El tribunal del ‘Prestige’ resta valor a pruebas clave para exculpar al Estado

El esperado macrojuicio por la catástrofe del 'Prestige' se reanudará como estaba previsto con el interrogatorio del principal acusado, el capitán griego Apostolos Mangouras, el mismo día que se cumplirá, el próximo 13 de noviembre, diez años de la ruptura de un tanque del viejo petrolero cargado con 77.000 toneladas de fuel frente a la Costa da Morte. Aunque hay novedades relevantes para la celebración de una vista que se prolongará siete meses: los tres magistrados de la Audiencia de A Coruña encargados de juzgar esta causa, la mayor instruida en España por un delito medioambiental, han decidido reducir al mínimo el valor de dos pruebas claves, una para la exculpación del Estado español y otra para cargar las culpas en el anciano capitán del buque.

En el auto emitido sobre las cuestiones preliminares planteadas por los 55 abogados de las acusaciones y defensores de los tres hombres sentados en el banquillo, el tribunal rechazó admitir la nulidad de pruebas claves. Pero resta valor a dos de las principales. Una de ellas es el informe del perito judicial Santiago Martín Criado (ya fallecido) que, al avalar la decisión del Estado de alejar mar adentro y en pleno temporal el petrolero vertiendo miles de toneladas de fuel, llevó a la juez instructora a exculpar al único político imputado, el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors. España es a la vez en este juicio demandante y posible responsable civil del desastre.

La parcialidad de Martín Criado fue cuestionada duramente y “con sólidos argumentos”, según el tribunal, porque ese mismo técnico participó en reuniones del gabinete de crisis del entonces Gobierno de Aznar que adoptaron decisiones relevantes sobre el rumbo errático del 'Prestige'. La propia Audiencia coruñesa ya había aceptado volver a imputar a López-Sors y sentarlo en el banquillo de los acusados. Y ahora el tribunal estima que ese informe, si bien no lo anula, “queda reducido a efectos probatorios a un documento de relevancia muy reducida”. “No puede considerarse un peritaje formal, ni una prueba pericial”, añade la sala, sino “el parecer de un técnico” que podrá ser sustituido o aceptado durante el juicio por otros colegas de profesión.

De igual modo, “queda muy reducido el valor probatorio” de la abundante documentación que funcionarios de Fomento recogieron apresuradamente a bordo del petrolero, tras la detención de su capitán y cuando estaba en riesgo de zozobrar. Entre los papeles del camarote de Mangouras, hay un fax muy comprometido para él ya que es de su predecesor al mando del 'Prestige' que le informa del estado deplorable del barco tres meses antes de la tragedia. El tribunal no anula esas pruebas pero recrimina con severidad al Estado por haber tardado meses en entregarlas al juez de Corcubión que investigaba la catástrofe.

El abultado informe de la Fiscalía que cuantifica en 4.442 millones la reclamación de daños por la catástrofe fue aceptado. Y también “el clamor” de todos los participantes en el juicio por los 455 euros por diez meses de trabajo que la Xunta pretendía pagar al abogado de oficio de otro de los acusados, el jefe de máquinas Nikolaos Argyropolous. El tribunal advierte que de no atender la protesta del letrado, anulará el proceso en lo que afecta al marino griego. La Xunta informó a la sala que ya “está tramitando una retribución digna”.