Presión callejera contra el desahucio

El traspié de Rocío García se remonta a principios de 2010. Esta sevillana de 35 años decidió dejar su empleo como ayudante de catering en el Aeropuerto de San Pablo para poder pasar más tiempo con sus dos hijos. “Fue lo peor que hice en mi vida”, se lamenta García. Dos años después, vive en un garaje con el mayor de sus hijos, que tiene ahora 11 años. La pequeña, de cinco, está con el padre. “A la niña no me la quiero llevar al garaje”. Con una cama, un frigorífico y un hornillo portátil se tiene que apañar.

Esta mujer abandonó su casa en diciembre de 2010. Tras los requerimientos del banco y del juzgado por el impago de la hipoteca, decidió entregar las llaves del piso. Cuenta que la vivienda ya se ha vendido y que ella debería seguir pagando la hipoteca que solicitó por el piso del que fue expulsada. Pero no lo hace, porque desde 2010 no ha vuelto a encontrar trabajo. “Vivo solo con la ayuda de mi familia”. Ya no cobra el paro, ni recibe ayudas sociales…

Rocío García es una de las afectadas por los desahucios que ha participado este sábado en la jornada reivindicativa que se celebró en Sevilla por el derecho a la vivienda. Al grito de “sí, se puede” activistas de toda Andalucía del 15-M, Stop Desahucios y Plataforma de Afectados por las Hipotecas, entre otras organizaciones, se concentraron en la plaza del Pumarejo para compartir experiencias. Por la tarde, alrededor de 500 personas participaron en una manifestación por las calles de la capital.

“La única forma que hay para que el Gobierno se interese por el problema de la vivienda es que la gente esté en la calle”, resume Antonio Buenavida, portavoz de la comisión de Vivienda del 15-M en Sevilla, una de las organizadoras del encuentro en Sevilla. La presión social y callejera son las mejores armas que tienen ahora los activistas contra los desahucios. Esa presión, que ha encontrado una buena acogida entre algunos sectores de la justicia, fue la que movió al Gobierno central a aprobar hace unos días el decreto que retrasa dos años los lanzamientos. Pero los activistas contra los desahucios creen que la norma se queda muy corta, ya que solo afecta a casos extremos.

Las familias no son responsables de esta crisis y muchas veces sienten culpa y vergüenza

Elena Cortés, consejera de Fomento

Su lucha continúa y la concentración de ayer en Sevilla podría ser el germen para una plataforma andaluza contra los desahucios, según detalla Inma de Pando, del 15-M en Sevilla.

Han logrado algunas victorias puntuales. Fundamentalmente, la paralización de desalojos. Stop Desahucios de Córdoba ha conseguido frenar en el último año tres lanzamientos y ha logrado que, en 12 casos, las entidades bancarias acepten la dación en pago y el alquiler social, que evitan las expulsiones.

Estas organizaciones, además, han conseguido convertirse en interlocutoras con la Junta de Andalucía. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), se ha reunido ya en varias ocasiones con ellos para abordar este conflicto. El discurso de Cortés, que apuesta por “romper la neutralidad” de las Administraciones, se acerca mucho al de estas organizaciones cuando habla de una “violación sistemática del derecho a la vivienda” por parte de las entidades bancarias.

Su departamento decidió en junio paralizar los lanzamientos en el parque público de viviendas de la Junta. Pero, quizás, el paso de más calado es el de convertir a la Administración en intermediaria entre los afectados y las entidades bancarias. La consejería ha abierto oficinas de atención en las ocho provincias andaluzas. En el primer mes de vida, alrededor de 300 personas acudieron en busca de asesoramiento.

Cortés opina que el cambio puede ser “radical”, ya que a los afectados les será más fácil negociar aplazamientos o fórmulas alternativas si está presente la Administración. “Las familias no son responsables de esta crisis”, opina Cortes, “y muchas veces sienten culpa y vergüenza”.

Esas dos mismas palabras son las que utiliza Diana Armijos, una ecuatoriana de nacimiento que lleva desde 1999 en España, donde han nacido sus dos hijos. Armijos acaba de tomar la decisión de dejar de pagar la hipoteca. “No podemos pagar 600 euros al banco y quedarnos solo con 300 para el resto de gastos”, explica Armijos, cuyo marido está en paro desde el año pasado. Ambos han acudido a las organizaciones de lucha contra los desahucios y a la Consejería de Fomento y Vivienda para que les ayuden a negociar con el banco. “La última solución que nos han ofrecido es darnos un crédito de 8.000 euros. No lo entendemos”.

La consejera Cortés reclama al Gobierno central que convoque una conferencia sectorial ante la “emergencia” que se está generando. La responsable de Fomento y Vivienda de la Junta también entiende que el decreto recién aprobado por Ejecutivo de Mariano Rajoy “no viene a solucionar el problema”.

Cortés critica otras actuaciones más puntuales. En las reuniones con los colectivos antidesahucios, los activistas le han trasladado su preocupación por las “multas” que las subdelegaciones de Córdoba y Granada está imponiendo a los que participan en las concentraciones ante las entidades bancarias como forma de protesta por las amenazas de desahucios. “Es algo bastante indigno, intentan meter miedo a los ciudadanos”, opina la consejera de la Junta de Andalucía.