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Una de las ortopedias investigadas en Tarragona admite el pago de sobornos

Hospitales como el Joan XXIII derivan hasta al 70% de sus pacientes a solo tres consultas

El CatSalut ha ignorado denuncias del Síndic de Greuges

Una de las ortopedias investigadas
Una de las ortopedias investigadas

El pago de comisiones a médicos de la sanidad pública de Tarragona para que envíen a sus pacientes solo a 3 de las 81 ortopedias de la provincia, escándalo que investiga la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), ha sido confirmado por el dueño de uno de los tres centros médicos investigados. Juan Creus, propietario de la ortopedia Creus, aseguró a la Acco: “Por todos es sabido que hay una serie de ortopedias que acordando una previa comisión que ronda el 30% o el 40%, se adjudican las prescripciones de artículos ortopédicos de mayor importe, como prótesis, sillas eléctricas y ortesis entre otros”. Estas afirmaciones están contenidas en la investigación que lleva a cabo Competencia.

Creus, que ha declinado ofrecer su versión de los hechos a EL PAÍS, también defiende ante la Acco que él no paga comisiones y solicita a Competencia de Cataluña que investigue a los demás centros ortopédicos. “Mire de incoar el expediente sancionador a las ortopedias que realmente tienen pactos informales —imposibles de demostrar, pero que todo el mundo sabe que existen— con el personal médico y sanitario”.

Las graves irregularidades investigadas por la Acco afectan a los cuatro mayores hospitales de la provincia de Tarragona, todos ellos financiados por el Departamento de Salud: el Joan XXIII y el Sant Pau y Santa Tecla, ambos en la ciudad de Tarragona; el Pius, de Valls, y el Sant Joan de Reus. La investigación sostiene que médicos de los cuatro centros habrían derivado a sus pacientes a las tres ortopedias investigadas —Rambla y Ceorma, además de Creus— vulnerando la libre elección de los centros e infringiendo, por tanto, la Ley de Defensa de la Competencia. Además, si se confirma el pago de comisiones, las responsabilidades podrían ser más graves para todos los implicados.

Solo en prótesis ortopédicas, la Generalitat destina este año 26,5 millones de euros, el mismo importe que en 2011. En el Camp de Tarragona, según informa el Ejecutivo catalán, existen 81 centros acreditados para dispensar artículos ortoprotésicos a cargo de CatSalut. Sin embargo, entre 2006 y 2010, las tres ortopedias denunciadas amasaron la mayoría de las prescripciones de artículos ortopédicos a cargo del erario público. En el caso del hospital Joan XXIII, las ortopedias investigadas se quedaron con el 70% de los encargos; mientras que en el hospital Sant Pau y Santa Tecla esta cifra fue del 45,28%; del 41,99% en el Pius de Valls y del 10,5% en el Sant Joan de Reus.

Rafael Ribó propuso en 2010 que se investigara al hospital Joan XXIII

Desde 2006 hasta mediados de este año, la ortopedia Ceorma dispensó al CatSalut 6.133 artículos, según la documentación enviada a la Acco por el establecimiento. En el mismo periodo de tiempo, la ortopedia Rambla facturó a CatSalut 3,1 millones de euros, y la ortopedia Creus dispensó 6.875 prescripciones de artículos, siempre según los datos ofrecidos a Competencia por las propias ortopedias.

Las sospechas de irregularidades llevan muchos años planeando sobre el sector en Tarragona. El ortopeda denunciante, Manuel Molina, de 72 años de edad, asegura que detectó por primera vez el pago de comisiones hace ya 30 años. En 2003, el Departamento de Bienestar Social también abrió expedientes contra 27 empresas de ortopedia por fraude a la Seguridad Social. Pasa a la página 3

Ya en 2004, el director general de Recursos Sanitarios del Ejecutivo catalán, Rafael Manzanera declaró: “Hemos comprobado como algunas empresas de ortopedia facturaban [a la sanidad pública] productos que nunca llegan a dispensar a sus clientes, a quienes les entregan artículos más baratos”. También se expedientó a médicos de dos hospitales por haber acordado con determinadas empresas de ortopedia derivarles sus pacientes a cambio de comisiones. La Generalitat, sin embargo, rehusó dar a conocer los nombres de los implicados, pero advirtió al sector para que pusiera fin a las irregularidades.

El entonces consejero de Sanidad, Xavier Pomés, estableció un decálogo de normas para combatir el fraude, como impedir a los técnicos ortopedas el acceso a los espacios de consultas externas de los hospitales. También se obligó a exponer en lugares visibles de los centros sanitarios el listado de los centros dispensadores de productos ortopédicos e informar al usuario del derecho a elegir libremente los establecimientos.

Todas estas recomendaciones, sin embargo, parecen haber caído en saco roto. El síndic de greuges, Rafael Ribó, propuso la incoación de un expediente sancionador al Joan XXIII en mayo de 2010, por presunto dirigismo de sus pacientes, tras comprobar que cuatro ortopedias de Tarragona se repartían la mayoría de los encargos del centro y que ello podía “constituir una falta grave”. Pero el hospital hizo caso omiso a las advertencias y no ha aplicado el expediente, según confirma Josep Mercadé, gerente de la región sanitaria del Camp de Tarragona de CatSalut, organismo que tampoco ha hecho nada para contener el fraude. Más de una década tardó la Generalitat en ofrecer al Síndic los datos solicitados.

“Hemos reiterado al Departamento de Sanidad” la información para preservar el derecho de los usuarios a libre elección de ortopedia “a la vez que hemos solicitado otro informe al respecto”, explicó por carta a Molina el entonces síndic, Anton Cañellas, en julio de 1997. “Le hacemos saber que dada la falta de respuesta del Departamento de Sanidad y Seguridad Social hemos reiterado la petición del informe solicitado”, volvió a suscribir Cañellas en septiembre de 2002. Aún el 15 de febrero del 2011, desde el Síndic de Greuges informaron por carta a Molina que un año antes habían pedido un informe y documentación a CatSalut, en balde.

La Oficina Antifraude también tiene sobre la mesa una denuncia por dirigismo en los hospitales de Tarragona, presentada el 21 de diciembre del año pasado. Antifraude afirma que no puede informar del estado de las pesquisas.

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