Desahucios: urge la reforma

Cada nuevo suicidio de un desahuciado resuena como un martillazo en la opinión pública, así que no es de extrañar que por fin los partidos comiencen a moverse.

Todos sabemos lo que ha sucedido con la burbuja inmobiliaria. Las entidades de crédito se endeudaron a corto plazo por 300.000 millones de euros en Frankfurt para conceder hipotecas a personas sin la suficiente solvencia. Además, tasaron a precios falsamente elevados, por medio de sus sociedades filiales de tasación, tales viviendas. Una irresponsabilidad manifiesta frente a la que el Banco de España y el Gobierno optaron por mirar hacia otro lado. Los políticos se llenaron los bolsillos con jugosas comisiones. Los promotores lanzaron 600.000 viviendas anuales a un mercado sin posibles compradores porque, en definitiva, no era su dinero sino el de la banca el que estaba en juego. También muchísimos ciudadanos particulares, cegados estúpidamente por el lema “el ladrillo siempre sube”, se convirtieron en minipromotores o en simples especuladores, comprando hoy para vender mañana, y no dudaron incluso en comprometer todo su patrimonio e incluso el de sus familiares en locas aventuras abocadas al fracaso total. Pero hubo muchos otros ciudadanos que simplemente fueron víctimas. Tenían que comprar una vivienda para vivir, ya se sabe que el alquiler tiene mala prensa y es escaso, y se vieron obligados a comprarlas a un precio artificialmente caro que no podrían pagar si, como ha sucedido, la economía del ladrillo explotaba y ellos perdían su empleo.

Y cuando la crisis ha estallado, el sistema ha funcionado de forma asimétrica e injusta. Las instituciones financieras han pasado sus pérdidas al estado y sus directivos y empleados se retiran por lo general con magníficas condiciones; los promotores se declaran en concurso y protegen su patrimonio privado, por otro lado puesto a buen recaudo, en la protección que da la figura de la sociedad anónima. Ciertamente no consiguen lo mismo los ciudadanos particulares que jugaron a inmobiliarios, porque a ellos la crisis les está devorando todo su patrimonio familiar.

Pero lo que resulta sangrante es lo que sucede con el colectivo que compró una vivienda porque la necesitaba. Cuando pierden el empleo se encuentran no solo sin vivienda, sino endeudados de por vida con esos bancos que tan hábilmente les tendieron la celada.

Por eso hay que reaccionar con leyes excepcionales a lo que son situaciones excepcionales. Lo dicen los propios jueces que tienen que aplicar la draconiana ley actual; lo dice la justicia europea que no entiende tal desprotección del consumidor; lo dice el sentido común; lo dice la experiencia histórica, como cuando después de la guerra se congelaron los arrendamientos para que la gente no fuera expulsada de sus hogares.

Urge dar una solución al colectivo de ciudadanos que han sido las víctimas de esta gran estafa y ésta pasa por aplicar desde ya la dación en pago y darles la oportunidad de vivir en alquiler moderado en su propia exvivienda. Y quienes crean que eso es modificar retroactivamente los contratos de hipoteca y poner en duda la seguridad jurídica, deberán explicarnos porqué los bancos no quiebran, como sería lo normal, y en su lugar reciben subvenciones y apoyos financieros públicos masivos para que sigan vivos. Si hay dinero público para ayudar a las entidades financieras, con más razón hay derecho a exigir que se ayude a las víctimas de esta burbuja.