Educación mantendrá la consulta a los padres pese al fallo del Superior

La Xunta sigue viendo el vaso, más que medio lleno, a punto de desbordar. El Tribunal Superior le ha tumbado los dos puntos más polémicos y agresivos con la lengua gallega que incluía su decreto del plurilingüismo y aún así, tanto Feijóo como el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, insisten en que la sentencia “refuerza y avala la inmensa mayoría” de la norma que aprobó el PP. El decreto que provocó las mayores manifestaciones de la historia en defensa de la lengua propia de Galicia recibió anteayer un severo golpe por parte de los jueces, que consideran ilegales los artículos 5.2 y 12.3, y sin embargo, el Gobierno gallego ya ha avanzado que las cosas apenas van a cambiar en las aulas de la comunidad.

El responsable de Cultura e Educación, para el que ayer la oposición y diversos colectivos pidieron una despedida airosa cuando Feijóo nombre nuevo equipo, aseguró en una visita a un centro de Arteixo que “en absoluto” derogará o reformará el decreto del gallego. En primer lugar, porque la consulta a los padres sobre la lengua de escolarización de sus hijos se va a poder seguir haciendo, aunque su resultado ya no pueda ser “vinculante” y tenga que ser la consellería la que tome la última decisión.

En segundo lugar, porque la Xunta, tal y como avanzó el conselleiro, se plantea “presentar un recurso de casación” contra la anulación, por parte del TSXG, del apartado del decreto en el que se da vía libre a los niños para expresarse en clase en el idioma que les resulte más cómodo, aunque la asignatura se imparta en otra lengua cooficial. No obstante, son ya tres las sentencias emitidas por el Superior en contra de los apartados 5.2 y 12.3: la correspondiente al recurso presentado por A Mesa de Normalización Lingüística, la primera en trascender; la relativa a la denuncia de CIG-Ensino y la que dio respuesta al colectivo Queremos Galego.

A Mesa: "La mayoría absoluta no vuelve legales las ilegalidades"

La Xunta repitió ya varias veces que no decidirá si recurre hasta que se conozcan las sentencias que faltan. Además de las anteriores, se esperan aún las contestaciones del TSXG a la Real Academia Galega, al Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) y, en el polo opuesto, a la asociación Galicia Bilingüe.

Su presidenta, Gloria Lago, anunció ayer en un comunicado que su grupo “ya está trabajando en el texto del recurso que probablemente habrá que presentar ante el Supremo”, porque por el espíritu de las sentencias ya emitidas por el Superior, “Galicia Bilingüe se teme lo peor”. Lago recurrió el decreto del plurilingüismo porque la Xunta no satisfizo su propuesta de “habilitar centros” para “separar a los alumnos por razón de lengua”, algo prohibido por la Lei de Normalización Lingüística. Por supuesto, la voz de Galicia Bilingüe aprovechó la ocasión para exigir la reforma de esta norma fundamental a una Xunta que debe “dejar a un lado sus complejos”, porque para eso tiene la “mayoría absoluta”.

Por su parte, el jefe del grupo parlamentario del PSdeG, Pachi Vázquez, definió las sentencias del Superior como “un soplo de aire fresco” y pidió que el titular de Educación “no vuelva a ser conselleiro” y “máximo responsable de una de las señas de identidad de Galicia”, ya que “pilotó un proceso absolutamente erróneo, traumático, convulso y que hizo daño a todos”.

En la misma línea, Francisco Jorquera, portavoz del BNG en el Parlamento, invitó a Feijóo a “rectificar” cuando elija al nuevo conselleiro y defendió que “el decreto de la vergüenza”, “ahora invalidado en sus artículos más conflictivos”, fue un “ataque sin precedentes” a la lengua.

Uno de los demandantes que ya obtuvo respuesta, CIG-Ensino, reclamó la “inmediata derogación” del decreto, “pensado e impuesto para reducir la presencia del idioma gallego en las aulas”. El sindicato recordó que el articulado que aprobó el PP en 2010 fue objeto, incluso, de “un informe negativo del Consello Consultivo de la Xunta” y recibió “el voto negativo del Consello Escolar de Galicia. En consecuencia, la CIG pidió el “inicio de una negociación para aprobar un decreto que recoja los objetivos y las propuestas del Plan Xeral de Normalización” aprobado por unanimidad en la Cámara en 2004.

Carlos Callón, presidente de A Mesa, dijo que el decreto “está zombi” y recordó a Feijóo que “la mayoría absoluta no hace que las ilegalidades sean legales ni las mentiras, verdades”. “El eje del discurso contra el gallego en la educación está tumbado”, concluyó en referencia tanto a la Xunta como a Gloria Lago.