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El diputado Hernández Mateo afronta otra imputación pendiente de sentencia

El exalcalde de Torrevieja está a la espera de conocer el fallo por prevaricación

La nueva causa remitida al Tribunal Superior valenciano se debe a su negativa a convocar plenos

Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado autonómico valenciano, en octubre durante su anterior juicio.
Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado autonómico valenciano, en octubre durante su anterior juicio.

Pedro Ángel Hernández Mateo, que fue alcalde de Torrevieja durante dos décadas y sigue siendo diputado autonómico, representa un caso único en el muy cargado de casos de corrupción panorama político valenciano. Hernández Mateo está a la espera de conocer la sentencia de un juicio por prevaricación y falsedad documental vinculados a la adjudicación del contrato de la basura en el municipio, en el que el fiscal pidió para él tres años de cárcel. Y estando en esa situación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano debe decidir un si le imputa por otro delito.

En este caso se trataría del delito contra los derechos fundamentales recogido en el artículo 542 del Código Penal, y su origen está en la negativa del exregidor a celebrar plenos del Ayuntamiento. El TSJ ha dado este viernes por recibida la exposición motivada remitida por el tribunal de Instrucción número 4 de Torrevieja y debe decidir ahora si la acepta o no.

Al tratarse de un diputado autonómico, el juzgado de Instrucción no puede continuar investigando, ya que debe ser el Tribunal Superior el que decida si existen indicios suficientes como para proseguirla.

Hernández Mateo fue durante años aliado del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en el sur de Alicante, una provincia en la que el exjefe del Consell mantuvo una encarnizada lucha contra los partidarios de su antecesor Eduardo Zaplana.

Mateo llegó a estar implicado en otra causa, por supuesto delito electoral, que fue archivada por el TSJ en septiembre. Y aún puede darle otra causa por tráfico de influencias, relacionada con un pelotazo urbanístico con el que habría ganado 5,4 millones de euros.