Puig acusa a Llanos de Luna de “oportunista, desleal y partidista”

Un incidente aparentemente menor, relacionado con la protección de la Jefatura Superior de Policía, ha desatado un bronco intercambio de reproches entre el Departamento de Interior y la Delegación de Gobierno, que ha entrado directo en la campaña electoral. El titular de Interior Felip Puig cogió aire en una rueda de prensa y embistió: “Desde que está la delegada señora [Maria de los] Llanos de Luna [PP] las relaciones con la Delegación del Gobierno no han sido fáciles e incluso en algún momento han rayado la incorrección”.

Así respondía a un comunicado de la delegación, en el que desmentían a Puig. Durante la manifestación alternativa que recorrió Barcelona en la huelga general, nadie protegió el edificio de la Jefatura, ubicado en Via Laietana. Una competencia que, por mandato legal, ostentan los Mossos d'Esquadra. El resultado fue dos furgones y un coche camuflado de la policía quemados por los violentos.

Según Interior, la delegada María de los Llanos de Luna (PP) rechazó a primera hora de la mañana la protección facilitada por los Mossos. Ya por la tarde, requirió la custodia pero, según Puig, la policía catalana no tuvo margen de reacción porque el dispositivo se acercaba al momento de “tensión”.

Pero Llanos de Luna negó el rechazo inicial “categóricamente”, y se desató la oleada de reproches cruzados entre los dos cargos políticos. Puig elevó el tono y acusó a la delegada de querer enturbiar la relación entre los cuerpos policiales. “Lamento que en temas de orden publico, la actitud de la delegada sea de una forma oportunista, desleal institucionalmente, y con un instinto partidista que no se ajusta las responsabilidades que tiene”, criticó. “La voluntad de distorsionar la realidad cuando da cifras del número de manifestantes también la debe tener cuando da instrucciones a sus mandos”, añadió, en referencia a las cifras de participación en la manifestación del 11 de septiembre (1,5 millones según la Generalitat; 600.000, según la Delegación).

Llanos de Luna mantuvo que hubo dos peticiones por escrito para proteger el edificio, tachó a Puig de “político irresponsable” y le afeó que el día de la huelga se disculpase telefónicamente para luego criticarla públicamente. Según fuentes policiales, la Jefatura nunca rechazó la custodia de la policía catalana, y solicitó su presencia a las 17.15 y, de nuevo, pasadas las 20.00, cuando crecía la tensión entre algunos manifestantes y los mossos. Luego, según esas mismas fuentes, incluso un comisario de los Mossos se disculpó ante el jefe superior de la policía, Agustín Castro.

El segundo tema que encendió la campaña fue el porrazo por parte de los Mossos a un menor de 13 años en Tarragona, que necesitó cinco puntos de sutura en la cabeza. Puig repitió en cinco ocasiones que fue un golpe “fortuito”. Tanto es así, insistió, que “probablemente” no hubiesen abierto una investigación sobre la acción de no ser por lo que pasó poco después. Otro mosso d'esquadra golpeó hasta tres veces a una joven de 16 años que les reprochaba que le hubiesen abierto la cabeza al niño. “Ni justificado, ni correcto”, afirmó el consejero sobre los golpes a la chica, que no se “ajustan estrictamente al protocolo de una carga”. En ese caso, es posible que se acabe sancionado al agente e incluso al mando que dirigía la acción en aquel momento.

Puig lamentó lo sucedido, y se disculpó ante la familia del niño. El director general de la policía, Manel Prat, describió las imágenes como algo que provocaba “dolor a la vista”, en una entrevista en Rac1. La mayoría de los sindicatos policiales cerraron filas. “Estoy convencido de que fue un error”, defendió Toni Castejón, de CC OO. Una opinión que compartió UGT y el portavoz del Sindicat de Policies de Catalunya, David Miquel, que apuntó además que en una situación de conflicto, los antidisturbios apenas alcanzan a oír lo que se les dice. Ramon Labrador, del Colectivo Autónomo de Trabajadores de Mossos, fue más crítico: “¿Por qué se da una orden de cargar habiendo niños?”.

El líder de los socialistas, Pere Navarro, el de Iniciativa, Joan Herrera, y el de Solidaritat, Alfons López Tena, pidieron a Puig que dimita. El resto de grupos, a excepción de CiU, solicitaron su comparecencia en el Parlament. Puig respondió que mientras el presidente de la Generalitat confíe en él, seguirá siendo consejero y que comparecerá si es requerido. Aunque no dejó pasar la oportunidad de tachar las peticiones de electoralistas.