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Las familias acogedoras tampoco cobran

La Generalitat no paga a las personas que atienden a más de 1.600 menores en situación de desamparo desde hace seis meses

Cristina Martín y Alicia Sirvent (derecha) con dos niñas de acogida en sus brazos.
Cristina Martín y Alicia Sirvent (derecha) con dos niñas de acogida en sus brazos.

Según la propia Consejería de Bienestar Social,  “el acogimiento familiar es una medida de protección que produce la plena integración del menor en la familia que lo acoge”. Los acogedores adquieren las obligaciones inherentes a la guarda del menor (velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral). Pero, al mismo tiempo, y con el fin de que el acogimiento se desarrolle de forma satisfactoria para ambas partes es necesario recibir una serie de apoyos técnicos o humanos y, en algunos casos, la ayuda material para que el acogimiento no suponga una merma en su economía familiar. Para lograr estos objetivos, la Consejería de Bienestar Social convoca cada año unas ayudas económicas por acogimiento. Pero con la situación generalizada de impagos y deudas del Consell estas ayudas no están llegando en tiempo y forma.

Los datos oficiales de la Consejería de Justicia y Bienestar Social indican que en la Comunidad Valenciana hay 4.555 menores en situación de desamparo. De éstos un total de 1.228 se encuentran en acogimiento residencial, y 451 en acogimiento familiar con familia educadora, algunas son las denominadas de urgencia y diagnóstico.

Las ayudas económicas que reciben las familias educadoras oscilan entre los 250 y los 750 euros, dependiendo de la modalidad de acogimiento y de las necesidades de cada menor. Pero las prestaciones no llegan desde hace 6 meses, y a pesar de ello, siguen asumiendo los gastos generados por el desarrollo de la guarda de los menores tutelados por la Administración, como leches maternizadas, pañales, ropa, vacunas, etc. Además, muchos de estos niños acogidos son especiales, y necesitan una atención específica. Algunos de ellos han podido sufrir malos tratos o abusos, otros necesitan atención médica especializada, muchos acuden al logopeda, al psicólogo o al fisioterapeuta, y otros necesitan sillas de ruedas o complementos ortopédicos.

Las familias de acogida de urgencia para llegar a serlo antes tuvieron que realizar los correspondientes cursos de formación exigidos por la consejería, así como una evaluación del entorno familiar, social y económico; además, durante todo el acogimiento, las familias tienen asignado un técnico que se encarga de evaluar y hacer el seguimiento correspondiente de los menores, de la familia biológica y de la familia acogedora, y son el “enlace” con la consejería. Un requisito imprescindible para ser familia acogedora de urgencia y diagnóstico, es la disponibilidad absoluta que se les exige y que resulta incompatible con la vida laboral. Todo su tiempo está dedicado a garantizar la total atención del menor. “Te pueden llamar desde la consejería y en dos horas te llevan un bebé a casa, por eso debemos tener disponibilidad total. Pero tal como están las cosas con la crisis, si no puedes trabajar, tu pareja está en paro y las ayudas no nos llegan desde abril con lo que volvemos a acumular seis meses (sumados a otros ocho que ya estuvimos en la misma situación con anterioridad…) la cosa se complica irremediablemente y resulta muy difícil seguir dando a estos menores todo lo que necesitan para su adecuado desarrollo, como ir al psicopedagogo etc.…” explican Cristina Martín, Cristina Gomis y Maite Sendra, tres madres que hacen acogidas de urgencia desde hace años y que vienen reclamando un acogimiento simple desde hace 20 meses.

En la Comunidad Valenciana hay más 4.500 menores en desamparo

Las familias educadoras temen que “tal y como está pasando actualmente, los cursos de formación de nuevas familias no se realicen con la misma asiduidad que en años anteriores, y que los centros residenciales se conviertan en el primer destino para los menores debido a la falta de familias educadoras. Cuando nadie pone en duda que la familia es el entorno ideal para que cualquier menor pueda desarrollar todas sus capacidades” afirma Pedro Luis Amorós, padre de acogida y especialista en educación especial.

Alicia Sirvent lleva más de siete años acogiendo niños en urgencia, por su casa han pasado más de 15 menores en situación de desamparo a los que la Generalitat ha retirado la tutela de sus padres biológicos. Sirvent reconoce que acoge a estos niños porque “son una realidad social, ellos necesitan de una familia durante un tiempo, y tienen derecho a crecer en una familia y les brindamos nuestro tiempo y afecto”. Sirvent admite que está satisfecha con lo que hacen “pero tengo la sensación de que algo falla en el engranaje del sistema, que es imperfecto, desde el momento en el que hay menores creciendo en residencias. Esta sociedad debe velar por sus derechos, les debe una familia que les proporcione calor, que los valore y les sea incondicional”. Martín destaca que estos niños “se nutren cada día de cariño, y de un amor que tiene fecha de caducidad, la sociedad se lo debe y nosotras disfrutamos sintiendo que ayudamos al crecimiento físico y psíquico de estos menores”.

Cristina Gomis, que tiene un niño en acogida permanente y hace acogidas de urgencia, opina que este es un recurso que no está suficientemente valorado, a pesar de que se ha demostrado sobradamente que es mucho más rentable que el internamiento en centro, tanto a nivel emocional como económico. “A pesar de la falta de pago, las familias de acogida seguimos pidiendo a consejería que se nos considere como el primer recurso ante una situación de riesgo o desamparo, y que los niños lleguen a nuestros hogares antes que a las instituciones”.

Estas familias confían en que se apruebe definitivamente la nueva ley que se tramita en el Senado sobre Reforma de Acogimiento y adopción que permita “dignificar” las condiciones del acogimiento.