El exinterventor sugiere que Griñán tuvo datos suficientes para actuar en los ERE

El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez acusa a los tres consejeros de la Junta que recibieron sus informes y las auditorías sobre el fraude de los ERE de no actuar tras conocer las irregularidades. “¿Quién no estaría de acuerdo en que habría sido oportuno (oportuno, que no legalmente preceptivo) que el consejero de Hacienda [el ahora presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán] hubiera adoptado medidas para corregir algunas de las importantes deficiencias puestas de manifiesto en las auditorías?”, se pregunta el que fuera interventor general entre 2000 y 2010 en un escrito enviado a la comisión de investigación parlamentaria.

Gómez defiende en el citado texto que su departamento no emitiera un informe de actuación sobre el asunto al tiempo que critica que este hecho se esgrima para “justificar la inactividad de los órganos responsables de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto”. La Intervención General, afirma, emitió duros informes contra el fondo para empresas en crisis que censuraban el procedimiento, pero estas quejas fueron ignoradas y el Gobierno continuó aprobando el fondo año tras año entre 2001 y 2010.

Gómez contesta así a los consejeros que ante la comisión de investigación de los ERE acusaron a la Intervención de no haber alertado a tiempo y de manera conveniente del fraude. Y lo ha hecho con un contundente documento de 65 páginas que ha remitido a los diputados de la comisión antes de que esta presente sus conclusiones, a finales de mes. Cuando la Intervención emitió el informe más duro en 2005, este fue remitido al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y al ex consejero de Economía y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Los tres altos cargos censuraron a la Intervención por no haber alertado del menoscabo de fondos públicos, aunque con mayor o menor vehemencia.

“Ante deficiencias tan graves como las irregularidades de procedimiento y los déficits presupuestarios que pusieron de manifiesto las auditorías, nadie que las haya recibido puede argüir responsablemente que no le conciernen, ni abstenerse de intervenir. No obstante, las advertencias de las auditorías nofueron tenidas en cuenta por ninguno de sus destinatarios y no se llevó a cabo ninguna actuación tendente a corregir las irregularidades”, replica en el texto Gómez.

A continuación, el ex interventor general aclara: “Los informes fueron remitidos hasta a tres miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a la entidad IFA/IDEA, en cuyo Consejo Rector toman asiento altos representantes de varias consejerías”. Tras surtir efecto su escrito dirigido a la Cámara de Cuentas, que en su informe de fiscalización definitivo sobre los ERE salvaba el papel de la Intervención, ahora Gómez se ha dirigido a la comisión para intentar convencer a los diputados de que su equipo nunca pudo haber alertado del menoscabo de fondos públicos.

Durante la intervención que cerró la comisión el pasado septiembre, Griñán basó su defensa en un serio ataque a la Intervención: “Nunca, nunca, nunca los informes de la Intervención General advirtieron de menoscabo de fondos públicos” y “nunca me llegaron”. Griñán insistió en que el Ejecutivo careció de una alerta roja y por ello el fraude no se detectó ni se detuvo a tiempo.

Mientras, el diputado de IU José Antonio Castro declaró a Europa Press que su formación estaba sometiendo a este órgano a un “importante análisis crítico”, con relación a por qué la Intervención General “no fue más allá de las advertencias que realizó” a diferentes departamentos de la Junta. “Se ha querido justificar a la Intervención asegurando que no se detectó menoscabo de fondos públicos, pero no es eso lo que dice la ley”, advirtió Castro, quien quiso aclarar que la ley recoge que la Intervención General tiene que actuar “si ve peligro o indicio de menoscabo de fondos públicos. Y ahí no se intervino”.