Dimite el concejal Pedro Calvo tras ser imputado en el ‘caso Madrid Arena’

Pedro Calvo, imputado esta mañana por el juez en el caso Madrid Arena, ha dimitido este mediodía como delegado de Economía y portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital. No ha entregado el acta de concejal. Según el comunicado emitido por el Ayuntamiento, “ha tomado esta decisión en tanto que, como delegado de Economía, ostentaba desde enero de 2012 la presidencia no ejecutiva de la empresa pública Madrid, Espacios y Congresos”, gestora del pabellón en el que perdieron la vida en una fiesta cuatro jóvenes el pasado 31 de octubre. La oposición en bloque ha aplaudido la decisión de Calvo, a quien ha defendido Gallardón.

El Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que investiga la tragedia, imputó esta mañana a Calvo, tras llamar ayer a declarar, “en principio como testigo”, al responsable de la concejalía encargada de tramitar la cesión del Madrid Arena, informa Tono Calleja. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que ha acompañado esta mañana al juez en una reconstrucción de los hechos, ha subrayado que en este proceso se depurarán “responsabilidades penales, no políticas”. “Lo que quiere la Fiscalía es que se realice una investigación minuciosa y exhaustiva que determine los motivos y los responsables”, ha señalado. “Si alguien del Ayuntamiento ha cometido una conducta que pudiera ser constitutiva de una infracción penal se le podrá imputar”, ha añadido.

El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), conocía las deficiencias de seguridad del pabellón Madrid Arena desde 2010, pero no las subsanó. Además, en mayo de este año, Calvo encargó un informe sobre este y otros edificios municipales, lo que revela su desconfianza. Cuando estuvo listo, el 19 de octubre, arregló —según Botella— lo referido al Madrid Arena, pero sin subsanar los fallos de seguridad detectados por la concejalía de Urbanismo en 2010. Mantuvo en cambio abiertos el resto de recintos, pese a hallar deficiencias, y solo decidió cerrar dos de ellos una semana después de la tragedia.

Madrid Espacios y Congresos firmó el 24 de octubre un contrato de alquiler del pabellón a la empresa Diviertt, cuyo responsable, Miguel Ángel Flores, también ha sido imputado por el juez. Según comunicó Flores al Ayuntamiento tras la tragedia, vendió 9.650 entradas para un aforo máximo de 10.700. Sin embargo, las pesquisas policiales se encaminaron desde el primer momento a constatar si se produjo un exceso de aforo; así se lo comunicó al juez en el informe preliminar, pero sin cuantificar ese exceso de aforo.

Calvo fue diputado regional entre 1991 y 2003, durante los años en la oposición y en la presidencia (1995-2003) de Alberto Ruiz-Gallardón. Entre 1995 y 1999 fue senador; y de 2000 a 2003, consejero regional de Medio Ambiente. Saltó al Ayuntamiento con Gallardón, y entre 2003 y 2012 fue concejal de Seguridad y Movilidad (perdió esa última competencia en junio de 2011). Tras la marcha de Gallardón al Ministerio de Justicia, Ana Botella le nombró concejal de Economía pero quiso refrendar su poder interno dándole también la portavocía del Grupo Popular.

Hasta ahora, la principal sombra en su expediente databa de 2006, cuando la adjudicación de la gestión de una de las zonas de parquímetros de la capital a una empresa cuyo apoderado era amigo personal del concejal llevó a la oposición a exigir sin éxito una comisión de investigación por un posible trato de favor. El Gobierno de Gallardón abrió una investigación administrativa que se cerró con todas las dudas sin resolver. Por entonces, los colaboradores más estrechos de Calvo eran Javier Conde, director de Movilidad, y Fernando Autrán, coordinador de Servicios a la Comunidad.

Fernando Autrán era coordinador de Circulación en diciembre de 2011 cuando fue obligado a dimitir por Gallardón y Calvo a consecuencia del revuelo por sus mensajes en la red social Twitter: “ETA vota Rubalcaba”, “urkullu ez de euzcadi porque ez jilipollaz”, “Caamaño 'los demócratas sabrán ser generosos cuando ETA deje las armas'. Desde luego, en vez de un tiro les meteremos dos".  Javier Conde fue investigado por el Ayuntamiento el pasado mes de febrero por el uso indebido de vehículos municipales, desvelado por EL PAÍS. Calvo, su responsable durante el periodo de la polémica, admitió que se habían empleado vehículos que debían dedicarse a reparar semáforos para otros usos, en principio, como coches oficiales. La investigación se zanjó sin dimisiones, pero con cambios de importancia en los protocolos de uso de coches oficiales.