El impuesto sobre la riqueza abre otra brecha política y fiscal

Cada vez con mayor claridad, Euskadi se ha fraccionado en dos bloques fiscales. A un lado se sitúan el PNV y el PP, a través de las Diputaciones que gobiernan; al otro, Bildu, con la palanca de Gipuzkoa, y los socialistas, aún en el Ejecutivo, pero con cuatro años por delante para buscar acuerdos en esa materia con la izquierda abertzale en el Parlamento.

Las diferencias se arrastran desde la llegada de Bildu al poder foral el año pasado, pero han reverdecido en menos de dos semanas con tres estaciones: el 21-O, la reunión del Consejo Vasco de Finanzas dos días después, y el acuerdo sellado anteayer en las Juntas guipuzcoanas entre el PSE y la coalición soberanista para promulgar en 2013 una nueva tasa para ricos (formalmente Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas) que sustituya al actual de patrimonio.

Bizkaia y Álava, PNV y PP, salieron ayer al paso frontalmente contra la nueva tasa. Y sumaron en sus críticas tanto razones fiscales como procedimentales y políticas. El más claro en este último terreno fue el disputado general alavés, Javier de Andrés, quien prevé “muchos acuerdos” a partir de ahora entre las dos formaciones de izquierda. Y vinculó ese futuro a la próxima negociación presupuestaria en Gipuzkoa.

Mendia considera una simple “coincidencia” los acuerdos fiscales que han alcanzado PSE y Bildu

Tanto De Andrés tras la reunión semanal de su Ejecutivo como su homólogo vizcaíno, José Luis Bilbao, en una entrevista radiofónica, criticaron que Gipuzkoa ha tomado su decisión al margen del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), donde Diputaciones y Ejecutivo debaten en materia fiscal. Bilbao y su portavoz foral, Juan María Aburto, desdeñaron en cierta forma la nueva tasa que para el primero es “básicamente lo mismo” que el Impuesto de Patrimonio que Bizkaia revisará y aplicará “sin alharacas” y para el segundo no tendrá un impacto considerable.

Los cálculos guipuzcoanos son que el próximo ejercicio recaudará con la nueva figura impositiva 44,6 millones, un 24,4% más (8,8 millones) que lo obtenido este año con la actual tasa de Patrimonio. Tras el reparto que establece la ley de Aportaciones, Gipuzkoa ganaría para su gestión propia con la nueva tasa solo 1,6 millones. Esta Diputación presupuestó para 2012 recaudar 3.800 millones en impuestos concertados,

De nuevo más duro, De Andrés en sus calificativos: “Confiscatorio”, “ilegal” y “un gran error que perjudica mucho al tejido industrial”. Álava prorrogará su actual Impuesto de Patrimonio, cuya normativa vence con el año.

En defensa del impuesto salió uno de sus promotores, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, argumentando que los que “se han enriquecido trayendo a esta crisis a la sociedad son los que tienen que aportar más”.

Y para rematar los pronunciamientos, la portavoz del Gobierno en funciones, Idoia Mendia: el acuerdo guipuzcoano es “puntual”, fruto de la “coincidencia” y no implica un pacto más amplio con Bildu.