Los grupos bloquean en el Parlamento el dictamen sobre el fraude de los ERE

Rotundo fiasco. El Parlamento cerrará el próximo miércoles la comisión sobre los ERE sin un dictamen final consensuado por los tres grupos políticos de la Cámara (PP, PSOE e IU). Un fracaso del Parlamento en el que las fuerzas políticas han sido incapaces de ponerse de acuerdo para determinar las responsabilidades políticas del fraude de los ERE, que investiga en paralelo la juez Mercedes Alaya.

Los tres partidos han primado sus intereses y ninguno ha cedido para encontrar los puntos en común para construir un relato coherente sobre cómo se produjeron irregularidades tan graves como las detectadas en la Consejería de Empleo entre 2001 y 2010.

Después de 17 años sin comisiones de investigación, el Parlamento cerrará sin frutos la de los ERE. Dos de los tres grupos políticos (IU y PP) han anunciado que rechazarán el texto y solo el PSOE aprobará el dictamen que propondrá el presidente de la comisión en el pleno de esta semana. Han sido cinco meses de comparecencias de políticos y empresarios, y estudio de complejos documentos, para volver al principio: a tres relatos diferenciados sobre el fraude. Al menos ciertos responsables se retrataron con sus silencios, gestos y preguntas, en unas sesiones donde de fondo pesaron como una losa las imputaciones judiciales. Un consuelo menor, dado que la principal conclusión de la comisión es que no hay responsables políticos plasmados en un dictamen final, sino solo tres propuestas de dictamen.

El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), presentó el jueves pasado un dictamen con 196 artículos, pero los votos de PSOE y PP lograron que se suprimieran 68 de estos artículos, una clave para explicar el fraude con cierta coherencia. El PP votó en contra de todos los artículos y el PSOE se abstuvo en la votación de algunos, votó en contra de otros y solo aprobó uno de los tres bloques establecidos.

Izquierda Unida ha avanzado esta mañana su voto contrario al texto aprobado por la comisión y puso la puntilla al dictamen final al sumarse al rechazo anunciado por el PP. Resultado: no habrá dictamen final y sí tres propuestas diferentes con tres niveles de responsabilidad política. Desde el PP que la eleva a la cúpula del Gobierno andaluz con el presidente José Antonio Griñán y su antecesor Manuel Chaves, hasta IU, que la rebaja a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Mientras, el PSOE rebaja la responsabilidad política del fraude al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, con cierta responsabilidad técnica que achaca al ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez.

“No emitiremos ningún respaldo a un dictamen bastardeado. Es una fotografía esperpéntica por culpa de la connivencia del PP y PSOE y critico su tacticismo partidista. Hay gente que no se ha movido ni un ápice. La sociedad tiene que saber quién se ha cargado un maravilloso trabajo de la comisión”, elogió el coordinador de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.

“El problema es el Partido Popular, que tendrá que dar explicaciones de por qué ha votado junto al PSOE”, ha incidido Valderas. El presidente de la comisión censuró el texto descafeinado que rechazará el Parlamento: “Es un pastiche incoherente como resultado de recortes y refritos. Se ha eliminado la selección de aseguradoras sin control, el cobro de comisiones de hasta el 29% en los ERE, o la concentración de ayudas en una comarca de Sevilla (...) No nos parece ético mutilar sus advertencias sobre los compartimentos estancos del Gobierno andaluz y su falta de comunicación”, censuró García. A pesar del duro ataque del ex interventor general Manuel Gómez, que tildó de “crédulos” a los diputados de IU, García ha señalado que no le parecía ético eliminar las 15 advertencias que emitió Gómez a los altos cargos de la Junta, y mantener en el dictamen las referencias críticas a su labor de vigilancia. El enfrentamiento entre Gómez y la Junta se ha recrudecido en las últimas semanas tras los ataques recíprocos entre Griñán (ante la comisión) y Gómez (a través de duros escritos).

El vicesecretario del PSOE, Mario Jiménez, ha defendido la “coherencia” de su grupo en la comisión. Pero no han sido solo los socialistas. Esa “coherencia” ha estado en boca de los diputados de IU y PP las últimas semanas. Los populares no querían rebajar la responsabilidad y exculpar a la cúpula del Gobierno andaluz por “coherencia”, cualidad alegada por la coalición de izquierdas para limitar el fraude a los exconsejeros. El PP no desveló a los otros grupos su estrategia de rechazo frontal al dictamen. Mientras, el PSOE ocultó que quería votar tantos artículos por separado, lo que imposibilitaba contar con el apoyo de IU, dado que mutilaba su propuesta de dictamen. Y la coalición de izquierdas no marcó el paso ni ató de antemano su estrategia para evitar el chasco final.

Ayer un abogado de la causa judicial comentaba con regodeo: “Esto nos viene de perlas. Si ni siquiera los políticos se ponen de acuerdo sobre las responsabilidades políticas, ¿cómo puede exigirse consenso para las responsabilidades penales?”. La batalla parlamentaria ha fracasado, a la judicial le queda un largo recorrido.