Opinión
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Un accidentado viaje a Ítaca

El viaje a la Ítaca soñada será mucho más accidentado de lo que había previsto Artur Mas. Las elecciones catalanas convocadas por CiU en clave plebiscitaria han supuesto un duro revés para la federación nacionalista. Cuando Convergència decidió subirse a la ola soberanista de la manifestación de la Diada su objetivo era capitalizar ese impulso. Su intención era convertirlo en un propulsor de voto, que llevara a la federación a conseguir “una mayoría extraordinaria”. Pero los resultados del 25-N indican que gobernar la nave no va a ser tan fácil y habrá riesgo permanente de motines a bordo.

A lo largo de la campaña, CiU procuró curarse en salud. Primero Mas reclamó una mayoría extraordinaria, luego se conformó con aumentar ligeramente sus 62 diputados y, en la recta final, bastaba con triplicar en escaños a la tercera fuerza política. Pero los recortes sociales y la desconfianza de los sectores más soberanistas en el historial de ductilidad nacional convergente han dado al traste con las intenciones de Mas. Parte del voto soberanista se ha centrifugado a opciones como Esquerra Republicana o la nueva Candidatura d' Unitat Popular (CUP).

Es cierto que la federación nacionalista ha tenido que superar el juego sucio —el famoso informe fantasma policial— alentado desde el Gobierno central. El polémico texto aún sin pruebas era verosímil en el contexto catalán; no en vano el juez del caso Palau impuso el pasado mes de julio una fianza de 3,3 millones a Convergència, que se vio obligada a pagar aportando su sede central. El objetivo que se perseguía desde las cloacas del Estado era evitar la mayoría absoluta de CiU, redistribuir el voto soberanista, complicando así la hoja de ruta que Mas perseguía con una cómoda mayoría absoluta. La federación nacionalista empleó los ataques desde el PP como elemento cohesionador hacía su candidatura, en términos similares al caso Banca Catalana. Pero no generó confianza, como tampoco la han cosechado los recortes sociales en estos dos años de corta legislatura. El Gobierno de Mas ha mostrado desde 2010 su inflexible voluntad de recortar: el compromiso de reducir el paro a la mitad se ha traducido en un mayor número de desocupados, que han pasado de 686.000 a 821.000. Los 230.000 empleados públicos han visto mermar sus ingresos entre un 5% y un 15%; el número de pacientes que están en lista de espera ha subido de 56.000 a 80.000 personas; además, el Ejecutivo ha endurecido el acceso a la renta mínima de inserción, vetando el acceso al subsido a más de 7.000 familias.

Los recortes y el recelo de los más soberanistas han dado al traste con la apuesta de Mas

Ahora Mas no tiene un camino de rosas. La primera prueba será la investidura y luego los presupuestos. La hoja de ruta soberanista será mucho más coral de lo que CiU había previsto y los recortes más difíciles de aplicar.

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