“Pagamos alquileres de lujo”

Juan José R., de 71 años, vive desde 2008 en una vivienda de propiedad municipal en Valencia. Ha llovido mucho desde entonces. La burbuja inmobiliaria ha pinchado, los precios de la vivienda se han desplomado y los pensionistas han perdido poder adquisitivo, pero la renta y los gastos de comunidad que paga por una casa de 73 metros cuadrados en la calle de Maldonado de Valencia son altos. Unos 600 euros mensuales, si se añade el garaje y el trastero.

Con su esposa Ange al lado, Juan José cuenta su historia: “Tuvimos una desgracia con el negocio, mi señora cayó enferma, yo caí de un cáncer y llegó un momento en que tuvimos que pedir un piso de protección pública en alquiler”. Lo solicitaron a Aumsa, la empresa pública que gestiona el urbanismo de la capital, y se lo concedieron.

Ange cobra 600 euros de su pensión por invalidez y Juan José 587 euros. Más de la mitad de su jubilación se la lleva el alquiler. Luego hay que pagar luz, agua y una parte proporcional de los medicamentos, que en su caso no es poco. La mujer recibió un riñón hace dos meses y está todavía convalenciente. “Mis medicamentos son carísimos porque soy de trasplante de riñón y no puedo fallar. Lo que menos pago por receta de medicinas son cuatro euros”, describe Ange. “Estamos pagando un piso de lujo”, se queja. “Y encima la casa no está en condiciones”, añade.

El caso de Juan José y Ange no es único. A Encarna, de 58 años, pensionista y vecina del mismo bloque, le sucede tres cuartos de lo mismo. Paga 491 euros por la casa, más 100 euros por la plaza de aparcamiento y 33 euros por el trastero. Y además de 50 a 60 euros mensuales de gastos de comunidad, que le parecen un auténtico abuso tratándose de tres bloques de viviendas y 58 vecinos.

Hay vecinos que pagan más de 600 euros por un piso, garaje y trastero

El problema de estas casas es doble. Por un lado, son caras en comparación con los alquileres que se encuentran hoy en el mercado libre y, por otro, los pisos arrastran defectos de origen porque la obra no se terminó bien o se emplearon materiales de baja calidad. “Los administradores de fincas les meten [a los vecinos] en la factura una prorrata por las obras de mejora que se están haciendo, pero las deficiencias son de origen”, describe Trini Piquer, de la Asociación de Vecinos de Velluters. “La responsabilidad política es del Gobierno local y no la pueden cargar sobre los vecinos”, denuncia.

La sociedad municipal Aumsa y el Servicio de Patrimonio del Consistorio tiene repartidos por la capital unos 744 pisos públicos de alquiler. Muchos de esos inquilinos han escrito a la sociedad municipal, con el respaldo de las 500 firmas recogidas por la asociación de vecinos para que les reduzcan la renta un 25%. Los alquileres de estas casas se calculan aplicando a cada metro cuadrado el 4,5% anual sobre el precio del metro cuadrado de venta, que en 2008, después de una considerable subida, la Generalitat estableció en 1.819 euros el metro cuadrado. Valencia es junto a Madrid y Barcelona una de las capitales españolas con módulos de vivienda de promoción pública más caros.

“Ahora dicen [los responsables de Aumsa] que no pueden bajarles los alquileres porque no tienen dinero. En todo caso, no es responsabilidad de los vecinos sino de su gestión”, continúa la dirigente de la Asociación de Vecinos de Velluters. Los inquilinos están organizados y a la espera de una asamblea en la que decidirán la hoja de ruta a seguir. “Llegaremos hasta donde decida la asamblea”, desliza Piquer sin descartar dejar de pagar como protesta.

¿Hasta cuándo pueden aguantar esta situación? “En nuestro caso”, contesta Juan José, “aguantamos porque una hija te da un mes 100 euros, otra te puede dar 50, otra otros 50 y así vas aguantando. Y esta es la pura realidad. No me da vergüenza decirlo”, expone este pensionista.

Encarna, pensionista de 58 años: “Esto no es un alquiler social”

Los inquilinos están abandonando los pisos de protección pública porque encuentran otros más baratos en el mercado. La oposición municipal en el Ayuntamiento de Valencia denunció hace poco que ya existen unas 100 viviendas municipales vacías por su elevado precio. Y todo ello en un momento de constantes desahucios y necesidad de pisos asequibles.

“Si pudiera marcharme de mi casa, no me quedaría en el barrio”, señala Juan José. Delicados de salud y con una edad avanzada, el traslado les provoca más angustia.

A la Asociación de Vecinos de Velluters la situación le parece inaceptable. Sobre todo, porque estos pisos se construyeron sobre suelo público y recibieron ayudas económicas de la Unión Europea.

Encarna recuerda qué le llevó a quedarse en la calle de Maldonado. Vivía en el barrio y se enteró de que estaban haciendo los pisos, solicitó uno y se lo dieron. El alquiler era más o menos viable entonces, pero ahora ha subido mucho. Encarna peleará hasta el final por esa rebaja del 25% del alquiler. También por que cada finca pueda nombrar a su administrador en lugar de, como sucede ahora, lo imponga la empresa Aumsa.

Otra manera de abaratar los gastos, sugiere Encarna, es que el Ayuntamiento de Valencia contrate a una sola empresa para gestionar todos los pisos de propiedad municipal y abarate los costes.

La presión vecinal ha servido para que Aumsa estudie la rebaja del alquiler de las plazas de garaje 

A la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, Juan José le pide: “Baje usted los alquileres, que ya vale. Que somos pobreticos, estamos enfermos y enfadados”. Encarna suscribe la demanda de su vecino, mientras añade que este no es un alquiler social. "Es un alquiler del centro de Madrid. Estamos en el peor barrio de toda Valencia, con toda la prostitución y la droga, y el Ayuntamiento no ha hecho nada. Y encima, estos alquileres”, se lamenta.

A finales de 2011, decenas de inquilinos, tanto de Velluters como de otras zonas de la capital como Maestro Rodrigo, ya lanzaron un primer órdago al Consistorio que preside Rita Barberá.

Con apenas cuatro años de antigüedad, los pisos municipales presentaban desconchados en fachadas, ventanales y puertas de acceso que no cierran, goteras en las terrazas o iluminación deficiente en las zonas comunes. En aquella ocasión, los responsables de Aumsa respondieron a los vecinos y a los partidos de la oposición que los gastos comunes están dentro de mercado.

De momento, la presión vecinal ha servido para que Aumsa estudie la rebaja del alquiler de las plazas de garaje municipales. Pero con los pisos hay mucha resistencia, precisa la asociación. Hasta la fecha, la sociedad pública, que en 2013 verá reducir su volumen de negocio en un 70%, no ha movido ficha. Los grupos municipales de la oposición, con representación en el consejo de Aumsa, presionan en la misma dirección.