Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El empresario acusado de pagar un viaje a Creta a Alperi guarda silencio

Fuster abonó 36.000 euros, según la investigación, por indicación del constructor Enrique Ortiz

Ricardo Fuster, empresario acusado de pagar un viaje a Alperi, a la salida del tribunal.
Ricardo Fuster, empresario acusado de pagar un viaje a Alperi, a la salida del tribunal.

Ricardo Fuster, el empresario que según la investigación abonó al menos 36.000 euros para costear un viaje a Creta del entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en compañía de la edil Sonia Gracia, ambos del PP, se acogió ayer a su derecho a no declarar en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

Fuster, imputado en el caso Brugal, la vasta investigación de supuesta corrupción política en Alicante, no respondió a las preguntas del juez instructor, Juan Climent, ni tampoco a las del fiscal y el resto de partes personadas. El empresario, imitando la actitud adoptada hasta ahora por Alperi, que sigue siendo diputado autonómico en las Cortes Valencianas, se limitó a decir que rechazaba declarar por consejo de su abogado, una vez que ha presentado un recurso contra el auto por el cual fue imputado.

La policía y la Fiscalía Anticorrupción acumulan evidencias de que, aunque el pago de la muy lujosa escapada fue realizado desde una de las empresas de Fuster, la mano que movió los hilos del aparente cohecho era la de Enrique Ortiz, el principal constructor de Alicante. Ortiz se habría beneficiado, a su vez, de trato de favor en materia urbanística por parte del exalcalde y de su sucesora en el cargo y también imputada, Sonia Castedo.

En la causa abundan las grabaciones en las que se escucha a Alperi y a Ortiz tratar los detalles del viaje. Resulta llamativo lo poco que al ahora diputado le preocupaba en aquel momento el importe total del viaje por todo lo alto a la isla griega para dos semanas. Fuentes jurídicas consideran que ello es una prueba más de que Alperi no tenía ninguna intención de pagar, porque sabía que la factura correría a costa de Ortiz.

Tan controlado estaba siendo Alperi en aquel momento, verano de 2008, que la policía pudo grabar cómo subía al avión privado contratado por la empresa de Fuster para volar hasta Creta junto a la concejal de su partido Alegría. En las imágenes se ve al exalcalde llegar al aeropuerto de Manises (Valencia) en una furgoneta Mercedes y subir al jet con indumentaria veraniega, gafas de sol y una gorra de béisbol. La pareja de políticos alicantinos pasó dos semanas en Creta. Y poco después de su regreso, Alperi renunció al cargo de alcalde, aunque siguió de diputado.

La policía intervino inicialmente, por orden judicial, conversaciones en las que Ortiz trataba sobre el viaje con Vicente Cotino, empresario de obra pública y sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Además de amigos, Enrique Ortiz y Vicente Cotino comparten imputación en otra de las grandes tramas valencianas de supuesta corrupción: la causa de supuesta financiación ilegal del PP, englobada en el caso Gürtel.

Ambos empresarios negocian en las grabaciones el modo de realizar el viaje en jet privado y el precio del desplazamiento, que habría incluido los servicios de una azafata.

Parece acreditado, según la investigación, que ni Alperi ni Alegría pagaron ni un euro por el viaje. El transporte fue finalmente realizado por la compañía Best Fly. Esta recibió la transferencia con los fondos desde la empresa Rivaflecha. La policía apunta, sin embargo, a que esta recibió a su vez el dinero de Rocafort de Negocios, sociedad de la que Fuster es socio único. Se trataría así de una cadena de transacciones entre varias sociedades con el objeto de difuminar el rastro de la persona que costeó en realidad el viaje.

La rama del caso Brugal que se instruye en el TSJ es la relativa al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. La condición de diputados (y por tanto de aforados) de Alperi y Castedo hicieron que esta parte del caso se desgajase del tronco de Alicante y fuese remitida al Tribunal Superior valenciano. Entre la veintena de piezas separados del caso, destaca también la que investiga el supuesto soborno al expresidente de la Diputación de Alicante y exvicepresidente de la Generalitat en época de Eduardo Zaplana, José Joaquín Ripoll.