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El TSXG falla que Traballo discriminó a la CIG al repartir subvenciones

La Xunta excluyó a la central nacionalista en un reparto de subvenciones

La Consellería de Traballo discriminó sin motivo a una fundación de la Confederación Intersindical Galega (CIG) al dejarla fuera del reparto de subvenciones para cursos de formación profesional en 2009, según una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) conocida ayer. El fallo obliga a la Xunta a aceptar la solicitud de ayuda planteada por el sindicato nacionalista, que ascendía a 487.000 euros. Forga, la fundación de la CIG, tiene planteados otra docena de recursos por el mismo motivo. La central sindical exige que Traballo depure “responsabilidades políticas” por haberla discriminado saltándose la ley.

La fundación de la CIG había pedido las ayudas para organizar cursillos de formación en varias localidades gallegas durante 2010. Traballo se las denegó limitándose a señalar que la petición no se ajustaba a la convocatoria, pero sin detallar más los motivos, por lo que el TSXG considera que los argumentos de la Xunta para rechazar la solicitud fueron “huecos e irracionales”. La máxima instancia judicial de Galicia recuerda que la concesión de este tipo de subvenciones está regulada por la normativa legal, lo que implica que la Administración no puede concederlas o denegarlas de modo discrecional y sin justificación jurídica.

La sentencia, de la que es ponente el magistrado Fernando Seoane, subraya que a la organización de esos cursillos optan diversas organizaciones sociales, aunque la ley “reserva un papel principal a las centrales sindicales y agentes sociales”. De hecho otros sindicatos sí fueron beneficiados en el reparto de las mismas subvenciones que se denegaron a los nacionalistas.

Por todo ello, el tribunal concluye que la fundación creada por la CIG para dedicarse a la formación laboral sufrió una “inmotivada e inexplicada discriminación”. El fallo alude a que, una vez que la central nacionalista formalizó su recurso, la Consellería de Traballo no fue capaz durante el litigioo de ofrecer una “justificación objetiva y razonable” de por qué fue excluida del reparto de subvenciones. La sentencia anula la resolución del departamento que dirige Beatriz Mato y reconoce “el derecho de Forga a obtener las ayudas” solicitudes en su día.

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