a las que “se les va a crear un trauma, sacándoles del lugar donde han pasado toda su vida”. El consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, respondió que “la necesidad de vivienda no es territorial sino vital”, y por tanto, en su opinión, dónde se encuentren los pisos es lo de menos.

Los vecinos se han puesto en pie de guerra y ya han anunciado resistencia. “Yo de mi casa no me voy”, dice Pepita Ramírez, de 72 años, sentada en el pequeño jardín de la finca que comparte con el resto de vecinos de la calle de la Madera. En su edificio vivió el compositor Luigi Boccherini y quién sabe si fue allí, quizás, en ese jardín acompañado por un naranjo y una fuente mozárabe, donde creara la zarzuela La Clementina.

Ángel suspira. No es la primera vez que se encuentra en esta situación. En los años noventa lo realojaron en Madera después de una lucha de tres años en su antigua vivienda, en la calle del Almendro. “Declararon mi casa en ruinas y nos dieron 15 días para irnos”, recuerda lo que ocurrió entonces, justo antes de descalificar lo que sucede con la finca en la que vive ahora: “un pelotazo urbanístico”. Pepita lo mira y asiente resignada.

De esta última, se enteraron hace tres semanas. “Vinieron los asistentes sociales de la EMVS. La gente mayor lloraba porque les dijeron que los próximos propietarios no respetarían sus contratos y que lo mejor sería aceptar un realojo”, afirma Sol Alonso, otra inquilina afectada en el edificio de la carrera de San Francisco, 46. “A algunos les han dado fecha para que entreguen las llaves”, señala.

Pepita es una de ellas. En la carta que recibió pone que el próximo 12 de diciembre tiene que presentarse en la oficina con las llaves. “Se extralimitaron con los mayores. A los más jóvenes no nos dijeron ni pío”, lamenta otro de los afectados, Salva Martí. “Yo no me creo nada, salta de pronto la mujer de Ángel, Loli Carrasco.

Un portavoz de la EMVS intenta calmar los ánimos y asegura que a las personas mayores —colectivo más numeroso en los edificios en venta— intentarán realojarlas en el distrito centro. “Ojalá tuviésemos casa para todos en este barrio, pero no es así”, declara la empresa, que también defiende que es libre de vender porque las viviendas no son de protección oficial.

“Da igual que no sean de protección oficial”, contradice Montserrat Eiriz, una de las abogadas que trabaja con los vecinos. “Sus alquileres se rigen por el Decreto 100/86. Esto significa que, por contrato, les deberían haber ofertado las viviendas primero a ellos”, concluye quejándose de la poca transparencia del proceso. La EMVS responde que no tiene por qué ofertar las viviendas a los actuales inquilinos porque están vendiendo el edificio en bloque. “Eso no es verdad”, sostiene la abogada. “He comprobado que hay locales que pertenecen a otros propietarios. No venden en bloque”, asegura.

El Ayuntamiento planea ingresar con esta operación 21 millones de euros. “Ante la situación económica actual, se plantea como una opción positiva para mantener la acción social de la EMVS”, explicó Fermín Oslé. Sin embargo, Botella ha decidido ya dejar de construir viviendas sociales, de forma que la EMVS queda a partir el año que viene sólo para gestionar los pisos que tiene en alquiler. O para vender algunos de ellos y “hacer caja”, como ha denunciado el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que acusa a alcaldesa de actuar como “la presidenta de un banco malo”. “Esto es una situación digna de Charles Dickens. Ahora viene la casera Botella y les dice que se van a la calle porque al tener mucha deuda tenemos que hacer caja”, añadió, en referencia a la causa de esta situación: la precaria situación económica del Ayuntamiento tras los ocho años en la alcaldía del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Renta Corporación tiene como consejero independiente a Ignacio López de Hierro, esposo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El Ayuntamiento lo ha calificado de “coincidencia”, y la propia empresa ha asegurado que López del Hierro “no ha tenido ninguna participación ni en el estudio, ni en la negociación, ni en la formalización del acuerdo”. Ha matizado además que la operación no está cerrada, sino que se “está estudiando la viabilidad del proyecto, supeditada al cumplimiento de ciertas condiciones”.

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, señaló que, según un informe de una asesoría contable, la capacidad económica de Renta Corporación es de 1 sobre 10, es decir, la mínima, y su situación es “muy próxima a la insolvencia, con un riesgo muy elevado de impago”. Abogaba por ello a vender los pisos a sus inquilinos. Estos lo solicitaron hace años, pero el Ayuntamiento les respondió en mayo de 2007 que “era imposible” al “carecer las viviendas de la calificación necesaria para proceder a su venta”. Los pisos son libres, y como tales han sido vendidos ahora por el Gobierno municipal.

El contrato de opción de compra firmado el 18 de octubre de 2012 por la EMVS y Renta Corporación establece que, si la empresa se echara atrás, perdería 60.000 euros por cada inmueble, hasta un límite de 300.000. A eso se agarró Fermín Oslé para decir que, si la venta se frustra, al menos el Ayuntamiento habrá ingresado dinero. Aunque haya sido a costa del bienestar de los inquilinos.

El Ayuntamiento se ha reunido con ellos para señalarles que no están obligados a abandonar sus casas hasta que su contrato venza; después, dependerá del nuevo propietario establecer el precio del alquiler, que en algunos casos se reducía ahora a 10 euros al mes. La portavoz socialista para temas de Vivienda en el Congreso, Leire Iglesias, considera esta operación “el colmo del cinismo, la desvergüenza y la indecencia política”, y ha pedido explicaciones tanto a Botella como a la propia Cospedal, pues la operación, “ya sea legal o ilegal, no deja de ser una indecencia política”.

Rafa Olmo, del inmueble de la carrera de San Francisco, intentó comprar su vivienda en 2004. También Sol Alonso y otros inquilinos de las cinco fincas afectadas. “Nos contestaron en 2007: ‘Lamentamos comunicarle que (…) es imposible acceder a su solicitud de venta'. Y ahí terminó. Nunca me volvieron a hacer una oferta como prometieron en la carta”, recuerda Rafa, indignado ante la situación. La EMVS responde a esto que “son otros tiempos” y que en 2007 “no procedía” la venta.

Ángel camina por Gran Vía con agilidad, a pesar de su edad. Se dirige a la primera reunión colectiva de vecinos afectados. Quieren formar una plataforma para ser más fuertes en los tribunales en caso de que la situación termine en juicio. El encuentro transcurre entre caras largas y aportaciones con voz quebrada. Empiezan a discutir la hoja de ruta que van a seguir hasta el 18 de enero, día que finaliza el contrato de opción de compra. La lucha ha comenzado.