El incendio en un túnel de la M-30 destapa graves fallos de seguridad

La investigación interna del incendio accidental en unas baterías eléctricas del baipás sur de la M-30, el pasado 26 de octubre, ha destapado graves fallos de seguridad en las instalaciones de la vía más transitada de la capital. El suceso, comunicado por el Ayuntamiento de Madrid con una escueta nota a última hora de aquel viernes, acabó con el fallecimiento de dos empleados de la empresa Emesa, responsable del mantenimiento de la Calle 30. Gregorio Camacho, encargado de los túneles, y Sergio Martínez, ingeniero responsable del área de mantenimiento, fueron hallados sin vida por los bomberos en una habitación próxima a las instalaciones afectadas por el fuego cuando las tareas de extinción ya habían concluido, tras cuatro horas de presencia ininterrumpida de bomberos, policía municipal y equipos sanitarios.

El parte de intervención elaborado por el Departamento de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge hasta cinco ocasiones en las que los bomberos desplegados para atajar el siniestro impidieron el acceso a las zonas afectadas a distintos trabajadores de Emesa no identificados. El documento recoge que una y otra vez trataron de llegar al recinto burlando el cordón de seguridad establecido. “Esta situación se repite por la reticencia del personal de Calle 30 a acatar nuestras indicaciones”, llega a detallar el informe de los bomberos.

Otra cosa que los servicios de extinción comprobaron, casi desde el principio, es que ninguna de las medidas de detección y control del fuego funcionaron. Para empezar, fueron ellos mismos quienes notificaron por teléfono al centro de control de Calle 30 que había un “incendio de envergadura en una instalación subterránea”. “Tras repetidas conversaciones, no reconocen ninguna incidencia en sus instalaciones”, destaca el informe.

La alerta llegó al cuerpo de bomberos a las 17.00 porque un transeúnte avisó de lo que le pareció una papelera ardiendo en las inmediaciones del número 96 de la calle de Valderribas. Nueve minutos después, el equipo desplazado comprobó que se trataba de una rejilla de ventilación del túnel de la M-30 en el parque próximo, lo que activó el protocolo de emergencia. A medida que avanzaban, los trabajos de extinción se toparon, no solo con la presencia no controlada de trabajadores de mantenimiento desde las 17.20, sino con una cadena de deficiencias de seguridad encabezada por una “alarma de fallo en las centralitas” del sistema de control de incendios. Al no funcionar el dispositivo de detección de humo, tampoco se activó la vaporización de agua sobre las baterías incendiadas, que debía ser propulsada por el nitrógeno almacenado en unas bombonas que los bomberos hallaron desconectadas de las conducciones. El sistema contra incendios llevaba sin revisarse dos años cuando es obligatorio un chequeo anual. Otro de los frentes no previstos que los bomberos tuvieron que afrontar fueron las deficiencias en el sistema de extracción de gases del incendio, que se propagaron por la escalera de emergencia aunque sin afectar a la zona de paso de vehículos al encontrarse en una altura superior.

Fallos anteriores

El delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, reveló ayer algunos detalles de la intervención municipal en el siniestro, incluidas las graves deficiencias en la detección del fuego. Explicó que, anteriormente, se habían registrado fallos en abril, junio y septiembre en el sistema eléctrico de la zona de la M-30 en la que se produjo el incendio, en concreto en los túneles de ventilación 1 y 4, lo que en su momento obligó a cortar el tráfico. A raíz de esos episodios, Madrid Calle 30 exigió a Emesa que “pusiera en marcha las medidas necesarias para solucionarlo”, siempre según el relato municipal. Las obras habían comenzado poco antes del incendio del día 26.

Madrid Calle 30 es una empresa mixta creada durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) para asumir las obras de soterramiento de esta autovía (y la deuda que generó). El Ayuntamiento posee el 80% de las acciones; el 20% restante pertenece a Emesa, participada mayoritariamente por Ferrovial (50%) y Dragados (33%). Esta empresa ganó en 2005 el contrato público para conservar la autovía durante 35 años. A partir de entonces, el Ayuntamiento delegó la gestión de la carretera en Madrid Calle 30, y esta dejó “ciertos servicios de conservación” en manos de Emesa en virtud de esa concesión. Madrid Calle 30 cuenta con 13 empleados; Emesa tiene 273. Su trabajo es auditado por el Ayuntamiento semestralmente.

La investigación sobre las causas de los dos fallecimientos, en manos del Juzgado número 21 de la plaza de Castilla, está pendiente del informe definitivo de autopsia. Según fuentes judiciales, el forense ha remitido muestras de tejidos de las víctimas al Instituto Nacional de Toxicología para que analice qué sustancias inhalaron antes de morir. Estos análisis suelen tardar varios meses y hasta el resultado definitivo no se puede determinar la causa exacta de la muerte, informa F. J. Barroso.